James Petras
Introducción
La exitosa reelección del Presidente Chávez con una diferencia contundente de 10 puntos porcentuales, ganando 20 de los 22 estados y con una concurrencia electoral masiva del 80% le otorga al gobierno venezolano un mandato claro y decisivo para conducir la política y la economía del país durante los próximos seis años.
Para entender tanto las oportunidades como las limitaciones que encontrará el gobierno, es esencial resumir no solo las características positivas del gobierno sino también las complejas y difíciles características estructurales de «transición» de una economía y sociedad, fundamentalmente «rentista», basada en los enclaves extractivos de una economía dominada por el petróleo. El proyecto socialista enfrenta un ámbito externo con características contradictorias, que incluye una economía altamente globalizada que ofrece oportunidades de intercambio e inversiones y socios económicos en expansión a nivel regional y de organizaciones globales (OPEC, MERCOSUR, UNASUR, PETROCARIBE, ALBA) al igual que amenazas político-militares por su proximidad con la patria imperial de América del Norte.
Mientras que los cimientos institucionales y las iniciativas de política exterior del Presidente Chávez generaron un verdadero «muro de fuego» -al menos en la actual coyuntura- contra cualquier intervención directa o indirecta de EE.UU. o de la OTAN, como sucedió en Irak, Libia y Siria. En cambio, las estructuras internas, en particular las sociales, económicas y políticas, son más problemáticas. Y por esa razón, Washington se ha reenfocado para concentrarse en debilitar los puntos vulnerables políticos y estructurales del régimen de Chávez con el fin de cuestionar y erosionar su gobierno. Este «reajuste» de la estrategia imperialista «hacia dentro» exige un giro igualmente estratégico del gobierno de Chávez: consolidar los cambios realizados y avanzar en nuevas formas de organización y práctica socialista.
Respuestas post-electorales
Después del triunfo electoral de Chávez, el terreno de las luchas futuras quedó en evidencia tanto por las reacciones de EE.UU. y de sus adversarios domésticos como por la de los venezolanos que apoyan a Chávez. La Casa Blanca elogió el proceso electoral, la participación pacífica y ordenada de sus ciudadanos pero, a diferencia de las respuestas congratulatorias de los presidentes latinoamericanos, no felicitó al Presidente Chávez -una señal clara de la continuación de las hostilidades diplomáticas. Washington no reconoció la relación entre el proceso pacífico y el programa sustantivo del gobierno de Chávez: dada la inmensa popularidad de los programas sociales y redistributivos hubo un consenso general (incluso entre la mayoría de votantes de la oposición) que la violencia y una campaña desestabilizadora solo hubiera aislado a los testaferros de Washington, perjudicando sus perspectivas electorales en las próximas elecciones de diciembre de 2012 y febrero de 2013 y polarizando al electorado de una manera muy desfavorable.
El reconocimiento de la legitimidad e integridad del proceso electoral por el candidato derrotado, Capriles, y por la Casa Blanca es una indicación de que el enfoque principal de la oposición reside en intensificar la lucha electoral para captar el control institucional a nivel legislativo local, estatal y nacional durante los próximos cuatro meses. EE.UU. se prepara para entregar millones de dólares a las bases de apoyo de la oposición -sobretodo usando los fondos para forzar la «unidad» entre la docena de partidos, sectas, ONGs, sindicatos y asociaciones de propietarios rivales. Las divisiones y separaciones entre la oposición irán en detrimento de los esfuerzos para derrocar a los funcionarios chavistas, incluso a los más vulnerables.
El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), a favor de Chávez, sostiene que las elecciones le dieron al Presidente el «mandato» de continuar con la agenda socialista. El problema es que muchos líderes, organizaciones de base, grupos barriales y funcionarios tienen importantes discrepancias sobre el significado del «mandato» con respecto a la agenda socio-económica. El problema es que ellos también tienen discrepancias importantes sobre cuáles deberían ser los próximos pasos hacia una «transición socialista».
