Alega ser privada de su derecho constitucional a la legítima defensa
Agencias
8 de abril de 2013.- Después de 21 días del fallo que emitió la sala Segunda de la Cámara en lo Laboral de Córdoba, ordenando a la empresa Monsanto detener las obras en el predio de la localidad de Malvinas Argentinas, la firma transnacional informó el fin de semana pasado que fue finalmente notificada y anticipó que apelará la resolución ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Provincia.
Mientras la multinacional destacó que «es respetuosa de las medidas impartidas por la Justicia y las autoridades competentes», remarcó que fue notificada «por la Municipalidad de Malvinas Argentinas de la decisión judicial emitida por la Cámara de Apelaciones Laboral en relación a la medida cautelar de suspensión de obra» donde planea construir una planta de acondicionamiento de semillas de maíz transgénico.
Monsanto entiende que, si bien el proceso judicial no ha finalizado, ha sido privada de su derecho constitucional a la legítima defensa por parte del Tribunal Laboral de Primera Instancia, así como por la Cámara de Apelaciones en lo Laboral dado que, «en ambos casos, inexplicablemente nos han denegado la posibilidad de participar del proceso judicial a pesar de ser los directos damnificados ante una eventual demora en la construcción de la planta», se quejó la firma mediante un comunicado.
Monsanto es acusada por especialistas de todo el mundo de hacer lobby al gobierno argentino para desarrollar un fabuloso negocio con nuevas semillas transgénicas protegidas por patentes, desarrolladas en este país, pero luego vendidas a la casa matriz en Estados Unidos.