El oficialismo obtuvo quórum con el respaldo de sus propios diputados (111), sus tradicionales aliados (22), y la presencia en el recinto del diputado por Unión por San Juan, Mauricio Ibarra, el único representante de la oposición presente.
En el cierre del extenso debate, el titular del bloque del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, expresó: “estamos convencidos que esta decisión que ha tomado el Poder Ejecutivo no sólo no nos aleja de los objetivos que perseguimos durante todos estos años en relación a la causa Amia, sino que nos acerca más a la búsqueda de justicia”.
“Parece que algunos están cómodos con haber encontrado a los culpables y no les interesa buscar justicia, pero ese no es nuestro caso”, enfatizó.
Y agregó: “Muchos nos preguntan porque tomamos riesgos, y les respondemos que nosotros, y mucho menos Néstor y Cristina, no vinimos acá para calentar el sillón de Rivadavia, porque siempre tomamos riesgos”.
Como miembro informante por el oficialismo, el titular de la comisión de Relaciones Exteriores, Guillermo Carmona, defendió el acuerdo y aseguró que el gobierno nacional quiere «que presten declaración indagatoria los funcionarios iraníes, ese es el objetivo del acuerdo», al sostener que se trata de «un viejo anhelo de la Argentina».
Desde la oposición, el presidente del bloque radical, Ricardo Gil Lavedra, justificó la negativa a acompañar la aprobación del proyecto en “el cambio en la política exterior del gobierno, la indeterminación del texto; y aún aceptando la interpretación del gobierno éste documento, no trae ninguna utilidad para el objetivo que persigue, no sólo porque no es beneficioso sino porque puede traer consecuencias graves”.
Elisa Carrió, de la Coalición Cívica, reiteró que presentó un dictamen propio para plantear la nulidad del acuerdo y dijo compartir «la tesis de un Tercer Estado pero nunca en Teherán. Estamos intentando preservar los derechos de las víctimas y el derecho a la verdad».
El diputado nacional del Frente Amplio Progresista (FAP), Claudio Lozano, señaló que “si se cumple el Memorándum el Gobierno Argentino propiciará un escenario para que Irán diga a la comunidad internacional que no tiene nada que ver con lo ocurrido».
Desde el PRO, el diputado Pablo Tonelli, miembro informante de ese bloque que impulsó un dictamen propio, consideró que de aprobarse el acuerdo «Argentina no logrará nada que permita avanzar con la investigación», al sostener que «los imputados van a estar libres de las órdenes de captura de Interpol».
Uno de los bloques que acompañó al oficialismo fue Nuevo Encuentro, que a través de Carlos Heller consideró que “el gobierno argentino podría haber elegido un camino muchísimo más fácil que era el de no hacer nada y dejar que esto siguiera donde está, en la vía muerta”.
“Debemos valorar la decisión política de asumir los riesgos de transitar un camino que tiene efectivamente riesgos, que tiene incertidumbre y que no tiene todas las respuestas”, añadió.
En las primeras horas de anoche, la titular APEMIA, Laura Ginzberg, encabezó una concentración frente al Congreso en la que expresó su postura en relación al proyecto que se trataba en el recinto de la Cámara baja.
Por su parte, autoridades de AMIA y DAIA, junto con dirigentes de la oposición, se concentraron en el mismo lugar a la espera de que se desarrollara la votación en Diputados.
La votación de ese proyecto le dio respaldo parlamentario y valor legal al acuerdo suscripto hace un mes entre Argentina e Irán para que sean interrogados los funcionarios iraníes acusados del atentado a la AMIA, en el marco del proceso judicial llevado adelante en Buenos Aires.
Por ese ataque terrorista, Argentina reclama desde el 2006 la extradición de ocho iraníes, entre ellos el ministro de Defensa, Ahmad Vahidi; el ex presidente Alí Rafsanjani y el ex canciller Alí Akbar Velayati, todos con orden de captura internacional.
El memorándum establece que el juez y el fiscal argentinos de la causa, Rodolfo Canicoba Corral y Alberto Nisman, respectivamente, podrán interrogar a los sospechosos con notificación roja de Interpol y habilita la conformación de la «comisión de la verdad», integrada por juristas, para cooperar con la investigación.