Los territorios de la desposesión
Damian Lobos
Por trabajar nos matan, por vivir nos matan. No hay lugar para nosotros en el mundo del poder. Por luchar nos matarán, pero así nos haremos un mundo donde nos quepamos todos y todos nos vivamos sin muerte en la palabra. Nos quieren quitar la tierra para que ya no tenga suelo nuestro paso. (Cuarta declaración de la Selva Lacandona, 1ro de enero de 1996)
La primera década del siglo XXI ha sido de una complejidad singular para Sudamérica. Se podría dibujar (salvando enormes distancias) una línea imaginaria que concatena un fuerte proceso de movilización, resistencia y construcción contra-discursividad en oposición al neoliberalismo imperante en los 80 y 90, la posterior emergencia de gobiernos progresistas y/o clasistas con fuerte base popular, y el actual reflujo de la derecha golpista. La década también trajo consigo tasas de crecimiento de PBI inéditas para la región (sumadas a balanzas de pago positivas, apertura de canales de financiamiento y aumentos en los niveles de consumo), principalmente sostenidas por los buenos precios internacionales de los productos de exportación. La generalización de gobiernos progresistas implicó un nuevo rol del Estado, tanto en su matriz reguladora de los agentes económicos como en un rol redistribuidor por medio de políticas sociales. En lo que hace a la organización popular, Raúl Zibechi [1] advierte de un ciclo completo de flujo y reflujo de las luchas como principal consecuencia de la cooptación estatal de los movimientos sociales, no lográndose revertir -en la mayoría de los casos- de modo significativo la relación de fuerzas hacia una perspectiva emancipadora.
El llamado pensamiento crítico latinoamericano [2] ha intentado buscar los puntos nodales de esta constante transición, sus continuidades y perspectivas futuras. En este sentido, un importante grupo de analistas (la mayoría nucleados en la OSAL de CLACSO) han puesto el foco en la implantación de un modelo de inserción internacional basado en la primarización de la producción (commodities para la exportación), sostenido por los distintos estados y principalmente articulado en torno a grandes empresas multinacionales y fondos de inversión. Los debates sobre el modelo extractivo -o extractivo-exportador, o neo-extractivo, o economías del saqueo– han planteado un nuevo panorama de lectura política que pone énfasis en las relaciones entre las tendencias mundiales de circulación del capital, las formas de captación, inserción e impacto diferencial en los territorios, y las estrategias adoptados por los gobiernos progresistas en este sentido.
Este artículo se propone esbozar algunos aspectos sobre las distintas formas de territorialización del modelo extractivo sudamericano. En el apartado 1 se realiza una exposición sucinta de los presupuesto del modelo extractivo sudamericano como práctica estratégica de los estados latinoamericanos y de sus vínculos con el proceso de la mundialización. El apartado 2 se enfoca en dos modalidades de territorialización del modelo extractivo; los enclaves extractivos y los territorios de conectividad. Se concluye con algunas apreciaciones generales y la explicitación de una posible agenda de investigación sobre la temática planteada.
Modelo extractivo en Sudamérica
Gudynas (2009) ha sido uno de los primeros en plantear al neo-extractivismo sudamericano como una continuidad diferencial del modelo de desarrollo extractivista clásico [3]. Este autor dirá que el neo-extractivismo es una versión contemporánea y sudamericana del desarrollismo, heredera de la modernidad occidental, centrada en la idea del progreso material, pero en forma de híbrido contemporáneo que resulta de las condiciones culturales y políticas propias de América del Sur (p. 219-220). Entre sus tesis Gudynas caracteriza a esta estrategia de desarrollo implementada por los gobiernos progresistas [4] desde la mayor intervención (directa y/o indirecta) del estado; su funcionalidad a la globalización comercial-financiera; la persistencia de la fragmentación territorial y de la economía de enclaves; la continuidad de los imperativos economicistas de competitividad, rentabilidad y eficiencia en el proceso productivo; altos impactos sociales y ambientales; la canalización de excedentes y su redistribución por medio de programas sociales para la generación de legitimidad política de los estados; y la continuidad del crecimiento económico y de la teoría del derrame como patrones de legitimidad y de eficiencia gubernamental.
