La realidad es que guardar algo en la nube implica solamente tenerlo en otra parte; probablemente, un servidor remoto dentro de un gran centro de datos. Para nosotros, es de lo más práctico: nos olvidamos de cargar con soportes físicos, con almacenar en el ordenador o con tener innumerables memorias USB. Sólo requerimos de una conexión a Internet y listo, la fantasía se vuelve realidad: los archivos son omnipresentes siempre y cuando podamos colgarnos a la web.
Pero, del lado oscuro -ese que a veces nos negamos a ver por no sacrificar la comodidad-, el alojamiento en la nube es uno de los triunfos de una sociedad que confía demasiado en la tercerización de servicios -el mentado outsourcing-. Es una victoria del capitalismo que hasta guardar lo nuestro lo deleguemos. Imagine usted que tiene que cargar siempre con una mochila a todas partes. Es poco práctica porque quizá tiene más cosas de las que puede guardar o se cansa de traer la bolsa a las espaldas. Entonces llega alguien con una mochila mucho más grande y dispuesto a cargar tus cosas; a veces, hasta de forma gratuita. ¡Qué placer! El hombre de la bolsa te pide firmar un contrato con muchas letras chiquitas y, emocionado, plasmas tu firma con tal de gozar de esa ventaja. ¡Faltaba más!
Claro, hay un truco: cuando metas tus objetos a la bolsa, dejarán de ser tuyos. Los podrás usar como siempre, pero ya no son de tu propiedad. Pequeño detalle.
No se trata de un ejercicio. Así lo ve el gobierno de Estados Unidos. Hace unas semanas, la Electronic Frontier Foundation, a nombre de su cliente Kyle Goodwin, hizo una propuesta ante la Corte de EE.UU para discutir las acciones del gobierno cuando realizó el cierre de Megaupload. Si recordamos el caso, las autoridades negaron el acceso a miles de personas al servicio, aún cuando demostraron que los archivos que tenían alojados no infringían el copyright. La respuesta gubernamental ha sido llevar a los afectados a audiencias largas y enredadas, sólo para darles los documentos que son legítimamente suyos.
Sin embargo, lo aterrador del asunto estriba en la defensa que ha esgrimido el gobierno para justificar sus acciones. Según ellos, el señor Goodwin (y miles de personas como él) han perdido sus derechos de propiedad al firmar el contrato de prestación de servicios con Megaupload. ¿¡Cómo!? Para las autoridades, tanto el contrato de Goodwin con Megaupload (es decir, la hoja de términos y condiciones) como el de Megaupload con Carphatia (quien le proveía el alojamiento), limitan los intereses de propiedad. Lo alarmante es que no hay nada de especial en ese contrato: es un estándar, como el que se firma con cualquier otro proveedor.
Es decir, si el gobierno llega con una orden judicial, olvídate de tu información. Da igual qué es lo que guardes: ya no es tuyo. En este esquema, los derechos de propiedad se ven severamente limitados, todo por usar un servicio de un tercero para alojar tus datos. EFF señala que este argumento no está limitado sólo al caso de Megaupload; también funciona para la Amazon S3 (donde empresas como Dropbox guardan todo), Google Apps o iCloud. En realidad, prácticamente cualquier usuario de la web está en riesgo, pues es muy difícil concebir hoy en día el uso de la red sin algún servicio de esta índole.
El tema de la propiedad intelectual y el alojamiento en la nube han estado en constante pugna desde hace tiempo. Un ejemplo muy claro es con iTunes Match y cómo Apple ayuda a monetizar un modelo de descargas que, en la teoría, es gratuito. No niego las ventajas prácticas de usar estos servicios; yo mismo, por ejemplo, uso iCloud, Dropbox y Google Apps para sincronizar todo. No obstante, no se debe perder de vista qué es lo que cedemos; y muy importante, qué es lo que podemos perder. Por esa razón, la EFF pone tanto énfasis: ya no sólo es preocuparse de poner nuestras cosas en manos de corporaciones y empresas, sino también del rol que juegan los gobiernos en este nuevo orden de la información. No vaya a ser que utilizar al señor de la bolsa no salga más costoso de lo que creemos.