La oposición hará todo lo posible para conservar sus bases de poder institucional y su contraparte en EE.UU. se aprovechará, sin dudas, al máximo de sus puntos de acceso al sistema político. La oposición se opondrá a cualquier cambio en la propiedad de los bancos privados, de los medios masivos de comunicación y de los centros económicos estratégicos, bajo su dominio. Promoverán cambios en la política gubernamental, pidiendo reducción del gasto social; apoyando legislación que debilite la regulación por parte del estado; y pidiendo investigaciones legislativas de funcionarios chavistas elegidos por voto. La oposición neoliberal se enfocará en explotar cualquier error cometido por las empresas públicas y en denunciar una «persecución» autoritaria si el gobierno enjuicia a estafadores del sector público, a delincuentes que lavan dinero o a banqueros que hacen operaciones financieras ilegales internacionales. Por sobretodo, tanto EE.UU. como la oposición denunciarán que la «democracia» y la «libertad» están en peligro si el gobierno cierra los conductos organizados para transferir fondos de EE.UU. a las llamadas ONGs, en respuesta a la resistencia de estos «conductos» a registrarse como agentes extranjeros. Las ONGs financiadas por EE.UU. son burdamente disimuladas «organizaciones de fachada» que tienen un rol principal en el financiamiento y preparación de la oposición, proveyendo entrenamiento, asesores, propagandistas y estrategas electorales. Washington le pone la siguiente condición al financiamiento de la fragmentada oposición: unan sus fuerzas y sigan las directivas de EE.UU.
La estrategia actual de EE.UU. del camino electoral no excluye que en el futuro cambie a una directiva más violenta y autoritaria. Washington piensa que la coyuntura posterior a las elecciones de octubre no es el momento propicio para un golpe de estado; con varios puntos de acceso disponibles, con medios de comunicación corporativos e instituciones bancarias fortalecidas en un ambiente político relativamente estable. Washington está preparado para maniobrar a través del proceso electoral con la intención de ganar poder institucional para bloquear la agenda socialista del Presidente mediante la obstrucción legislativa. EE.UU. va a cambiar de estrategia y optar por el golpe si logra suficiente poder institucional como para fabricar un procedimiento de «destitución» o un llamado a referéndum. La oposición va a decir que Chávez «abusó» del poder constitucional, con la esperanza de convertir para su causa a sectores militares «constitucionalistas» o de la Guardia Nacional, una táctica preferida por el Departamento de Estado en el derrocamiento de los presidentes elegidos democráticamente de Honduras y Paraguay. En otras palabras, en la actualidad la postura democrática adoptada por Washington y la oposición es compatible con la toma autoritaria del poder en un futuro cercano. De hecho, en las condiciones actuales, las tácticas electorales son un complemento necesario para un futuro cambio estratégico de régimen usando la violencia.
Chávez en el período post electoral: Múltiples opciones
Después de las elecciones, el Presidente Chávez ha formulado dos respuestas aparentemente contradictorias, que reflejan dos momentos políticos específicos. Por un lado, habla de avanzar con la agenda socialista: por el otro, de abrir el diálogo con la oposición incluyendo a la élite capitalista y de negocios. La postura socialista refleja el mandato popular que recibió con el triunfo electoral reciente; la postura sobre el diálogo apunta a las próximas elecciones locales, estatales y nacionales.
Además, Chávez enfrenta presiones internas que lo tironean en diferentes direcciones. Los activistas radicales, los movimientos sociales y unos pocos líderes políticos presionan por una nueva ronda de nacionalizaciones, con objetivos políticos, económicos e ideológicos. Sostienen que los sectores estratégicos, como la banca, el comercio agrícola, las telecomunicaciones, las industrias relacionadas al petróleo y otras le proveerán al gobierno con los recursos y el poder para relanzar sus planes estancados de una diversificación rápida de la economía y un crecimiento acelerado. Plantean además que la propiedad pública debilitará políticamente a la base de la oposición neoliberal y cerrarán los conductos del financiamiento de la derecha opositora por parte de Washington.
