No es un secreto para nadie que el gobierno estadounidense siempre ha estado en contra de cualquier gobierno que procure bienestar a su pueblo, subvencionando grupos de saboteo e inmiscuyéndose directamente en las políticas de ese país, incluso imponiendo dictaduras de extrema derecha. No olvidemos la nefasta operación Cóndor, creada y coordinada por la CIA, que en los años 70 y 80, tumbó gobiernos progresistas y montó regímenes fascistas que asesinaron y persiguieron a millones de revolucionarios en toda América Latina.
Por ello, desde que el presidente Chávez llegó al poder, ha lanzado una campaña de desprestigio contra la Revolución Bolivariana para justificar una intervención y un “cambio” de gobierno. No olvidemos que el golpe de Estado de 2002 fue planeado y realizado con la ayuda del gobierno de Estados Unidos, al igual que el paro petrolero, y demás intentos para desestabilizar nuestro país.
Muchas veces, el Comandante Chávez denunció esta injerencia y llegó a expulsar a embajadores gringos por ser promotores del golpismo en el país. No en vano, el escritor uruguayo Eduardo Galeano ha dicho, irónicamente, que “los Estados Unidos son el único país donde no hay golpes de Estado, porque allí no hay Embajada de los Estados Unidos”.
Hace tiempo ya que miles de organizaciones no gubernamentales norteamericanas, como el Centro de Información sobre la Pena de Muerte y la American Bar Association, junto a abogados prestigiosos, han prestado exclusiva atención a las violaciones de los derechos humanos en Estados Unidos. Todas estas investigaciones y estudios han llegado a la conclusión de que EE.UU. es el «mayor violador» de los derechos humanos en el mundo.
El elemental derecho a la vida, columna de todos los demás, es ampliamente violado por la aplicación de la pena de muerte, en la que además se han detectado numerosas irregularidades. En muchas ocasiones, se ha descubierto que las sentencias de penas de muerte se habían aplicado a personas inocentes, debido fundamentalmente a que los procesos judiciales tienen costos muy elevados y muchos de los acusados no pueden pagarse una buena defensa. Asimismo, la libertad y la integridad física de las personas, incluyendo la propia vida, no son respetadas por la policía en las cárceles. Las investigaciones realizadas muestran que la policía es brutalmente represiva, y el régimen carcelario, severo e inhumano.
Un monumento a la violación de derechos humanos lo representa la cárcel estadounidense de Guantánamo. En ella hay alrededor de 525 extranjeros a los que se le han aplicado medidas excepcionales. Permanecen en un limbo judicial, prácticamente en condiciones de secuestro, no tienen derecho a abogados ni a comunicarse con sus familiares y amigos, tampoco tienen estatus legal ni derecho a juicio. Viven años en jaulas como animales, en las que son frecuentemente torturados y vejados. Las fotos de soldados norteamericanos realizando prácticas abusivas contra presos de Guantánamo y las torturas en la cárcel de Abu Ghraib, Iraq, han dado la vuelta al mundo.
La tortura en Estados Unidos es frecuente. Un método de tortura de reiterado uso es el denominado «atar como un cerdo», que consiste en esposar manos y pies del detenido y atarlos a su espalda, para después arrojarlo al suelo como un balancín. Este tormento ha producido numerosas muertes por «asfixia posicional», pero continúa empleándose. Otro mecanismo asiduamente empleado por la policía son los «cinturones de electrochoque», que provocan grandes dolores y terror. Igualmente, debe mencionarse el uso del gas lacrimógeno que es utilizado por 3.000 departamentos de policía, y ha causado la muerte a más de 60 personas.
En este sentido, Estados Unidos tiene una de las poblaciones penales más alta –o la más alta– del mundo: 1 millón 500.000 reclusos, entre los cuales se incluyen 74.730 mujeres. Y si a esa cifra, se adicionan las medidas limitativas de la libertad, se alcanzan dimensiones astronómicas. Hasta julio del pasado año, 5 millones 500.000 personas sufrieron alguna de esas sanciones. Entre los que guardan prisión en cárceles cerradas con adultos, se cuentan 3.000 menores de edad, algo prohibido a nivel mundial.
En sus cárceles, se encuentran presos políticos, por motivos ideológicos, en condiciones de presos comunes, como el caso de los cinco presos cubanos, un afroamericano, un aborigen y cinco puertorriqueños.
Además, EE.UU. es el primer y único país que ha lanzado dos bombas atómicas contra civiles, en Japón, y emplea armamentos biológicos prohibidos por tratados internacionales. Este fue el caso de Vietnam, donde aplicó el agente Naranja, con más de 72 millones de litros sobre los bosques, destruyendo 14% de sus cubierta vegetal con desdichadas consecuencias para la población.
También empleó bombas racimo en Afganistán e Iraq, prohibidas a nivel mundial. De igual manera, ha apoyado las matanzas y máquinas de destrucción masiva contra el pueblo palestino, el pueblo libio y el pueblo sirio, recientemente. Estas guerras dirigidas por EE.UU. conforman una invasión imperialista, a la que han llamado falsamente “la primavera árabe”, que ha provocado cifras exorbitantes de víctimas civiles, además de la destrucción de estos países.
Es importante saber que Estados Unidos no ha ratificado convenciones internacionales sobre los derechos humanos como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de la Discriminación contra la Mujer; la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención sobre los Derechos del Niño.
Por lo tanto, la acusación a Venezuela de vulnerar derechos humanos se usa como un arma del gobierno de Estados Unidos, que pretende utilizar los derechos humanos para interferir en nuestros asuntos internos, y crear una matriz de opinión contraria al gobierno del presidente electo Nicolás Maduro en el mundo, que justifique los actos violentos realizados por grupos fascistas alentados por el ex candidato Capriles Radonski.
No obstante, el gobierno de EE. UU. no cuenta con la moral para reclamar algo que no cumple en su territorio. Estados Unidos debe examinar y rectificar sus políticas en materia de derechos humanos, y dejar de emplearlas como excusa para atacar a los países socialistas y revolucionarios.