
Centro Pabrú Présbere – Human Rights Everywhere
COMUNICADO PÚBLICO INTERNACIONAL
San José (Costa Rica), 9 de noviembre de 2012.
Hasta tres veces arremetió a policía antimotines de Costa Rica contra cientos de manifestantes pacíficos en el centro de San José este jueves 8 de noviembre frente a la sede de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
Entre los detenidos se encontraba Manuel Emilio Soto Aguilar, miembro del Centro Centro Pabrú Présbere, activista de derechos humanos y colaborador activo de la organización internacional Human Rights Everywhere (HREV). Las unidades policiales hicieron uso excesivo de la fuerza de la que no se libraron ni los diputados Claudio Monge y Carmen Granados, del partido Acción Ciudadana, y José María Villalta del partidos Frente Amplio, ni periodistas dos reporteros de medio alternativo El País.cr
El Centro Pabrú Présbere y la organización Human Rights Everywhere (HREV) denuncian internacionalmente los hechos acontecidos en la ciudad de San José y responsabilizan de los mismos al viceministro de Seguridad, Celso Gamboa, al director de la Fuerza Pública de San José, Raúl Rivero, y a la presidenta, Laura Chinchilla.
Ambas organizaciones alertan que desde hace meses del deterioro del marco de respeto a los derechos humanos en Costa Rica, relacionado directamente con el desmonte progresivo del Estado Social de Derecho por los gobiernos del PLN y PUSC, lo que ha generado profundas brechas sociales en el país.
Por estas razones, el Centro Pabrú Présbere y Human Rights Everywhere exigen una investigación sobre lo ocurrido hoy (ayer) en San José y que se depuren responsabilidades políticas, administrativas, civiles y penales sobre la represión policial como única forma de frenar esta escalda de violencia en un país antes caracterizado por un marco legal y político de cierto respeto por los derechos humanos. Este evidente deterioro se confirma con la sanción, este mismo 8 de noviembre, de la Ley de Delitos Informáticos, conocida como Ley Mordaza, que limita el derecho a la comunicación y permite la detención de periodistas en caso de difundir “secretos políticos”, amparándose ilegítimamente al llamado “secreto de Estado”.