Esta lectura del modelo extractivo es también sostenida por Svampa (2009) al poner de manifiesto que a la hegemonía neoliberal de los años 80 y 90 le sucedió en la primera década del siglo XXI el neo-desarrollismo, teniendo al modelo extractivo-exportador como una continuidad. Así el neo-desarrollismo de los gobiernos progresistas implicaría una revitalización de la matriz nacional-popular a nivel gubernamental, pero bajo el sostenimiento del modelo extractivo en el plano económico. [5]
Por último, y desde la perspectiva de la economía política, Petras (2012) resume que “todos los gobiernos [del Bando Progresista] han reducido los niveles de pobreza e incrementado la dependencia con respecto a las exportaciones e inversiones del sector agro-mineral. Todos han firmado y/o renegociado contratos con multinacionales del sector extractivo; muy pocos han diversificado su economía. Los que cuentan con un tejido industrial relevante (Argentina, Brasil y Perú) han sufrido un declive importante en su sector manufacturero debido a la apreciación de las monedas y la pérdida de competitividad derivada de la subida de los precios de los bienes de exportación. Los acuerdos de aumento progresivo de salarios han desembocado en un menor nivel de conflicto social en las ciudades (con la excepción de Bolivia), pero el desplazamiento de campesinos y la degradación han intensificado conflictos en el interior entre las comunidades rurales y las multinacionales, lo que ha dado lugar a represión del Estado (Perú).” (PETRAS, 2012, p. 12)
Mundialización y estrategias estatales
Estos abordajes colocan en primacía la escala nacional y se centran en los dispositivos de regulación desarrollados por los estados para lograr generar estabilidad(es) con miras a la recepción de capitales provenientes del mercado mundial.
Lobos y Frey (2012) plantean que “los procesos de dislocación espacial (y/o temporal) del capital global impactan en el espacio no sólo dependiendo de la posición de los diferentes territorios en el esquema global de circulación del mismo, sino que su impacto diferencial también depende de la aplicación de estrategias estatales concretas de modificación, modelación y trasformación de sus atributos espaciales, teniendo por finalidad la absorción y/o expulsión del mismo” (LOBOS Y FREY, 2012, p. 4). En este sentido cabría interpretar al modelo extractivo como una respuesta estratégica [6] de los gobiernos progresistas ante el proceso de mundialización [7].
Tomando en consideración a la mundialización como proceso de cambio en los patrones de acumulación nivel mundial, Giarraca y Teubal (2010) ponen de relieve que la característica distintiva de la actualidad (posfordista y mundialista) capitalista es la subsunción de nuevas espacialidades y temporalidades a la lógica del capital. En el caso del extractivismo sudamericano contemporáneo eso ha venido implicando la primacía de la acumulación por desposesión [8] como forma de aprehensión de nuevos territorios y recursos a la lógica del capital.
Por el lado de los estados, los dispositivos de regulación, administración y gestión de los territorios se han visto fuertemente modificados. A diferencia del enfoque neoliberal, donde los territorios era visto tan solo como un derivado de una serie de ventajas comparativas (internas y externas al mismo), en torno a los gobiernos progresistas, revolucionarios y/o neo-desarrollistas se ha puesto de manifiesto la necesidad de potenciación y promoción de los mismos. Este giro estratégico de los gobiernos sudamericanos en torno a la promoción y gestión de los territorios viene de la mano de la hegemonía de la Nueva Geografía Económica (NGE) como dispositivo de saber-poder y paradigma gubernamental. La NGE ha sido fuertemente promovida por distintos organismos multilaterales con presencia en la región (como el Banco Mundial [9], la OCDE [10], la CEPAL y el BID) y forma parte de las continuidades y reformulaciones del neo-liberalismo que Svampa (2009; ver también Svampa y Antonelli 2010) referencia en torno a los discursos dominantes de la governance, el desarrollo sustentable y la responsabilidad social empresaria.
Esta perspectiva nos permite subrayar el papel central que tiene la producción de territorialidad como componente clave en la instauración del modelo extractivo en Sudamérica.
