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28 de mayo de 2013.- quedó promulgada ayer la ley de reforma del Consejo de la Magistratura que formaliza la convocatoria a la elección populares de consejeros para el día 27 de octubre de 2013.
La ley de reforma del Consejo de la Magistratura, el organismo que elige y promueve la sanción o acusación contra jueces, quedó promulgada ayer. La nueva norma prevé la ampliación del número actual de 13 consejeros a 19 e incluye la elección a través del voto popular de 12 de ellos. Hasta ahora los elegían las propias corporaciones. Pero el Poder Ejecutivo dispuso que la votación de consejeros jueces, abogados y académicos o científicos se realice este año junto con las legislativas, el 27 de octubre, después de que sean elegidos los candidatos en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), el 11 de agosto.
La mayoría de las presentaciones judiciales cuestiona, con distintas fórmulas: el mecanismo para que a los consejeros de la Magistratura los elijan los ciudadanos de a pie; la nueva integración del cuerpo, que aumenta el número de científicos y académicos de uno a seis, además de añadir un consejero abogado; la sustitución de la mayoría agravada (dos tercios) hasta ahora requerida para elegir jueces o mandarlos a juicio político por una mayoría de la mitad más uno de los presentes; el requisito de que para que una lista de candidatos a consejeros pueda adherir a la de legisladores nacionales, tiene que tener la misma denominación en al menos 18 de los 24 distritos.
Según el titular de la Asociación de Magistrados (Amfjn), Luis Cabral, la reforma es una “vía de politización partidaria” del Consejo, que “afecta el equilibrio” del cuerpo que prevé la Constitución Nacional y otorgará “predominio a una mayoría electoral circunstancial”. “Los que somos jueces no tenemos ninguna pretensión de gobernar. Pero tenemos una obligación de constitucionalidad sobre los actos de otros poderes del Estado”, señaló el juez, como quien advierte a sus colegas qué deberían hacer con los amparos. También dijo que en caso de que la jueza electoral les rechace la presentación, es factible que recurran a la Corte Suprema con un “per saltum”.
La Amfjn abrió expedientes por dos vías. La entidad, como tal, se presentó en el juzgado de Servini de Cubría pidiendo que suspenda la aplicación de la ley del Consejo hasta que se resuelva el debate de fondo. Lo hizo con representación de abogados de dos orígenes políticos distintos: Alberto García Lema, del peronismo, y Enrique Paixao, de la UCR. Por otro carril, un grupo de camaristas de la Asociación (Lidia Soto, Mario Filozof, Diego Barroetaveña, Gustavo Valle, Fernando Ramírez y Héctor Guisado) pidieron, en su carácter de jueces, una acción declarativa de inconstitucionalidad en el fuero contencioso administrativo.
En el fuero electoral se presentaron también dos listas del Colegio Público de Abogados de Capital Federal, entre ellas la de su titular, Jorge Rizzo; el radicalismo; el Frente Amplio Progresista (FAP) –el socialista Hermes Binner, Margarita Stolbizer (GEN), Víctor De Gennaro (Unidad Popular), Humberto Tumini (Libres del Sur) y Luis Juez (Frente Cívico)–; los diputados Elisa Carrió (Coalición Cívica) y Pino Solanas (Proyecto Sur); la diputada Patricia Bullrich (Unión Por Todos); el diputado nacional Alberto Asseff (Frente Peronista) y el partido El Movimiento. Al fuero Contencioso Administrativo recurrieron también el Colegio de Rizzo, la Federación de Colegios de Abogados (FACA), la agrupación Será Justicia y abogados particulares. Los jueces que intervendrán en distintos casos son María Alejandra Biotti, Esteban Furnari, Enrique Lavié Pico, Pablo Cayssials y Liliana Heiland.
Según las objeciones que plantea la mayoría, la Constitución habla de que los consejeros son “representantes” de sus estamentos, por lo tanto los jueces deberían elegir a los jueces, los abogados a los abogados y los académicos a los académicos. Alegan, a su vez, que las mayorías requeridas para aprobar concursos y sanciones afectan la “independencia externa” del Poder Judicial y el estado constitucional de Derecho. Sostienen que al modificar el número de consejeros y las mayorías se afecta el equilibrio porque el oficialismo concentra cuanto menos poder de veto.
“Somos un poder del Estado, no una corporación”, dijo ayer Cabral, apelando a una frase casi idéntica a la que usó el año pasado el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, después de la primera solicitada, con la que entró en escena “Justicia legítima”.
Según el cronograma establecido por el Gobierno, el 12 de junio vence el plazo para presentar alianzas electorales y el 22 es el límite para la presentación formal de candidaturas. Mientras que Cabral y algunos de sus colegas sostienen que pretenden ser “elegidos” por sus “pares” como consejeros y que no van a aceptar otros términos, el radicalismo anunció la posibilidad de armado de una alianza entre todos los partidos de oposición para postular consejeros en caso de no obtener ninguna medida judicial a su favor (ver aparte). De todos modos, en ese caso, habrá que ver cómo hacen para presentar una lista adjuntada a la de legisladores mientras esté vigente la exigencia de tener igual nombre en la mayoría de las provincias. Como sea, todo el mundo, por lo bajo, ya está barajando nombres.