En noviembre de 2006, el Congreso de la Nación sancionó la Ley Nº 26.160 que declara la emergencia en materia de “posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas, suspende la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras”. Además, durante los primeros tres años de vigencia de la ley, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) debía realizar el relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras. El relevamiento nunca se concretó y, a partir de eso, en noviembre de 2009 se prorrogaron los términos por otros cuatro años mediante la Ley Nº 26.554, que tiene vigencia hasta el 23 de noviembre de 2013.
A casi seis años de emitida la norma, el nivel de ejecución de los relevamientos es muy bajo y arrastra denuncias por parte de comunidades y organizaciones afines a los pueblos originarios. Según un informe elaborado por el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen en mayo de 2011, los relevamientos son escasos, con ejecuciones centralizadas y con desalojos impunes. También, advierten el “crecimiento de la violencia estatal como aparato represivo en la ejecución de los desalojos”. Sobre el final del informe denuncian que durante los últimos años hubo una “explosión de las autorizaciones de desmontes, aprovechamientos forestales o mineros que ponen en riesgo la vida, la identidad, el desarrollo cultural y el equilibrio comunitario de los pueblos originarios”.
Los desalojos y el hostigamiento continuaron pisoteando todas las leyes vigentes. Por eso, en 2010, varias organizaciones campesinas presentaron un proyecto para frenar los desalojos por cinco años, realizar relevamientos los tres primeros y declarar la función social de la tierra. En 2011, luego de un año de trabajo, se presentó el proyecto consensuado por el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), el Foro de la Agricultura Familiar (Fonaf), el Frente Nacional Campesino (FNC), el Movimiento Campesino Liberación (MCL) y la Mesa Provincial de Organizaciones de Productores Familiares. Se incluye a la tierra como un bien social y no como una mercancía y se cuestiona el modelo extractivo: los agronegocios, el avance minero y petrolero.
Desde su presentación, el proyecto que contó con el aval de varios legisladores oficialistas, entre otros, hasta noviembre de 2011 no había entrado al Congreso. El 16 del mismo mes asesinaron a un integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina). Por la sangre del campesino, a la semana siguiente, lograron que el proyecto ingresara al Congreso de la Nación bajo el título de “Ley Cristian Ferreyra”. Casi un año después, sin que haya sido tratado el proyecto, asesinaron a otro integrante del Mocase. Miguel Galván fue degollado el 10 de octubre por un sicario contratado por un empresario sojero, modalidad que se repite en esas tierras. Nuevamente regresaron las movilizaciones en repudio a lo ocurrido y exigiendo el tratamiento urgente de la propuesta. El 16 de octubre se reunieron los legisladores oficialistas con miembros del MNCI para exigir que la Cámara de Diputados tratara y aprobara la propuesta. Otra vez, después de la sangre derramada en el suelo santiagueño.
Modelo del agronegocio
Según el informe “Producción de soja en las Américas: actualización sobre el uso de tierras y pesticidas”, elaborado durante meses de trabajo en Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y Argentina, el cultivo de soja abarca el 59 % de la tierra cultivada en el país. Esta cifra se alcanzó con el avance sobre territorios y el monocultivo de la oleaginosa. En 1996 se aprobó la entrada de la soja transgénica en el país de la mano del menemismo y el secretario de Agricultura, Felipe Solá, y desde ese momento no paró de pintar de verde gran parte del territorio.
La siembra de soja pasó de seis millones de hectáreas en 1997 a 19 millones en 2010, la resistencia al modelo de los agronegocios fue creciendo a la par y los bosques disminuyeron. En base a datos de la Dirección de Bosques Nativos de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, se establece que en Argentina, entre 2003 y 2004, 550 mil hectáreas de bosque fueron reemplazadas por soja en las provincias de Chaco, Formosa, Salta, Santiago del Estero y Tucumán.
La concentración de tierras va de la mano con la sojización. Según el informe, en 2010, más del 50% de la producción de soja estuvo controlada por el 3% del total de productores del país. Esto se debe, también, a que el modelo implica un mayor uso de tecnología, maquinarias, transgénicos, agroquímicos, dejando fuera de competencia a los pequeños productores.
Según el relevamiento de las organizaciones que presentaron el proyecto en 2011, y que ahora vuelven a pedir su tratamiento urgente, 300 mil familias fueron expulsadas de sus territorios ancestrales y destinadas a vivir en los barrios más pobres de las grandes ciudades.