Los «moderados» sostienen que la propiedad mixta, pública y privada, de las empresas consolidará y ampliará el apoyo a Chávez entre las clases medias y preparará el terreno para una mayor cooperación intergubernamental, especialmente si la oposición ganara gobernaciones y lograra aproximarse a la mayoría legislativa. Los «moderados» dicen que un «diálogo» entre Chávez y la oposición basado en la idea de una alianza con sectores de la burguesía productiva, apuntando a inversiones específicas, una mayor cantidad de crédito y de inversiones en proyectos conjuntos ayudará a disminuir la polarización y facilitará el diálogo con EE.UU., especialmente si Obama es reelegido. Los «moderados» se concentran entre los funcionarios de alto nivel, los gobernadores estatales, los ministros, líderes del partido, y entre los asesores presidenciales, muchos de los cuales cuentan con el respaldo de los funcionarios públicos.
Los principales problemas que enfrentan tanto los «radicales» como los «moderados» tienen dos caras: una política y otra económica. Políticamente, en ambos grupos hay dirigentes que no se han desempeñado efectivamente frente a su base electoral y van a confrontar elecciones próximamente: buscan maneras de permanecer en sus puestos, ya sea mediante promesas radicales o haciendo coaliciones con la oposición.
Económicamente, ambas facciones, enfrentan el profundo y generalizado problema de cómo lograr una estrategia económica dinámica en un país esencialmente rentista. A pesar de los vastos y progresistas cambios socio-políticos, Venezuela todavía depende en gran parte de las exportaciones y ganancias petroleras y de una fuerza laboral dependiente de los ingresos del petróleo para incrementar su consumo personal.
¿La posición de qué facción influirá en la postura que tome el Presidente Chávez? Esto dependerá de qué tarea sea la prioritaria en la implementación de la agenda socialista. Chávez busca un conjunto de alianzas políticas para transformar Venezuela de la condición de economía y estado rentista a un estado con una economía diversificada, productiva y competitiva en los mercados internacionales.
Obstáculos y oportunidades para una transición socialista
La construcción del socialismo o de una nueva economía capitalista productiva es un proceso complejo y difícil en cualquier economía rentista, incluyendo la venezolana.
Los ejecutivos de empresas públicas y privadas han demostrado poseer muy poca capacidad para innovar, invertir en nueva tecnología, buscar nichos en mercados y terminar los proyectos a tiempo. En cambio, se recuestan en el estado rentista para conseguir contratos públicos, subsidios, mercados internos cautivos, préstamos públicos de baja tasa de interés y contactos políticos. Como un resultado de ello, los defensores de los estados «mixtos», «socialistas» y «neoliberal» hacen críticas de sus adversarios pero no ven las mismas debilidades referidas a sus propias «agencias de desarrollo».
Durante décadas, el sector privado fue incapaz de funcionar con sentido empresarial, confundiendo su tendencia a ganancias rápidas, manipulando intereses diferenciales y tasas de cambio y ganancias monopólicas con un signo de la «magia del mercado». De hecho, durante décadas, antes de la época de Chávez, se dedicaron a extraer las ganancias del petróleo del estado rentista para luego «invertirlas» en productos importados, en el negocio inmobiliario nacional e internacional y en un inflado y anticuado sector de servicios. La denuncia de la derecha neoliberal de que la pobrísima trayectoria en inversión e innovación del sector privado es un resultado de la postura poco amiga de los negocios de Chávez no se corresponde con los hechos. El mismo comportamiento antiempresarial y rentista entre gente de negocios, la banca y las élites agrícolas existió antes de la década de Chávez. El comportamiento rentista tiene profundas raíces históricas, culturales y económicas. La burguesía venezolana se ha adaptado desde hace largo tiempo al estado rentista y en lugar de luchar contra él, ha optado por la complicidad, la opción más ventajosa y fácil; exprimen las ganancias del petróleo usando falsos «proyectos de desarrollo» que nunca llegan a nada.
