Agencia ANDES
Quito, mayo 13 – Las empresas transnacionales –sobre todo de minas y petroleras– hacen un verdadero festín y redondean sus negocios siguiendo juicios al Estado, demandándolos por millonarias cifras.
Así lo denuncia el informe “Extrayendo ganancias en tribunales internacionales”, realizado por los investigadores Sarah Anderson y Manuel Pérez Rocha del Intitute for Policy Studies, con sede en EE.UU.
El informe explica que acudir a tribunales es un negocio redondo porque las empresas sacan el dinero que ni siquiera llegaron a invertir en el país donde iban a trabajar. Hasta marzo del 2013, había 169 casos inversionista-Estado en el tribunal más frecuentemente utilizado, el Centro Internacional de Arreglos de Disputas relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial. De estos 60 casos, el 35.7% se relacionan a disputas de petróleo, minería o gas.
En contraste, en 2000 había tan solo tres casos pendientes en el CIADI relacionados con disputas por petróleo, minería o gas. Tan solo en 2012, se registraron 48 nuevos casos en el CIADI. 17 de estos se relacionan con industrias extractivas y todos en contra de países en desarrollo.
Ecuador firmó 26 Tratados Bilaterales de Inversiones (TBI) y está en proceso de denunciar 23 de estos, considerados actualmente como instrumentos que no exigen responsabilidad a las empresas y que han sido el mecanismo para que empresas demanden al país ante tribunales internacionales orientados hacia sus propios intereses.
Los países de Latinoamérica y el Caribe conforman aproximadamente el 14% de los 158 miembros del CIADI, y sin embargo son el blanco de 79 (46.7%) de los 169 casos pendientes en ese tribunal hasta marzo de 2013 y de 31 (es decir, el 51%) de los 60 casos pendientes relacionados a industrias extractivas.
En el pasado, en cambio, solo 23% de los casos ya concluidos en el CIADI pertenecían a las industrias extractivas y de estos solo 34% en contra de países latinoamericanos.
El informe agrega que en octubre de 2012, el gobierno de Ecuador fue obligado a pagar 1.700 millones de dólares más intereses a la compañía estadounidense Occidental Petroleum Corporation (Oxy) por haber cancelado su contrato de operación en 2006, en lo que ha sido el fallo arbitral más costoso hasta la fecha.
En marzo de 2010, Ecuador perdió otro caso relacionado con el petróleo, esta vez frente a la también estadounidense Chevron por aproximadamente 700 millones de dólares. La combinación de estos dos fallos equivalen a más del 3.3% del PIB de Ecuador.
De modo que en esos tribunales internacionales, las empresas logran las ganancias que según ellos esperaban obtener con la operación que les fue suspendida.
Pero esta práctica de estafa a los Estados no es una novedad entre los analistas. Cecilia Olivet, experta en tratados bilaterales de inversión, presentó en días pasados una panorámica sobre estos instrumentos que se impusieron en la década de los 90 y delató que en la actualidad la cantidad de demandas de parte de empresas a estados se ha incrementado de manera significativa.
De su investigación se deriva que en 1989 había 385 tratados de inversión firmados en el mundo; hacia el 2011, se habían incrementado hasta 2.833.
Según la investigación de Olivet, se conocen 518 casos basados en Tratados de Inversión. El 2012 fue el año record de estas demandas, con 62 registros. Suramérica es la región más afectada por esta inequidad: Argentina tiene 52 juicios, Venezuela 34 y Ecuador 30 demandas en su contra. Hasta el 2005, Ecuador tenía apenas 5 demandas.
Los costos de estos juicios son exageradamente altos. En promedio, se ha depositado 8 millones de dólares como costo de cada caso, pero hay algunos que han costado hasta 30 millones de dólares.
Algunos abogados cobran hasta 1.000 dólares la hora y los árbitros reciben honorarios de 3.000 dólares por día. Según la Contraloría del Estado, Ecuador ha pagado en defensa un mínimo de 94 millones de dólares.
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