Tarso Lopez
En dias recientes nos hemos anoticiado que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de la Argentina (INPI-AR), la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la facultad de derecho de la Universidad Austral (perteneciente al Opus Dei) lanzarán en el mes de abril la primera edición de una Maestría Regional de Propiedad Intelectual.
Como bien sabemos, existe un mundo donde el capitalismo salvaje y sus relaciones de poder y conexiones ocultas permiten que las empresas transnacionales se apropien de ganancias extraordinarias mediante los monopolios creados por la propiedad intelectual.
La OMPI es un organismo controlado por los intereses financieros muitinacionales mediante el pago de tasas de registro de solicitudes de patentes, derechos de autor e interpretes (en su mayoria grandes conglomerados de la industria tecnologica y cultural), regulacion de tratados internacionales y mediaciones por arbitrajes, ademas de las cuotas anuales que los paises deben abonar por ser parte de este «organismo colectivo» (asi se autodefine).
Estos pagos por tasas sirven tambien para financiar a la Academia de OMPI, dirigida por el abogado y empleado argentino de OMPI, Marcelo Di Pietro, quien es integrante tambien del Comite Academico del mencionado posgrado dictado por Gustavo Schötz, director de la carrera de derecho de la Universidad Austral (brazo universitario de la ultraderecha catolica en argentina).
Según los organizadores del postgrado «se hacía necesario contar con un programa académico que analice profundamente los mecanismos de la Propiedad Intelectual, y capacite a los agentes que promoverán el desarrollo sustentable sobre un mejor y eficiente uso de los activos intangibles», (entre ellos la propiedad intelectual de las licencias de radiodifución).
Tal como se ve, el avance de los mecanismo de la propiedad intelectual dentro del gobierno argentino se esta consolidando, incrementandose la influencia de los intereses extranjeros en algunos organismos del Estado.
Quien dirige la oficina de patentes y marcas en ese pais, Mario Aramburu, parece profundizar en un acuerdo con la OMPI, la universidad del Opus Dei y el Grupo Clarin haciendo un gran favor a los estudios de abogados representantes de las empresas y laboratorios extranjeros, quienes poseen el control de varios estamentos del Estado argentino en sus tres poderes.
Traumatico fue para el gobierno de Cristina Kirchner intentar sin exito procesar y apartar del cargo al juez de la Camara Civil y Comercial, De Las Carreras, quien asistio, en 2012, a una Cumbre de Propiedad Intelectual y Medios de Comunicacion organizada por la «ONG» CERTAL en un lujoso Hotel de Miami.
El evento fue auspiciado por una de las empresas pertenecientes al grupo Clarin, quien presento una demanda contra el gobierno argentino que estaba en manos del juez, quien disfruto junnto con su esposa de 15 dias pagos por los organizadores. El juez fue restituido en su cargo y finalmente (como era de esperarse) fallo a favor del grupo monopolico. Hoy, la ley de medios audiovisuales no esta vigente en su totalidad luego de 3 aniversarios de su sancion por el Congreso Nacional argentino.
La propiedad intelectual posee la capacidad de hacer creer a quienes intentan interpretarla que realmente favorece el desarrollo de la ciencia y la tecnologia aunque en realidad aliente a los grupos monopolicos, que como Clarin, corrompen a funcionarios para jugar en su favor.
Asi, mediante este nuevo posgrado, ahora en territorio argentino, se lanzara el 29 de abril proximo un curso que incluye a los tratados internacionales y leyes nacionales de radiodifusion y comunicacion, que protegen a grupos multimedios como el enfrentado a Cristina Kirchner.
Probablemente la Presidenta Argentina no perciba las conexiones ocultas de la propiedad intelectual y los grupos monopolicos (de alimentos y semillas, medicamentos o medios de comunicacion), aunque sin dudas, el duro golpe de Clarin a la democracia argentina sea una alarma y haga reflexionar a quienes todavia, como el Ministro de Ciencia y Tecnologia, Lino Baranao, o de Produccion, Debora Giorgi, defienden a la propiedad intelectual (de los monopolios) como un instrumento de «desarrollo sustentable».