TeleSUR
24 julio 2013 – El conflicto armado en Colombia ha dejado un saldo de 220 mil asesinatos documentados, de los cuales 177 mil 307 fueron perpetrados contra la población civil y otras 40 mil 787 víctimas mortales se cuentan entre las partes combatientes, según informó este miércoles el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) sobre este flagelo.
Al respecto, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, afirmó que es necesario que el propio Estado reconozca su responsabilidad en esta grave crisis social. «Debemos reconocer que tocamos fondo y que la guerra nos deshumanizó», sostuvo Santos.
El documento, que recoge en 430 páginas las cifras y dinámicas de la confrontación armada y sus víctimas entre 1958 y 2012, supone para el mandatario solo un primer paso, porque «el conflicto aún no ha terminado y es con el fin del conflicto que llegará la hora de la verdad».
Santos recibió el informe de manos del director del CNMH, Gonzalo Sánchez, y a su vez lo entregó a dos de las numerosas víctimas de la violencia en un acto celebrado en el Patio de Armas de la sede del Ejecutivo, la Casa de Nariño, como lo establecía la Ley 975 de 2005 (de Justicia y Paz) que ordenó la elaboración del documento.
De acuerdo al documento, en Colombia continúan desaparecidas más de 25 mil personas desde 1985, mientras que entre 1970 y 2010, un total de 27 mil 23 colombianos han sufrido el drama del secuestro.
Asimismo, el desplazamiento forzado ha sido un flagelo para cinco millones 712 mil 506 personas entre 1985 y 2012, aunque este delito se ha cometido con más frecuencia en los últimos 16 años, puesto que en este periodo se registraron cuatro millones 74 mil 46 casos.
La violencia sexual en el marco del conflicto entre 1985 y 2012 ha dejado mil 754 víctimas, mientras que las explosiones de minas antipersonales han afectado a 10 mil 189 personas.
«Este trabajo es un paso claro hacia el esclarecimiento de la verdad, un aporte a los derechos de las víctimas y a la construcción de la memoria colectiva», agregó Santos, que reconoció las dificultades que presentará para el país afrontar algunas realidades de su historia reciente.
El jefe de Estado reafirmó su compromiso con la paz a través de sus políticas sociales y del diálogo que delegados de su Gobierno sostienen en La Habana con negociadores de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) desde hace ocho meses.
De igual manera, anunció su disposición a acatar las recomendaciones que los responsables del informe le hicieron al Estado, como el fortalecimiento de las instituciones, la lucha contra la impunidad, apoyada no sólo en el derecho penal, y a hacer examen de conciencia dentro de su actuación en el conflicto.
«Hay un tema que supone otra de esas verdades incómodas a las que también se les está haciendo frente», expresó el mandatario al referirse a los «casos de connivencia de los organismos del Estado con grupos armados ilegales y la omisión de la Fuerza Pública en algunas etapas del conflicto armado interno».
«El Estado debe investigar y sancionar estas conductas para cumplir con los derechos a la verdad y la justicia de las víctimas», exhortó.
Santos también señaló que «debemos concentrarnos en reconocer a las víctimas y en satisfacer sus derechos a través de una estrategia integral de justicia transicional que permita al mismo tiempo el logro de la transición hacia a la paz».