Territorialización del modelo extractivo
Existe un gran debate en los últimos años en torno al concepto de territorio (Haesbaert 2004); aquí se hará uso de la perspectiva de la multi-territorialidad de Mancano Fernández (2008). Este autor plantea que la enorme diversidad de comprensiones y prácticas contendidas en un mismo territorio es la exterioriza de posiciones de clase e intereses materiales concretos, activados en un espacio de disputa material e inmaterial. Por ello es que toda práctica de territorialidad (sea de la escala y dimensión que fuere) lleva en su seno la intencionalidad que los distintos agentes productores del espacio buscan imprimirle a un territorio concreto. Se identifican, en este sentido, tres tipos de territorios que hacen a la multi-territorialidad de los mismos; los espacios de gobernanza (referidos a los aspectos administrativos, de toma de decisiones y de distribución de poder referentes a las escalas gubernamentales), la apropiación material (referido a las prácticas de propiedad y derechos de uso) y las redes o flujos (referido a la circulación, comunicación y conectividad entre distintos territorios).
Por territorialización se hace referencia al avance e implantación de una territorialidad particular (sea escalar, material o de flujos) por sobre otras alternativas (KRETSCHMER, 2011). En este sentido podría pensarse que la acumulación por desposesión implicaría una territorialización del capital en territorios donde el mismo no ejercía una dominación relevante.
Ahora bien, esta territorialización de capital difiere de territorio en territorio, no siendo uniformes y coherentes la totalidad de estrategias, agentes e intereses configurados en torno a los imperativos de la mundialización. Visto desde las potencias económicas del siglo pasado, Harvey (2004) entiende a la mundialización como parte de una dislocación espacio-temporal de los excedentes de capital acumulados durante la hegemonía fordista europea y norteamericana. El modelo extractivo sudamericano implicaría una territorialidad particular, pero derivada de la mundialización; derivada de esta en cuanto sistema y lógica de la forma actual del capitalismo, y particular debido a sus propias formas de apropiación del territorio.
A continuación se esbozan dos formas particulares de territorialización del modelo extractivo: los territorios enclaves y los territorios corredores.
Los enclaves extractivos
La combinación de la mundialización y las estrategias de promoción del territorio de los gobiernos en Sudamérica han potenciado la emergencia de nuevas territorialidades en torno al desarrollo de las actividades extractivas. Giarraca y Teubal (2010) identifican como actividades extractivas a aquellas que tienen por finalidad la consecución de rentas diferenciales a escala mundial, que serían plus-ganancias generadas a partir de la explotación intensiva de recursos naturales y derivadas del contexto actual de valorización en el mercado mundial (por medio de los precios en alza, la emergencia de mercados intermedios y la renta capitalista de la tierra y los recursos).
A la territorialidad emanada del desarrollo de una actividad extractiva en torno a un conjunto de recursos concentrados en una espacialidad concreta se la suele denominar enclave extractivo. Han sido identificados en torno a los enclaves extractivos actuales en Sudamérica algunos aspectos en común;
– suelen estar vinculados a grandes corporaciones mundiales con alta concentración y control del sector donde operan;
– desarrollan escalas de producción mucho mayores a las tradicionales;
– la localización se vuelve altamente relevante (dados sus requerimientos de recursos naturales);
– utilizan de tecnologías de punta;
– suelen generar conflictividad con respecto las actividades tradicionales existentes en las distintas regiones (agricultura, ganadería, turismo, cultivos industriales);
– están orientados a los mercados de exportación y a la generación de valores de cambio (GIARRACA Y TEUBAL, 2010, p. 117).
En torno a los enclaves extractivos se ha puesto de manifiesto (1) el interés de un importante grupo de empresas transnacionales en torno a determinados espacios territoriales, (2) el rol activo de promoción (discursiva y normativa) desarrollado por los gobiernos locales, intermedios y nacionales, y (3) la emergencia, en la mayoría de los casos, de formas locales de resistencia (SVAMPA Y ANTONELLINI, 2010; ACOSTA, 2009; CIUFFOLINI, 2012; KRETSCHMER, 2011). En esta línea, Gudynas destaca el carácter conflictivo y contradictorio de los enclaves; “En unos casos, los gobiernos asignan bloques de exploración y explotación que ignoran los territorios preexistentes, reconocidos por pueblos indígenas o comunidades campesinas. En otros casos, esos enclaves significan la apertura de zonas remotas o el avance de la frontera agropecuaria, y junto con ella, el ingreso de cazadores furtivos, tala ilegal del bosque, narcotráfico, o contrabando, por lo cual las condiciones de seguridad se deterioran y la violencia aumenta” (GUDYNAS, 2009, p. 201).
