En declaraciones a Prensa Latina, Carrillo le asignó una importante relevancia al documento del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el cual demandó una investigación independiente e inmediata sobre la muerte de campesinos y el proceso que sacó de su cargo al mandatario en 2012.
La ONU reconoció que la realizada oficialmente sobre Curuguaty fue una investigación superficial, insuficiente y muy parcializada a pesar de la muerte allí de 11 campesinos y seis policías, buscando siempre colocar un manto de sombra para ocultar la verdad, agregó.
El entrevistado consideró, además, que la ONU reafirmó las muchas sospechas de que el violento desalojo fue un crimen político con el cual se inició la conspiración y culminó con una parodia de juicio político donde no se respetaron los procedimientos básicos para la defensa.
El Frente Guasú ha estado reclamando ese punto y planteando que la democracia paraguaya sufrió un enorme golpe, una gran herida, con la expedita destitución del jefe de Estado constitucional y ahora estudiará algunas medidas a adoptar tras ese reconocimiento por ONU.
Un elemento importante es que todo esto sucede casi al final del proceso electoral en desarrollo con vistas a los comicios generales del 21 de abril y esa declaración de ONU afecta directamente a los candidatos presidenciales Horacio Cartes y Efraín Alegre de los partidos tradicionales.
Ellos fueron parte directa de la conspiración y protagonistas centrales del golpe contra la democracia que hoy no sólo está conceptuado así por Mercosur (Mercado Común del Sur), Unasur (Unión de Naciones Suramericanas) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, sino por las propias Naciones Unidas, planteó Carrillo.
Recordó que la ONU propone ahora una Comisión Independiente que investigue lo sucedido en Curuguaty y en el proceso de destitución presidencial y el actual presidente Federico Franco, tras apoderarse del cargo, disolvió una entidad similar conformada por Lugo.
Esto es un desenmascaramiento de Franco hecho por Naciones Unidas porque, además, existe una falta de confianza en instituciones oficiales paraguayas como el Poder Judicial y la Fiscalía, concluyó.