El gobierno de Córdoba ordenó el cierre de cinco antenas de Televisión Digital Abierta (TDA) instaladas por Arsat. El pretexto fue el cuidado del medio ambiente. José Manuel de la Sota tomó esa decisión política para favorecer a Clarín y su campaña presidencial.
Las relaciones políticas entre Cristina Fernández y José M. de la Sota están prácticamente rotas desde 2012, luego de una frágil tregua que duró un suspiro, en 2011, por necesidades electorales mutuas. El gobernador está especialmente agresivo con la presidenta, al punto que sus declaraciones, tuits y medidas políticas son celebradas por el arco opositor local y nacional. La corporación mediática liderada por Clarín se alineó con esta postura.
El punto de ruptura ocurrió en agosto de 2012, cuando el mediterráneo implementó una ley de ajuste contra los jubilados argumentando que la Nación no le enviaba los fondos para la Caja de Jubilaciones, unos 1.040 millones de pesos. En los primeros días de septiembre De la Sota y sus ministros llegaron hasta la Corte Suprema de Justicia a una audiencia convocada para dilucidar ese diferendo. No hubo arreglo. Diego Bossio y Hernán Lorenzino defendieron la postura del PEN.
En esos estrados de la justicia, De la Sota tiene planteado un reclamo para que se le devuelva a Córdoba su porcentaje de la coparticipación federal de impuestos, otro frente de batalla con la Nación. Además de esos conflictos por remesas y supuestas deudas, lo saliente es que el gobernador ha decidido ser candidato a presidente en 2015. Y considera, en base a encuestas de dudosa credibilidad, que su volumen de presidenciable depende de pelearse más con la presidenta. Este aspecto político explica esos encontronazos, deliberadamente amplificados por medio del multimedios Clarín en toda su estructura nacional y que en Córdoba tiene también lo suyo. Además de La Voz del Interior, el holding cuenta en la provincia con 33 licencias audiovisuales (la ley de medios de la democracia permite un máximo de 24 en todo el territorio nacional).
Sin señal
Con esta presentación del tema, se entenderá perfectamente lo que sucede en estas semanas con el cierre de cinco antenas de TDA en la provincia, decisión adoptada por el delasotismo por medio de su ministro de Ambiente, Manuel Calvo. Comentario al margen, se equivocó la presidenta al tuitear que esas clausuras habían contado con una decisión judicial favorable: simplemente fueron un úkase del gobernador.
En síntesis, la estatal Arsat (Argentina Satelital) viene instalando en todo el país antenas para la Televisión Digital Abierta (TDA), que favorecen a muchos miles de argentinos para acceder a una veintena de canales en forma gratuita. Algunos de éstos, como CN23, C5N, CBA24N, Incaa, Paka paka, Telesur, etc, directamente no figuran en la grilla de Cablevisión, brazo de Clarín en el cable. El servicio de este último pulpo cuesta aproximadamente 200 pesos, pese a que la subsecretaria de Comercio Interior, Pimpi Colombo, recordó este lunes en «678» que los clientes no deberían abonar más de 130 por el servicio, basada en fallos judiciales. El gobierno nacional había distribuido en forma gratuita en Córdoba 107.000 conversores para que los usuarios menos pudientes, jubilados, etc, pudieran acceder a ese paquete gratuito. Más otros sectores de clase media que compraron su propio aparatito, en alrededor de 50 pesos, en los negocios del ramo, se estima que entre 600.000 y 700.000 personas estaban gozando de la televisión libre. En eso llegó De la Sota. Con la trompeta de Clarín.
Cinco al hilo
A principios de diciembre pasado la artillería delasotista inauguró la salva de munición gruesa contra la antena de TDA que iba a favorecer a la zona de Río Cuarto, cuya universidad nacionales estaba por lanzar su propio canal. ARSAT había instalado la antena en un predio de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), con pleno conocimiento del gobierno local.
De buenas a primera fue clausurada, con el argumento «técnico» de que no se habían completado los estudios de posible impacto ambiental. Se decomisaron los equipos y en vano el ministerio de Julio de Vido ha reclamado su devolución.
Quedaban otras cuatro antenas de TDA en Córdoba. Y a fines de enero, por resolución 1029 del Ejecutivo provincial, llevada adelante por el citado Calvo, fueron también clausuradas. Bell Ville, Leones, Villa Dolores y Malagueño, tuvieron el mismo y triste final, al menos por ahora. La pugna judicial, los recursos de amparo presentados y la lucha política y mediática será la que defina.