La emergencia, disputa y consolidación de enclaves extractivos son la forma primaria y más clara (y por ello más referenciada y estudiada) de territorialización del modelo extractivo. Las expresiones más generalizadamente aceptadas como enclaves extractivos son las que refieren a la extracción directa de algún recurso espacialmente concentrado, como en los casos de las actividades minera, petrolera y forestal. Otras formas menos claras de enclaves extractivos son los configurados en torno al monocultivo del agro-negocio, donde determinadas características medioambientales y normativas hacen a la concentración espacial de este tipo de actividades (como es el caso emblemático del denominado cluster sojero que abarca el Paraguay Oriental, el noroeste de Argentina y el estado brasilero de Paraná).
Los enclaves extractivos materializan una territorialidad tipo II, o de apropiación material, en cuanto su intencionalidad refiere a la apropiación, por parte de las empresas transnacionales, de recursos concretos y espacialmente situados. Las actividades extractivas están esencialmente vinculadas a los recursos que extraen, por cuanto la escalaridad de los mismos es un componente clave [11]. La localización de los recursos configura la presencia de los agentes gubernamentales con capacidad de intervención en las distintas escalas, y en este sentido no es lo mismo un enclave trans-fronterizo que uno sub-nacional, o la existencia de un recurso compartido entre distintos agentes gubernamentales (como fue en caso de la pastera Botnia en el río Paraná). Asimismo, las dimensiones espaciales requeridas por las distintas actividades extractivas implican escalaridades también distintas (mientras la minería y el petróleo refieren a escalas locales o sub-locales, los complejos del agro-negocio suelen implicar escalas regionales de gran envergadura).
En resumen, mientras que lo que define al enclave extractivo es la apropiación de determinado recurso por parte de los agentes extractos (territorio II), las políticas de promoción del territorio llevadas a cabo por los estados (locales, sub-nacionales, nacionales) son dependientes de la escala que ese tipo concreto de apropiación adopte en cada caso.
Los corredores
Los enclaves extractivos son la forma más clara de territorialización del modelo extractivo, pero ciertamente no la única. Los requerimientos de las actividades extractivas, sumado a su fuerte sesgo exportador, hacen a la necesidad del desarrollo de sistemas integrados de conectividad entre éstos y otros territorios. Estas redes o corredores también hacen a la territorialidad del modelo extractivo, por cuanto implican una lectura parcial y diferencial del espacio, pero la misma no se produce partiendo de los recursos naturales que espacialmente contiene cada territorio, como es el caso de los enclaves. En este caso las producción de la territorialidad proviene de una lectura intencionada donde prima la observancia de las capacidades de cada territorio en hacer plausible el modelo extractivo en cuanto esquema de movilización de mercancías. Los medios para llegar a este objetivo son diversos, pero se pueden nombrar los ejemplos de la disminución de costos en el transporte físico, las accesibles de modalidades de carga y descarga de gran porte, y la viabilización normativa de ciertas transacciones.
Así se puede llegar una diferenciación primaria entre formas diferentes de territorialización del modelo extractivo; por un lado los enclaves, y por otro los corredores. Los enclaves extractivos se definen como territorios demarcados por sus potencialidades económicas y caracterizados como espacios de aglomeración de recursos; mientras que por corredores se refiere a los territorios definidos por su potencialidad de conectividad y delimitados como espacios de dinamización los flujos potenciales provenientes de los enclaves extractivos.
Bajo esta definición de corredores no solo se hace referencia a los caminos y rutas –terrestres, aéreas y/o fluviales- por donde circulan los agentes y las mercancías propias del modelo extractivo, sino también a todas aquellas redes que hacen a la dinamización de esa circulación. Diferenciamos a continuación las redes físicas de circulación de las normativas;
– las redes físicas de circulación de transporte, comunicación y energía: Gudynas dirá que “los enclaves extractivos requieren redes de conectividad que permitan la entrada de insumos y equipamientos, y la salida de los productos exportables. En algunos grandes emprendimientos se hacen necesarias significativas obras de apoyo en infraestructura o energía (incluso represas hidroeléctricas o provisión de gas) (…) [los enclaves se encuentran] conectados por corredores de transporte o de energía con otras zonas del país, y orientados hacia los puertos de exportación” (GUDYNAS, 2009, p. 200-201). Dentro de este marco se destaca la proliferación de mega-proyectos de planificación de conectividad regional, como son los casos de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) [12] y el Proyecto Mesoamérica [13].