La campaña reciente del derrotado candidato de derecha Capriles, quien se proclama adepto al ex Presidente de Brasil Lula da Silva, decía promover el desarrollo capitalista en el sector privado con el bienestar social de una manera fundamentalmente incongruente. Capriles deja de lado el hecho de que Lula tenía el respaldo de la poderosa burguesía industrial de San Pablo para hacer su alianza entre ricos y pobres. En cambio, Capriles tendría que respaldarse en una anémica burguesía rentista con poca competitividad de capacidad productiva.
El problema del rentismo no está confinado al pasado y al presente de la burguesía del sector privado; también se manifiesta en el desempeño de los ejecutivos de mayor rango a cargo de las empresas nacionalizadas. Sus fojas de servicio referidas a la producción e innovación van de mediocres a malas: baja productividad, dependencia de los subsidios gubernamentales y propensión a no cumplir con plazos establecidos incrementando costos de extensión de plazos (en la construcción) al igual que debilidades administrativas. Es difícil ver cómo el modelo chavista «moderado» de una «economía mixta» que combine lo público y lo privado, uniendo mentalidades rentistas, pueda llevar el país a una «economía dinámica y productiva». Chávez tiene un material humano muy problemático para trabajar en una transformación de Venezuela, que la aleje de la economía rentista.
Los tratados teóricos marxistas y los postulados de «transiciones al socialismo» que no tomen en cuenta el carácter profundamente clientelista del capitalismo venezolano no tienen relevancia alguna. La transformación de un capitalismo rentista en una economía productiva moderna con una administración pública capaz de ofrecer servicios sociales es crucial para la transición al socialismo venezolano del siglo XXI.
La reafirmación del objetivo socialista de la Revolución Bolivariana como un fin estratégico depende en primer lugar de hacer responsables a todos los ministerios y funcionarios ante las bases que usan sus servicios, dándole poder efectivo a los concejos de ciudadanos y comités de supervisión capacitados profesionalmente. Los abusos, la corrupción, las ineficiencias, la provisión defectuosa o inexistente de servicios son problemas crónicos, con alto costo político y representan una burla de los proyectos socialmente progresistas prometidos por el Presidente Chávez. La «renovación» y el reemplazo periódico de ministros, civiles por militares, solo puede proveer en el mejor de los casos un alivio temporal: pero en condiciones de falta de control del poder, la cultura y mentalidad rentista rápidamente recupera su lugar con la misma conducta disfuncional. La supervisión ciudadana provista del poder de sancionar a los funcionarios que no cumplan representa una herramienta de corrección más constante.
El centralismo de una administración deficiente conlleva enormes consecuencias políticas; probablemente representa más de la mitad del voto popular minoritario que se fue en apoyo a la oposición. Es un error atribuir el 45% del voto a la oposición como un llamado a regresar al neoliberalismo: de hecho representa un voto de protesta de los simpatizantes de Chávez contra los funcionarios gubernamentales que administraron mal los fondos y que nombraron a amigos incompetentes del partido. Fue un voto en contra de los ministros que gastaron miles de millones pero no supieron mantener el flujo de petróleo, de electricidad ni de agua. Por sobretodo, el voto de protesta antichavista, fue una respuesta a los Ministerios del Interior y de Defensa, civiles o militares, que fracasaron en la reducción de los índices de delincuencia -en las calles, en el ámbito privado y en las oficinas públicas.
