17 de febrero de 2013.- Las fuerzas militares del régimen de Israel arremetieron, una vez más, contra tres manifestaciones palestinas en los territorios ocupados de Jerusalén Este, hiriendo a decenas de personas que marchaban en solidaridad con los presos palestinos que permanecen encerrados en cárceles de Tel Aviv, muchos de ellos sin cargos judiciales en su contra.

Medios árabes informaron que los uniformados reprimieron a los manifestantes con balas reales y gases lacrimógenos. Un portavoz del Ejército declaró que los militares atacaron porque se sintieron “en peligro” ante los palestinos desarmados.

En las adyacencias de la ciudad de Ramala (centro), unos tres mil palestinos marcharon hasta la prisión militar de Ofer, donde finalmente estallaron los enfrentamientos que dejaron dos heridos con balas reales y otros 20 con balas de goma.

En tanto, en la localidad de Yenín, al extremo norte de Cisjordania, alrededor de mil palestinos se enfrentaron a soldados israelíes, resultando cuatro manifestantes heridos por bala y al menos 20 por inhalación de gases lacrimógenos.

Por último, en el barrio de Isawiyeh, en Jerusalén Este, cientos de palestinos fueron víctimas de la represión, resultando un manifestante herido en un ojo al ser alcanzado por una bala de goma.

La comunidad palestina denuncia, reiteradamente, “el injusto sistema de detención administrativa en las cárceles israelíes”. En esta ocasión, marcharon en solidaridad con los privados de libertad en Israel que se mantienen en huelga de hambre.

Desde hace varias semanas, decenas de prisioneros palestinos están en una huelga de hambre indefinida, en protesta contra su detención arbitraria e injusta, y para pedir mejores condiciones penitenciarias.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos denuncian que unos cinco mil palestinos viven en condiciones infrahumanas en prisiones israelíes, carentes de derechos elementales como agua, comida suficiente, atención médica, educación, visitas regulares y un abogado.

En Israel existe la figura jurídica de “detención administrativa”, medida que permite la encarcelación de una persona “sin inculpación ni juicio”, por un periodos de seis meses, renovables indefinidamente.