Bogotá, julio 17-2013. – Existe una relación clara entre el proceso de paz que se lleva a cabo en La Habana (Cuba) y los paros agrarios y mineros que se han anunciado o ya tienen bloqueadas vías en el país. Así lo cree el presidente Juan Manuel Santos, quien ayer, durante el acto conmemorativo del Bicentenario de Cundinamarca, tomó la vocería que antes había delegado en sus ministros para decir que «la guerrilla» está sentada en una mesa de diálogo y “aquí está azuzando e infiltrando la protesta social”.
 

El mandatario señaló sin titubear que no le temblará la mano para actuar con firmeza, porque según él existe un derecho ciudadano a la protesta, pero cuando éste empieza a afectar a los otros, “es ahí cuando el Estado tiene que actuar”. Concretamente el jefe de Estado se refirió a las manifestaciones campesinas del Catatumbo, que hoy cumplieron 37 días.

Afirmó que el Ejecutivo ha sido “muy tolerante y generoso”, y le ha extendido la mano en todas las formas

También reconoció que el Estado se equivocó en la política de fumigaciones de los cultivos de coca, “al no tener alternativa viable para esos campesinos que quieren, de todas formas, tener un ingreso”. Y que ofreció subsidios, pero que “a todo los voceros campesinos dijeron que no”, porque lo único que quieren es una zona de reserva campesina. Santos reconoció la legalidad de esta figura, pero aseguró que “nunca” va a permitir que le “impongan las zonas de reserva campesina a la fuerza”.

Otro de los puntos del discurso de Santos, que despertó fuertes críticas, fue cuando señaló que el Gobierno está discutiendo si se prolonga el mandato de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el país. De acuerdo con el mandatario, “Colombia ha avanzado lo suficiente para decir que no necesitamos más oficinas de derechos humanos de las Naciones Unidas”. La declaración coincide con la visita de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navy Pillay, quien tiene agendada una cita con el jefe de Estado este jueves.

Para el representante a la Cámara Iván Cepeda, cerrarle la puerta a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia es la peor idea que se le ha podido ocurrir a Santos. “Colombia vive en conflicto armado y atraviesa un estado crónico de violación de derechos humanos. Las condiciones que provocaron la presencia de la oficina de derechos humanos de Naciones Unidas no han cambiado. La ampliación de fuero militar nos hace temer que se multipliquen las violaciones a los derechos humanos”, señaló.

Para Cepeda, el eventual retiro de esa oficina podría exponer a Colombia a que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas nombre a un relator especial, situación que sólo sucede cuando un país vive una grave crisis en la materia y se niega a la observación internacional.