La elección de concejos de control ciudadano representarían una «revolución dentro de la revolución» porque permitirían un mayor nivel de control y de implementación de algunas de las iniciativas del Presidente Chávez. El proceso podría dar como resultado cambios crecientes en el nivel micro, mejorando los servicios públicos y acelerando la tramitación de permisos públicos -lo que ciertamente sería una mejora con respecto a propuestas estruendosamente revolucionarias que no tienen seguimiento (que no son concretadas) y sirven únicamente para multiplicar la cantidad de funcionarios a expensas del erario público. El aumento de la cantidad de funcionarios solo multiplica los trámites (firmas, sellos, pagos y demoras) e incrementa los votos de protesta. El peligro para Chávez y el PSUV no solo proviene de la desestabilización causada por EE.UU. a través de sus clientes locales sino también a nivel barrial. La erosión del PSUV proviene de los miles de abusos diarios de los funcionarios de «camisa roja» que acumulan pilas de reclamos ciudadanos mientras se liman las uñas, disfrutan de almuerzos de dos horas (debatiendo la «próxima etapa de la revolución» o la «estrategia de consolidación versus la estrategia de radicalización») mientras la gente con peticiones se aglomera alrededor de los ministerios.
La responsabilidad del Presidente
El Presidente Chávez ha hecho maravillas en la politización y en la educación cívica de los ciudadanos venezolanos como lo pone de manifiesto la concurrencia masiva a las urnas del 80% de la población. Ningún presidente en la historia de Venezuela (o para el caso en la historia de EE.UU.) ha hecho más en la creación de un sentido de identidad nacional. Ha defendido al país con valentía e integridad. Ha preservado y fortalecido las instituciones democráticas contra los intentos desestabilizadores y destructores del orden institucional de EE.UU. y sus socios subalternos. El Presidente Chávez ha creado una vasta red de ayuda social que sacó de la pobreza a millones de personas, eliminó el analfabetismo y proveyó un sistema de salud pública universal y gratuito. El gobierno de Chávez ha implementado programas internacionales de ayuda económica proporcionando petróleo a precios reducidos a países pobres de América Central y el Caribe. Sin embargo, en el 2012 tuvo que enfrentar nuevos desafíos: la batalla por una revolución dentro de la revolución en un contexto complejo y difícil. Las economías rentistas presentan numerosos obstáculos para desarrollar una economía productiva y participativa basada en una clase obrera activa, una clase empresarial innovadora y emprendedora y una clase media socialmente conciente. La mayoría de las clases sociales venezolanas apoyan a un presidente socialista pero, fundamentalmente sobre las bases del incremento del consumo individual y el gasto social. Los militantes políticos son ardientes defensores del socialismo en las calles pero en sus puestos de trabajo su comportamiento es más similar al de sus predecesores neoliberales.
Chávez debe caminar sobre una línea muy fina entre, por un lado renovar el sistema administrativo en su totalidad y transformar la economía rentista y, por el otro lado, financiar e implementar programas sociales en el corto plazo que le garanticen resultados favorables en las elecciones de los próximos cuatro meses para ganar escaños en el Congreso y a nivel gubernamental. La definición de las tareas correctivas de la campaña es bastante clara y sencilla pero la implementación implica un costo político importante.
La lucha contra el amiguismo (en los ámbitos público y privado), la corrupción, la ineficiencia, el autoritarismo y la incompetencia requiere: 1) comités de control ciudadano, 2) fortalecimiento y capacitación de los concejos municipales, 3) establecimiento de procesos judiciales y legales eficientes para investigar irregularidades administrativas en plazos aceptables, 4) instauración de institutos técnicos y empresariales para identificar y diseñar proyectos de manufactura e industria que utilicen recursos locales conectados con la industria petrolera, 5) creación de industrias basadas en el petróleo (plásticos, químicos, fertilizantes, etc.). Las intervenciones políticas de Chávez deben priorizar las cuestiones nacionales, como la seguridad pública, la eficiencia económica y la participación de los trabajadores. Debe poner el énfasis en hacer una conexión entre el consumo social con la actividad productiva, el poder popular con una cooperación efectiva en el cumplimiento de la ley a nivel local.
Por sobretodo, Chávez debería controlar los sectores económicos estratégicos -al nivel de toma de decisiones- en particular del complejo financiero-bancario. La preocupación del gobierno debería enfocarse en incrementar las inversiones en un vasto rango de nuevas industrias derivadas del petróleo. Las bases sociales del «Socialismo Bolivariano» deben desplazarse de una conciencia de consumidores a una conciencia productiva, de la ayuda social desde arriba a la solidaridad de clase y productividad desde abajo.
