La semana pasada, Monsanto les comunicó a sus accionistas los asombrosos beneficios obtenidos en 2012. Al mismo tiempo, agricultores norteamericanos hacían juicio en Washington para desafiar el derecho de los gigantes de la biotecnología a que demandaran a los agricultores cuyos sembrados habían sido contaminados por las semillas de Monsanto. El 10 de enero comenzaron las presentaciones orales ante la Corte de Apelaciones de EE.UU., para decidir si se invertía el rechazo a la causa, de febrero pasado.
Las ganancias de Monsanto duplicaron, casi, las proyecciones de los analistas, y el total de sus ingresos alcanzó los $ 2.94 billones a fines de 2012. El aumento de precio del herbicida Roundup siguió dominando el mercado de Estados Unidos y, quizá, lo más significativo es que los mercados de América Latina constituyen factores que contribuyen al floreciente negocio de Monsanto.
Al explotar su maíz, soja y algodón transgénicos patentados, Monsanto asegura un odioso control sobre las industrias agrícolas de EE.UU., y exprime con eficacia a los agricultores convencionales, o sea, los que usan semillas no transgénicas. Así elimina las posibilidades de ellos de participar en el mercado y ser competitivos. (Hasta fines de 2013, el Departamento de Justicia investigaba a Monsanto por violar las leyes anti-trust con sus actividades en contra de la competencia hacia otras compañías biotecnológicas, pero esa investigación fue discretamente cerrada antes de fin de año.)
Hay un proceso legal en curso, aparentemente modesto: Osgata et al v Monsanto, que había sido iniciado en marzo de 2011, y consiste en conseguir protección legal para los agricultores de cultivos orgánicos convencionales, contra el agresivo procesamiento que aplica Monsanto a la violación de sus patentes. Pero las consecuencias de este juicio son trascendentales. Si la Corte de Apelaciones del DC (capital) invierte el rechazo, se iniciará un proceso de descubrimiento que podría revelar la reserva de información que Monsanto ha venido ocultando al conocimiento público, tanto por esconderlo como por impedir la investigación independiente.
Monsanto abusa de las patentes
Entre 1997 y 2010, Monsanto inició 144 juicios contra familias de agricultores, y solucionó 700 casos fuera de la Corte. Más aun: grupos relacionados con la alimentación calculan que Monsanto investiga a cientos de agricultores en busca de posibles culpables de infracción a las patentes.
Las víctimas de los depredadores juicios de Monsanto son los agricultores que usaron semillas de la gran empresa sin hacer caso de la patente, y también los que jamás tuvieron la menor intención de sembrar plantas transgénicas. Osgata et al v. Monsanto se ocupa de este segundo grupo y representa a 31 granjas y agricultores, a 13 empresas de venta de semillas, a 31 organizaciones agrícolas que representan a más de 300.000 individuos y a 4.500 granjas y agricultores.
Los demandantes exigieron una declaración legal que asegure que Monsanto no tenía derecho a demandarlos por infracción a la patente.
Jim Gerritson, presidente de OSAGA (Organic Seed Growers and Trade Association: Cultivadores de Semillas Orgánicas y Asociación Comercial), y precursor de la demanda, me explicó que los agricultores de semillas orgánicas y no transgénicas son «… un ejemplo clásico de por qué el Congreso aprobó la Ley de Juicio Declaratorio: si hay un grupo que teme sufrir la prepotencia de una gran compañía, puede pedir protección contra reclamos e infracciones a patentes».
Crisis del maíz: gusanos provocan serios daños a la cosecha
Sin embargo, las cortes federales siempre han protegido los derechos de Monsanto a sus beneficios a través de un sistema de patentes que obstaculiza cada vez más la libertad individual y de mercado al permitir que Monsanto abuse de sus derechos de patente. Osgata está representada por el abogado Dan Ravicher y por la Fundación Pública de Patentes, una organización que se dedica a crear un sistema justo de patentes, que procura un equilibrio entre la libertad individual y la emisión ética de patentes.
Monsanto se ha creado una reputación convenientemente intimidatoria, como implacable fiscal de los agricultores no transgénicos cuyos campos han sido contaminados por el maíz genéticamente que sembraron sus vecinos, ya sea a través de la polinización cruzada o por la mezcla accidental de semillas durante la cosecha.
A raíz de estos ejemplos aterradores, los agricultores ha asumido la responsabilidad de impedir la contaminación, estableciendo límites a las pruebas genéticas y, en algunos casos, directamente absteniéndose de sembrar.
Efecto monopólico
Osgata muestra en detalle cuántos agricultores convencionales han desistido de sembrar determinados cultivos, con la intención de resaltar la monopolización que es consecuencia de la agresiva persecución de Monsanto a los casos de infracción de patente. Se ha estimado que hay un 88% de maíz y un 93% de soja modificados genéticamente, la mayoría, a manos de Monsanto. Bryce Stephens, agricultor de cultivos orgánicos del Noroeste de Kansas, es uno de esos agricultores que ha decidido dejar de cultivar maíz y soja, a consecuencia de la inevitable contaminación que ocurriría.
«Mi temor a la contaminación por medio de maíz y soja transgénicos y el consecuente riesgo de ser acusado de violar la patente me impiden cultivar maíz y soja en mi campo. No existe otro motivo por el cual no siembro esas plantas, aunque me gustaría mucho hacerlo.»
Gerritson me lo explicó así: «Los agricultores han sufrido pérdidas económicas. Ya no cultivan maíz y soja porque están seguros de que sus cultivos van a ser contaminados. No pueden arriesgar sus campos y sus familias ante la posibilidad de ser procesados por infracción a la patente».
Monsanto sabe que los consumidores no comprarían sus productos por su propia voluntad, lección que aprendieron en Europa cuando se exigió que los alimentos transgénicos llevaran esa precisión en sus etiquetas. En Norteamérica, la compañía y sus aliados han gastado millones en impedir las iniciativas locales de etiquetamiento como, por ejemplo, hace poco, en California. Pero si bien la compañía logra dejar fuera a los agricultores convencionales, los norteamericanos no tienen alternativa… con o sin etiqueta.
A pesar de la creación de este peligroso monopolio, en febrero de 2012, la jueza Naomi Reice Buchwald aprobó la solicitud de Monsanto y rechazó el procesamiento inicial, calificando a las preocupaciones de los agricultores como «exageradas», e instándolos a confiar en las promesas de Monsanto (que no eran legalmente vinculantes) de no ejercer sus derechos de patentes hacia la contaminación involuntaria de rastros transgénicos en las plantas; declaró que los agricultores habían inventado una controversia que no existía, en realidad.
Si el caso iniciado por los agricultores logra seguir adelante, lo mínimo que va a ocurrir es de fundamental importancia: que, a través del proceso de descubrimiento, el público tendrá acceso a un hallazgo de información que la gran empresa había logrado mantener oculta. Ravicher está convencido de que, entonces, podrá determinarse que los productos traficados por Monsanto no son sanos y, en consecuencia, no son buenos para la sociedad. Citó un caso de hace 150 años, y nos lo recuerda: «… una invención para envenenar al pueblo no es patentable».
Es evidente que está creciendo el movimiento para derrotar a Monsanto. Gane o pierda esta vuelta, el pueblo no va a desistir en su lucha por derribar a este monstruo.
Charlotte Silver es una periodista radicada en San Francisco y West Bank. Obtuvo su título en la Universidad de Stanford.
Traducido del inglés por Ana Silvia Mazía