El argumento de los censores fue el mismo empleado en el Imperio del sur: que los trámites no habían sido culminados («ni siquiera comenzados», dijo por allí Calvo) por parte del Ministerio de Planificación Federal, controlante de Arsat. Y en consecuencia, arguyeron, no se sabía el posible impacto ambiental de tales emprendimientos. Conste que con Monsanto la provincia no fue tan exigente para su cuestionada planta en Malvinas Argentinas….
Contaminación
El gobierno nacional, en el caso concreto de Leones, contraatacó divulgando por varios medios periodísticos (entre ellos Página/12) los antecedentes del trámite. Surge que el mismo contó con la autorización de la municipalidad de esa ciudad, la «Capital Nacional del Trigo». Las conclusiones de la Comisión Nacional de Comunicaciones, respecto al bajo nivel de contaminación que podría producir esa antena de TDA de 80 metros, no dejaron dudas. «Consta que la Intensidad de Campo Eléctrico (ICE) es 37 veces inferior a los máximos permitidos según la Organización Mundial de la Salud, otro dato que fue desestimado por los funcionarios cordobeses», refirió Sebastián Prémici, en el diario citado, refiriéndose a Leones.
De las cinco antenas bajadas, quizás la que tiene mayor impacto social es la de Malagueño, porque surte de servicio a la ciudad Capital. Allí, en la zona conocida como Cerro Mogote, la antena clausurada está ubicada a apenas 70 metros de otras, entre éstas una de Cablevisión. La única penalizada fue la de TDA, pese a que el informe de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) fue categórico respecto a que por la Intensidad de Campo Eléctrico (ICE) se supo que las emisiones de la antena del grupo Clarín «son cinco veces superiores a las del sistema TDA».
Quiere decir que los argumentos «técnicos» se vuelven en contra de las decisiones políticas adoptadas por De la Sota. Es el reino del revés: los que menos pueden contaminar, son dados de baja; y los que, dentro de parámetros más o menos normales, provocan más emisiones, no son molestados. Es obvio que cerrar cinco al hilo las antenas favorece al monopolio de Héctor Magnetto porque le elimina una competencia estatal, molesta y gratuita.
Marche una autocrítica K
Las topadoras de De la Sota contra la tele abierta tienen mucha conexidad con la lucha política planteada en torno a la vigencia de la ley de medios 26.522, tan resistida por Clarín. El mandatario viene saboteando esa norma legal. Por caso, junto con Mauricio Macri, su buen amigo del PRO, son los únicos dos gobernadores que no han llenado sus respectivos asientos en el Consejo Federal de la Afsca (Administración Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales). El pobre argumento delasotista fue que no piensa tener medios públicos. Aclaración obvia de un soldado de Clarín. Esa política privatista despertó un amplio espectro de críticas, de los cordobeses directamente afectados, de varias intendencias, organizaciones sociales y políticas, comunicadores nucleados en la Coalición para una Radiodifusión Democrática, etc.
Amparo presentado
Martín Sabbatella, titular de Afsca, llegó a «La Docta» el 1º de febrero, concluida la feria judicial, para presentar un recurso de amparo ante la justicia. El escrito recayó en el juzgado federal de Alejandro Sánchez Freytes, quien pidió al fiscal se expidiera sobre la admisión del recurso. El mismo día, el asesor letrado penal de los Tribunales provinciales, Esteban Rafael Ortiz, se hizo presente ante el juzgado provincial 38 Civil y Comercial, como particular damnificado por el cese del servicio de TDA, con un amparo propio. El mismo objetó la decisión del gobernador, basándose en la afectación que supone para la libertad de información y el derecho humano a la misma.
El funcionario judicial se basó en el artículo 51 de la Constitución de Córdoba, el 14 de la Constitución Nacional y el 13 del Pacto de San José de Costa Rica, entre otros argumentos constitucionales. Esta pugna no es jurídica sino ante todo política. Como lo recordó el ex interventor del Correo, Eduardo Di Cola, «en Japón, con tan sólo una superficie equivalente al doble de la provincia de Córdoba y una población de 165 millones de habitantes, hay instaladas 2.500 antenas iguales a las que que clausuró De la Sota».
Y como el tema es político, también el kirchnerismo, sobre todo el mediterráneo, debería hacer una introspección y autocrítica del apoyo político que le brindó al gobernador para ser electo en agosto de 2011. Un caso emblemático de los errores cometidos: el entonces intendente de Leones, Fabián Francioni, trabajó para «el Gallego» y le juntó el 62 por ciento de los votos. Ahora De la Sota clausuró la antena de TDA de esa ciudad. Así paga el Diablo…