Hoy algunos marxistas que reclaman mayor participación de la clase obrera a nivel gerencial o control administrativo subestiman la conciencia económica limitada de clase -el deseo de incrementar los salarios y los beneficios sociales independientemente de la productividad. La democracia en el lugar de trabajo debe estar vinculada con la misión más amplia de transformar a Venezuela de un país con economía rentista a un país con una economía moderna, productiva y diversificada. Si eso no sucede, la militancia de la clase trabajadora, atada a la mentalidad consumista-rentista se convertirá en el mayor obstáculo de la transición al socialismo.
El socialismo, como entiende el Presidente Chávez a la profundización y expansión del poder popular, requiere un giro de los mega-proyectos, especialmente internacionales y multinacionales- a múltiples micro-proyectos, bien administrados e implementados, bajo el control de los trabajadores y ciudadanos, y ejecutados con una disciplina estricta, con guías y cronogramas.
La despolitización en los nombramientos de puestos que requieran alto grado de capacitación técnica implica que algunos buenos para atraer votos no sean necesariamente los mejores administradores. En la actualidad la eficiencia de costo no se toma en consideración en la construcción de un sistema de transporte evaluado en miles de millones ni en la organización de un sistema de carreteras, si esto sirve para ayudar a elegir a un alcalde o a un gobernador.
La socialización de la economía puede privar a la oposición de un respaldo financiero estratégico, pero eso tiene que ser evaluado teniendo en cuenta cuán efectivamente la banca o las empresas públicas se desempeñarán y mejorarán la vida diaria, las actividades económicas y el empleo de la gente en general. Una empresa pública mal administrada -en el sector alimenticio, por ejemplo- puede hacer más daño a una estrategia socialista que una empresa privada bien regulada y funcional. En otras palabras, la socialización debería avanzar acorde con el grado de capacidad del estado (o si este se halla en el proceso de desarrollar esa capacidad) para administrar las empresas, como lo señaló Lenin en su ensayo «Mejor pocas pero mejores».
La seguridad pública e individual, incluyendo la propiedad privada, es integral al desarrollo del socialismo (y no es una característica externa o marginal de este). Cifras incalculables de miles de millones de dólares se pierden anualmente a causa de la delincuencia: el miedo, la intimidación, medidas de seguridad privada, limitaciones de movimiento y tiempo, todo tiene un precio. Hasta ahora el sistema de seguridad de Venezuela ha sido desparejo: con un, generalmente, alto nivel de desempeño en la seguridad de las fronteras, conteniendo amenazas externas y protegiendo las instituciones democráticas; y con un bajo nivel con respecto a la delincuencia callejera, guerras entre pandillas, delitos de guante blanco y sabotaje y/o negligencia de instalaciones petroleras y eléctricas fundamentales.
La prevención del delito implica convertir a las multitudes electorales en una red nacional de luchadores contra la delincuencia de comunidades locales respaldadas y protegidas por Fuerzas Especiales de respuesta rápida entrenadas en guerra urbana contra el delito. Los asesores de inteligencia cubana pueden ser expertos en la lucha contra el terrorismo político pero, hoy en día, una ola de delincuencia urbana sin precedentes tiene un efecto devastador en las ciudades. Esto pone de manifiesto la necesidad de operaciones de inteligencia a gran escala contra los líderes de las pandillas y sus cómplices entre los hombres de negocios y los políticos y los que hacen lavado de dinero. Los programas de ayuda social, educativos y de empleo no han sido suficientes para parar la espiral de delincuencia. La delincuencia no surge solo de la marginalización social sino también de una mentalidad rentista, en la que el consumismo, basado en la violencia y en la apropiación de los recursos económicos, es considerada como la vía más rápida de movilidad social. La mayoría de los delincuentes son depredadores de la clase trabajadora. Si la clase trabajadora representa las bases de una transición socialista, entonces, si se invirtiera todo el poder del estado en hacer cumplir las leyes se estaría haciendo una defensa esencial del socialismo -y se daría un paso adelante para ganar el respaldo de importantes sectores de la clase media. La delincuencia callejera está íntimamente ligada a sus cómplices en la función pública, incluyendo altos funcionarios policiales y judiciales, algunos de los cuales dicen ser «chavistas fervientes».
