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31 de julio de 2013.- Campesinos paraguayos entraron este martes a la hacienda Marina Cué, en Curuguaty, donde ocurrió en junio del año pasado la llamada masacre que derivó en el golpe institucional contra Fernando Lugo, en reclamo de la liberación de sus pares detenidos por aquellas muertes.
Corresponsales de la prensa local situados en el lugar dijeron que se trata del contingente que ocupaba carreteras cercanas con las mismas demandas, que incluye a familiares de víctimas de aquel desalojo durante el que murieron 11 campesinos y seis policías.
El fiscal José Zarza ordenó inmediatamente a la policía trate de persuadir a los nuevos ocupantes para abandonar el lugar, pero les exigió que si oponen resistencia detengan a las familias sin tierra protagonistas de la protesta.
El Fiscal General del Estado, Javier Díaz, apuntó que estudian la situación presentada, pero actuarán de acuerdo a la ley, mientras el ministro del Interior, Carmelo Caballero, afirmó que espera un informe completo para emitir órdenes al respecto, consignaron las agencias EFE y Prensa Latina.
Las 2.500 hectáreas donde se registran los hechos, pequeña parte de un extenso latifundio de la familia de Blas Riquelme, un ex senador del Partido Colorado, ya fallecido, están en medio de una disputa por su titularidad con el Estado.
Sin embargo, Caballero planteó que, aunque las tierras sean del Estado, los campesinos no pueden ocuparlas, sino que deben esperar que el Estado se las asigne cuando las recupere.
Tierra y Libertad
El líder campesino Norberto Rolón explicó que el grupo no se irá del lugar hasta que tenga una respuesta del Gobierno, que debía recuperar las tierras y distribuirlas entre las familias de labriegos.
Además, los labriegos exigen a la jueza Rosa Ríos, a cargo de la quinta sesión de la audiencia preliminar que se celebra justamente hoy, que disponga la inmediata liberación de sus compañeros y familiares presos sin juicio desde hace más de un año por los hechos de junio del 2012.
La audiencia de este martes es clave y la defensa de los campesinos ya pidió la nulidad del proceso por 11 irregularidades en las que habría incurrido la Fiscalía durante la etapa preparatoria de la investigación a lo que respondió negativamente el fiscal Rachid.
Otro grupo de miembros de organizaciones sociales y de solidaridad continúan en las afueras del Tribunal Supremo, sede de la audiencia, en reclamo de la libertad de los presos.