– las redes normativas de circulación: son las que legitiman, legalizan y acortan tiempos administrativos en lo que hace al traslado y depósito de las mercancías. La conectividad normativa -entre niveles sub-naciones de diversa entidad, en torno a los pasos fronterizos, y en los puertos de salida y llegada- es un aspecto clave del modelo extractivo. La estandarización normativa a nivel sub-nacional (por medio de reformas administrativas centralizadas o convenios de carácter horizontal en el caso de regímenes descentralizados y/o federales), la profundización de la integración regional a nivel comercial y de infraestructura, y el fomento de tratados bilaterales y multilaterales sobre la generalización de normas de eficiencia y calidad, debieran de pensarse en este marco. En estos casos los estados (en sus distintos niveles) son los agentes centrales, sumando a estos a los órganos regionales y globales de integración [14].
Con el desarrollo de las actividades extractivas estas otras actividades desarrolladas en torno a los corredores se valorizan fuertemente [15]. Lo cual pone en juego a una serie de agentes e intereses configurados en torno a los llamados servicios conexos a la extracción, como son el transporte, servicios logística, los centros comerciales y (principalmente) supermercados, las empacadoras, las empresas de publicidad, etc.
Por otra parte, esta valorización también se observa en torno a la inversión en infraestructura de conectividad (FAY Y MARRISON, 2007; LOBOS Y FREY 2012), la cual ha sido principalmente de carácter público-estatal y ha implicado un enorme endeudamiento externo por parte de los estados de la región. Los agentes e intereses principalmente implicados en torno a la infraestructura de conectividad son los think tank regionales y globales, las agencias de cooperación, los órganos multi-laterales de crédito, el capital privado (principalmente los fondos de inversión extranjeros), las empresas contratistas y logísticas, y a los estados (en sus distintos niveles).
Según lo precedente se puede aseverar que las actividades que se desarrollan en los territorios de los corredores provienen tanto de rentas diferencias de escala mundial como de escala regional o local, pero que en este caso lo que configura el territorio no es la aglomeración de recursos en un espacio dado, sino la circulación de mercancías en torno al esquema extractivo-exportador. La territorialización del modelo extractivo por medio de los corredores implica la creación de territorios del tipo III, o de flujos y/o circulación, donde las escalas se disuelven y la actividad de servicios conexos prima sobre la apropiación material de recursos.
Apuntes Finales
En estas notas reflexivas se expusieron algunos aspectos relevantes sobre el modelo extractivo sudamericano, su articulación con el proceso global de la mundialización y las formas particulares que fueron adoptando sus prácticas de territorialización.
En primer término se hizo referencia a las particularidades de la actualidad económica y política sudamericana y a la pertinencia del modelo extractivo –entendido como modo de inserción económica regional a nivel mundial y como régimen de captación de excedentes y control político a nivel estatal– como concepto analítico. Asimismo se expusieron los principales intereses configurados en torno al mismo.
Luego se hizo referencia a cómo el impacto conjunto de la mundialización (como proceso de transición económica a nivel global) y las estrategias de promoción territorial (como paradigma gubernamental a nivel regional) hacen emerger territorialidades particulares en torno al modelo extractivo.
Por último se bosquejaron dos formas de territorialidad del modelo extractivo sudamericano actualmente vigente; los enclaves extractivos y los corredores. Se vio cómo cada una de estas contiene una intencionalidad de lectura territorial propia, concentra agentes particulares y abarca actividades específicas. Asimismo, se destacó el rol de la infraestructura de conectividad como forma específica de valorización de los corredores.
El abordaje del modelo extractivo desde la perspectiva territorial es un campo analítico novedoso que puede permitir una comprensión más acabada de la actualidad latinoamericana. Asimismo poner en relevancia el rol de las estrategias estatales de promoción territorial y sus sesgos extractivos también puede aportar mucho al debate reciente sobre la temática. Por último, la comprensión de los corredores como una territorialidad particular (aunque derivada) abre la posibilidad a la realización de estudios de casos específicos sobre las modalidades de producción territorial, tanto a nivel sub-nacional como regional, en un aspecto del modelo extractivo muy poco trabajado.