No hay duda de que una reestructuración global de la seguridad interna será atacada por los medios corporativos respaldados por EE.UU. como una muestra del «autoritarismo» de Chávez (por la misma oposición que hoy vocifera contra «la Caracas sin ley, donde reina la delincuencia»). Sin embargo, si las ciudades fueran más seguras para sus ciudadanos, con procedimientos dentro del marco constitucional, el resultado será inmensamente popular y habrá réditos políticos y económicos.
Notas finales en lugar de una conclusión
La transición venezolana al socialismo es un «proceso abierto» con enormes factores positivos y con formidables obstáculos. La tremenda fuerza de esta dinámica le dio una visión de futuro al liderazgo del Presidente Chávez y de su extenso ejército de simpatizantes populares y de militantes comprometidos; y los serios desafíos derivados del legado de una economía rentista que impregna a la clase dirigente y hasta cierto grado en las masas populares en general.
Mientras el gobierno avanza hacia el socialismo es una responsabilidad de sus líderes explicar en detalle el criterio que se aplicará en la socialización de las empresas, de definir las «reglas del juego» -básicamente qué sectores empresariales y económicos no serán expropiados; qué márgenes de ganancia son aceptables; qué sectores serán destinados a la socialización, a la formación de empresas mixtas, de empresas de autogestión obrera o de propiedad privada.
Criterios para la socialización de empresas
Sabotaje político: Los propietarios que desinvierten (hacen vaciamiento) o que se niegan a satisfacer la demanda, acaparan o que, adrede, bajan el nivel operacional con el fin de erosionar la política pública y crear descontento social.
Conflicto social: Las empresas capitalistas que se niegan a respetar las leyes laborales o participar de negociaciones colectivas con los sindicatos o que despiden a trabajadores arbitrariamente provocando huelgas obreras y patronales. Estas empresas deben ser socializadas y administradas por un equipo conjunto de trabajadores, consumidores e ingenieros.
Ideología: Las empresas que se identifican con la oposición y que colaboran con los grupos que sirven de fachada a EE.UU.; empresas en las que los objetivos políticos priman sobre los económicos podrían ser intervenidas.
Sectores estratégicos: Los sectores y empresas clave que tienen un rol determinante en la economía, como el sector bancario, financiero y de comercio internacional deberían ser socializados para que los funcionarios públicos tengan las herramientas necesarias para retener el superávit económico que permita fomentar el crecimiento de nuevos sectores: sectores socialmente estratégicos, de la industria petrolera y la producción de alimentos. Las pequeñas y medianas empresas innovadoras no deberían ser socializadas.
Estos criterios no abarcan a todos los sectores posibles pero cubren a los que forman parte de una transición socialista, siempre y cuando el estado posea la capacidad de administrarlos. No se debería socializar ninguna empresa que vaya a ser gestionada por funcionarios mediocres e incompetentes o líderes sindicalistas que las lleven a la ruina. El socialismo no es una carrera para ver cuántas empresas pueden ser nacionalizadas en un corto plazo. Cuando el estado tiene una capacidad limitada hay varias alternativas.
Intervención, regulación e impuestos estatales: Para garantizar el cumplimiento de las leyes laborales, de que las ganancias sean distribuidas equitativamente, de que los empleadores incrementen el consumo social; de que los obreros reciban capacitación y de que haya innovaciones tecnológicas.
Comisiones de producción basadas en la participación de los trabajadores: Para «supervisar la contabilidad» de las empresas y proveer información a los obreros sobre las negociaciones laborales colectivas.
Empresas mixtas con capitales públicos y privados: Para sacar provecho de las destrezas técnicas y de mercadeo de los capitalistas productivos bajo la guía social de administradores del sector público y obrero.
