Bruselas reclama además al Gobierno que aplique de forma más estricta la ley de estabilidad presupuestaria a las comunidades autónomas que incumplen sus objetivos de déficit y que acelere la puesta en marcha de la oficina de control presupuestario.
En materia presupuestaria, la Comisión pide además «reforzar» la aplicación de la ley de estabilidad presupuestaria. «La aplicación de las disposiciones de la ley por lo que se refiere a los mecanismos correctivos y de alerta temprana podría hacerse más eficaz y transparente», sugiere. El informe critica que los planes del Gobierno español para poner en marcha una oficina presupuestaria independiente, exigida por la UE, todavía están en una fase preparatoria». «Deberán acelerarse considerablemente si se quiere que la oficina juegue un papel eficaz ya para el ejercicio presupuestario 2014», reclama Bruselas.
«El recurrente déficit en el sistema de seguridad social también debe controlarse», pide Bruselas. En 2012, este déficit ascendió al 1% del PIB, en lugar del equilibrio que había calculado el Gobierno. «Los planes para introducir un factor de sostenibilidad en el sistema de pensiones y para aumentar la edad efectiva de jubilación serían un paso importante en esta dirección, pero todavía deben adoptarse», dice la Comisión. El informe constata que la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy el año pasado «podría estar empezando a tener un impacto», como puede observarse en la moderación salarial y el aumento de los despidos procedentes. «La reforma tiene potencial para fortalecer el vínculo entre salarios, el ciclo económico y la posición de las empresas», señala la Comisión.
No obstante, Bruselas señala que «la dualidad en el mercado laboral persiste sin cambios» y dice que «la gravedad de la situación del mercado laboral exige una vigilancia y revisión continua del impacto de la reforma». Las autoridades españolas se han comprometido a realizar una revisión durante el primer trimestre del año y la Comisión les pide centrarse en «el impacto en la dinámica salarial, la segmentación del mercado laboral y la empleabilidad». Además, el Ejecutivo comunitario pide al Gobierno aumentar el gasto en formación, integración en el mercado laboral y reorientación profesional, modernizar los servicios públicos de empleo y mejorar la coordinación entre los nacionales y autonómicos.