Bibliografia
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Notas:
[1] En nota de opinión para el diario La Jornada del día 5 de octubre de 2012, disponible en http://www.jornada.unam.mx/
[2] Para un interesante resumen del debate sobre el pensamiento crítico latinoamericano contemporáneo, y sus perspectivas estatistas y emancipadoras, revisar Revista OSAL N°30: Pensamiento Crítico y Movimientos Sociales (CLACSO; Octubre del 2011). Especialmente los artículos de Sader y Zibechi.
[3] Por extractivistas, según el autor, se designa a “las actividades que remueven grandes volúmenes de recursos naturales, no son procesados (o lo son limitadamente), y pasan a ser exportados”. Mientras que por extractivismo clásico se designa un estilo de desarrollo basado en la apropiación de la Naturaleza, que alimenta un entramado productivo escasamente diversificado y muy dependiente de una inserción internacional como proveedores de materias primas.” (GUDYNAS, 2009, p. 188)
[4] Gudynas (2009) identifica dentro de este grupo a los gobiernos de Kirchner y Fernández en Argentina, Morales en Bolivia, Correa en Ecuador, Chávez en Venezuela, Lula da Silva en Brasil, Vázquez en Uruguay y Bachelet en Chile. Petras (2012) para delimitar su concepto de Bando Progresista (BP) saca de esa lista al Chile de Lagos, sostiene al Brasil de Russeff y al Uruguay de Mújica, e incluye al Perú de Humala.
[5] Quién ha puesto de manifiesto y ha intentado saldar esta contradicción ha sido Alvaro García Linera (2012) en su libro Geopolítica de la Amazonía: Poder hacendal-patrimonial y acumulación capitalista. En el mismo el vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia identifica al extractivismo como un sistema técnico de procesamiento de la naturaleza y a la hegemonía del modo de producción capitalista como la configuradora de la división internacional del trabajo, que crea las formas de desigualdad y de colonialidad hoy presentes en el mundo. Linera dirá, en su crítica a la izquierda contestataria, que “únicamente dependiendo de cómo se usen esos sistemas técnicos, de cómo se gestione la riqueza así producida, se podrán tener regímenes económicos con mayor o menor justicia, con explotación o sin explotación del trabajo (…) El extractivismo no es un destino, pero puede ser el punto de partida para su superación. (…) Como toda emancipación, la del extractivismo tiene que partir precisamente de él, de lo que como forma técnica ha hecho de la sociedad. Actualmente, para nosotros como país es el único medio técnico del que disponemos para distribuir la riqueza material generada gracias a él (pero de manera diferente a la precedente), además, también nos permite tener las condiciones materiales, técnicas y cognitivas para transformar su base técnica y productiva. Porque si no, ¿con que superar al extractivismo? ¿Acaso dejando de producir, cerrando las minas de estaño, los pozos de gas, retrocediendo en la satisfacción de los medios materiales básicos de existencia, tal como lo sugieren sus críticos? ¿No es esta más bien la ruta del incremento de la pobreza y el camino directo a la restauración de los neoliberales? El amarrar las manos al proceso revolucionario en aras del rechazo extractivista, ¿no es acaso lo que más desean las fuerzas conservadoras para asfixiarlo?” (GARCIA LINERA, 2012, p. 107-108)
[6] Brenner define por estrategia espacial del estado a la puesta en acto por parte de éste de su capacidad de influencia sobre la geografía de la acumulación y de la regulación en torno a su propia territorialidad, modelando “las geografías del desarrollo industrial, de la inversión en infraestructura y de las conflictividades políticas, en procura de ajustes espaciales o coherencia estructural” (BRENNER, 2003, p. 204; la traducción es propia).
[7] Por mundialización Benko refiere a “una nueva distribución histórico-geográfica y político-cultural de las estrategias de la división social del trabajo en el nivel global” (BENKO, 1995, p. 44; la traducción es propia). En autor destaca cuatro características de estos cambios: aceleración en el ritmo de movilidad del capital; concurrencia entre espacios nacionales, bloques (inter)regionales y empresas transnacionales; globalización del mercado y del comercio internacional; nuevo rol regulador del estado.