Planificación de objetivos de producción obligatorios y voluntarios: Las pequeñas y medianas empresas del sector privado no deben ser socializadas, especialmente aquellas empresas que provean servicios esenciales y actividades de entretenimiento a nivel masivo. Venezuela no debe hacer lo que hizo Cuba en 1968, con resultados desastrosos, al cerrar miles de empresas privadas que el Estado no tenía la capacidad de reemplazar. Tampoco debería implementar una política similar a la de Cuba de 1970 de exportación «especializada» de productos a mercados restringidos (el bloque soviético).
Venezuela necesita crear empresarios y tecnócratas emprendedores en el sector público al igual que militantes trabajadores con una conciencia crítica de clase para el sector productivo. La administración es clave para el éxito de una «transición al socialismo» porque Venezuela está profundamente inmersa en el mercado global, el que ofrece grandes oportunidades favorables al igual que obstáculos. El Estado debe invertir en escuelas tecnológicas y administrativas que desarrollen y apliquen criterios socialistas de producción, mercadeo, innovación, financiamiento y contabilidad. Debería evitar el uso de «modelos» basados en la filosofía del mercado libre, propagada por los libros de texto de EE.UU. y por los manuales de la era soviética. Se deberían incentivar textos que apliquen críticamente los escritos marxistas a las particularidades de una economía rentista y que promuevan el liderazgo transformador, la participación obrera en la planificación y la autonomía relativa de las empresas.
Panorama general: Desafíos y oportunidades
La transformación de una economía y una sociedad rentista en una economía socialista diversificada y productiva es un proceso difícil, complejo y prolongado. Las economías rentistas son generalmente enclaves de alto grado de consumo que atraen renta y están rodeados por capitalistas financieros, inmobiliarios y ‘compradores’ (importadores) y élites burocráticas con salarios exagerados. El negocio agro-industrial transfiere ganancias de la producción a los sectores rentistas hegemónicos conservando su carácter reaccionario.
El Presidente Chávez ha llevado a cabo una exitosa lucha política al transferir una proporción importante de la renta hacia el consumo popular masivo y al establecer un contexto político e ideológico en el cual se enmarcan los vastos programas de consumo social. También ha tomado control del sector clave (petróleo) de la economía rentista. Pero el conjunto del aparato parasitario de los sectores económicos relacionadas con el sector clave sigue intacto y próspero: las ganancias del sector financiero, bancario, inmobiliario e importador son enormes. La diversificación basada en la creación de un nuevo conjunto de empresas productivas relacionadas con los productores rentistas aún no se ha materializado. Pero su creación es la tarea central de un proceso digno de llamarse transición al socialismo. Hasta ahora la clase trabajadora, fuera del sector extractivo, es muy limitada en tamaño ,y su militancia está conectada al consumo más que a una conciencia de clase.
Venezuela ha promovido la formación de la conciencia de clase en pos de una clase trabajadora socialista -que no sea dependiente de la renta, de las campañas electorales ni de las huelgas por reivindicaciones inmediatas. Actualmente, la lucha de clases entre la burguesía y los trabajadores gira en torno al reparto de la renta y de los puestos en el estado burocrático y rentista.
El Presidente Chávez ha logrado avanzar en el control del enclave productor de renta y en la movilización masiva de los ciudadanos a lo largo de una década de triunfos electorales. El mayor desafío estratégico actual es convertir esos éxitos políticos, económicos y de política exterior en una economía política que sea productiva, socialista y participativa. Es necesario una transformación total del PSUV y del Estado desde la base hacia arriba. Venezuela debe hacer un giro drástico hacia la capacitación innovadora en tecnología y marketing dejando de depender en los «leales al partido» y en los burócratas que cumplen horario.
El ideal es la creación de cuadros que sean «rojos» y «expertos», en lugar de tener que elegir o por lo uno o por lo otro.
*Traducido por Silvia Arana
Rebelión.org