Una fuente del gabinete dijo a Reuters que cualquier juicio debería ser ante los tribunales civiles y que es probable que la medida atice la ira de los manifestantes que acusan a Mursi de utilizar las prepotentes tácticas de seguridad del tipo que utilizaba Hosni Mubarak y contra las cuales ellos lucharon para derrocarlo.
Miles de personas se unieron a los funerales de las últimas víctimas en la ciudad portuaria mediterránea de Port Said. Siete personas murieron allí el domingo, cuando los residentes se unieron a las marchas para enterrar a otras 33 personas que habían muerto el día anterior, la mayoría por heridas de bala, en una ciudad donde las armas son moneda corriente.
Activistas de derechos humanos dijeron que la declaración Mursi fue un paso atrás para Egipto, que estuvo bajo la ley de emergencia durante los 30 años que duró Mubarak en el poder. Su policía utilizó las disposiciones para detener a los radicales con el fin de silenciar a la disidencia y a los opositores, entre ellos los miembros de la Hermandad Musulmana y el mismo Mursi.
Heba Morayef de Human Rights Watch en El Cairo, dijo que la policía, que todavía es odiada por muchos egipcios por sus tácticas de mano dura bajo Mubarak, una vez más tiene el derecho de detener a la gente «únicamente por parecer sospechosos», lo que socava los esfuerzos para crear una fuerza policial más eficiente y respetada.