[8] Harvey propone el concepto de acumulación por desposesión para designar una serie de prácticas de acumulación no derivadas de la lógica de circulación del capital. “Esto involucra entre otras cuestiones: la mercantilización y privatización de la tierra; la expulsión forzosa de las poblaciones campesinas; la conversión de diversas formas de derechos de propiedad –común, colectiva, estatal, etc. – en derechos de propiedad exclusivos; la supresión del derecho a los bienes comunes; la transformación de la fuerza de trabajo en mercancías y la supresión de formas de producción y consumo alternativos; los procesos coloniales, neocoloniales e imperiales de apropiación de activos, incluyendo los recursos naturales (…) El Estado, con su monopolio de la violencia y sus definiciones de legalidad, juega un papel crucial al respaldar y promover estos procesos” (Harvey 2004; citado en GIARRACA Y TEUBAL 2010: p. 113-114).
[9] Ver particularmente el “Informe sobre Desarrollo Humano 2009: La geografía económica en transformación”
[10] Ver particularmente el informe “Perspectiva Territorial de la OCDE”
[11] Esto explica el hecho de que las prácticas organizativas de resistencias al extractivismo se hayan desarrollado en torno a un fuerte contenido localista (como ejemplifica el caso de las asambleas ciudadanas de Argentina).
[12] Creada en agosto del 2000 durante la primera Cumbre Sudamericana de Sudamérica, la IIRSA es un foro de diálogo, entre las 12 repúblicas, que tiene como objetivo la planificación y desarrollo de proyectos de la infraestructura regional de transporte, energía y telecomunicaciones. Cuenta con el apoyo técnico y financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF), y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA). Actualmente su estructura independiente ha sido integrada al COSIPLAN de la UNASUR.
[13] El Plan Puebla Panamá (PPP) es un foro de cooperación intergubernamental integrado por nueve países mesoamericanos creado en el año 2004. Tiene por finalidad la gestión y ejecución de proyectos orientados a la extracción de recursos naturales de Mesoamérica, así como la implantación de vías para interconectar los dos océanos y facilitar la exportación de la producción obtenida y la comercialización internacional con los recursos obtenidos en estos países. Es promovido y principalmente financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y la Corporación Andina de Fomento (CAF). Con el ingreso de Colombia en 2009 se cambia su nombre al de Proyecto Mesoamérica.
[14] Cabe destacar el papel central de la propuesta del regionalismo abierto de la CEPAL en este sentido. Para un análisis de la emergencia de la hegemonía del regionalismo abierto en américa latina y su vinculación con la IIRSA en Sudamérica, ver Lobos y Frey (2012).
[15] Este pensamiento contemporáneo basado en la valorización financiera del proceso de circulación es denominado por Ferrari (2012) como ideología de la circulación. La misma consiste en la idea de que a menor tiempo/espacio de la mercancía (ya producida) en el circuito comercial mayor valorización de la misma. Este pensamiento, dependiente y heredero de la ideología neoliberal y de los procesos de restructuración productiva pos-fordistas, deja de lado la teoría del valor/trabajo – que dice que es el proceso de producción (en la puesta en acto del trabajo como acto creativo) el único capaz de crear valor – y confunde el aumento de la tasa de lucro en el proceso de circulación con la producción de valor. De este modo; “Quanto menor o tempo de circulação, menor se torna esta parte do capital que está fora da produção comparada com o capital como um todo: tanto maior se torna também, com as demais circunstâncias constantes, a mais-valia apropriada em relação ao total de capital empregado. Dito de outra forma, menos capital (total) será necessário para extrair a mesma quantidade de mais-valia. A consequência da obtenção da mesma quantidade de mais-valia, com uma quantidade menor de capital é o aumento da taxa de lucro ou, uma compensação da tendência de queda devido à expulsão de trabalho vivo. O aumento da velocidade de rotação consegue este efeito positivo na taxa de lucro de diversas formas. No entanto, o que os economistas herdeiros dos princípios da economia clássica, gerentes e profetas do marketing, da logística e da produtividade urbana e adjacências enxergam é o aparente, ou seja, o efeito do tempo de circulação sobre o processo de valorização do capital em geral, e entendem pragmaticamente a influência negativa do tempo de circulação como sendo positiva, porque suas consequências são positivas.” (FERRARI, 2012, p. 159-160).