Plan Estratégico Agroalimentario
En septiembre de 2011, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó en Tecnópolis el Plan Estratégico Agroalimentario, un programa detallado de metas gestado por el gobierno nacional, las provincias, empresas y académicos que se fija como objetivo, entre otros puntos, aumentar un 60% la producción granaria: pasar de las 100 millones de toneladas, la mitad es soja, a 160 millones para 2020. Lo que no dijo la presidenta cuando presentó con orgullo las metas que “impulsarán al país como potencia alimentaria” es quiénes son los que pierden.
Para lograr ese crecimiento productivo se debe correr aún más la frontera agropecuaria, avanzar sobre nuevos territorios. Los que pierden son los pequeños campesinos, los pueblos originarios, que son expulsados directa e indirectamente de sus tierras y los pequeños y medianos productores. Además, para esto se deben usar cada vez más tecnologías: organismos modificados genéticamente (OMG), herbicidas, insecticidas, agrotóxicos.
“La inversión de Monsanto es importantísima también y va a ayudar a la concreción de nuestro plan, tanto agroalimentario 20-20, como nuestro plan también industrial. Y me decía, hoy, su titular que les había impresionado mucho el apoyo que nuestro Gobierno estaba dando a la ciencia y a la tecnología. Tengan ustedes la certeza que vamos a seguir en la misma línea”, dijo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en una reunión con empresarios estadounidenses, el pasado 15 de junio de 2012 en Nueva York.
Estaba haciendo referencia a las nuevas inversiones de Monsanto en el país, de las que se mostró orgullosa. Luego, dejó bien en claro cómo concretar el ambicioso plan agroalimentario: “Yo le comentaba -y la gente de Monsanto no lo sabía- que tenemos una Patagonia en la cual algún productor argentino tiene producción, por ejemplo, forrajera y que uno puede observar en medio de la estepa patagónica los círculos que solamente con riego producen forraje de primerísima calidad. Y tenemos también agua en la Patagonia (…) Esto nos da la idea de que el elemento vital agua nos va a permitir extender la frontera agropecuaria”.
Más directa aún, siguió: “Está claro que los métodos tradicionales de agricultura así cubriéramos toda la superficie de la Tierra no llegarían a cubrir las demandas, con lo cual la necesidad de la intervención de la ciencia y la tecnología se convierte en central para los rendimientos”.
Un mes después, el Movimiento Nacional Campesino Indígena emitió un comunicado expresando su rechazo a las políticas expuestas por la presidenta y denunciando el carácter contradictorio con otros principios enunciados desde el gobierno nacional. “Ya es evidente que lo que aporta este modelo agrario es una gran capacidad de valorizar el capital, una gran rentabilidad (…) Es decir, más ganancias para agroempresarios, bancos y transnacionales a cambio de menos trabajo rural, destrucción de la naturaleza, dependencia de agrotóxicos y combustibles, destrucción de suelos, destrucción de mercados locales, éxodo rural, pueblos fumigados, bosques destruidos, campesinos e indígenas desalojados y excluidos, alimentos contaminados, y la lista sigue”, dejaron en claro. Asimismo, alertaron sobre la nueva ley de semillas “que legitima el robo y la apropiación genética”.
La mirada de la ONU
El Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, recorrió Argentina a finales de 2011 y elaboró un informe sobre la situación de los derechos humanos de los pueblos originarios. Admitió que el Estado ha realizado pasos importantes para reconocer los derechos de los pueblos indígenas en el país, pero que “persiste una brecha significativa entre el marco normativo establecido en materia indígena y su implementación real”.
“La grave inseguridad jurídica de tierras indígenas se ha reflejado en el alto número de desalojos de comunidades”, advirtió el enviado de la ONU. Y agregó: “Preocupa que la mayoría de estos desalojos hayan ocurrido después de la entrada en vigencia de la Ley Nº 26.160 de 2006”. A raíz de su recorrido y el reconocimiento de las problemáticas, llamó al Estado a “agilizar el proceso de relevamiento territorial y a asegurar al INAI los recursos técnicos y financieros necesarios para finalizar adecuadamente el proceso”, a la vez que recomendó al poder legislativo contemplar la ampliación de plazos de las leyes más allá de 2013, debido al retraso.
“El avance de la frontera agrícola ha generado la pérdida de grandes extensiones de tierras tradicionales de los pueblos indígenas. Familias indígenas han sido desalojadas de las áreas donde vivían, y a veces han tenido que migrar a las ciudades cercanas para buscar oportunidades laborales, viviendo a menudo en condiciones de extrema marginación y miseria”, informó el Relator. Y sumó que la extracción de recursos naturales a lo largo del país también ha generado numerosos casos de disminución de territorios de los que dependen los pueblos originarios.
Situación santafesina
La provincia de Santa Fe no es ajena al conflicto. Al norte, el número de desalojos es cada vez mayor. La zona más postergada, olvidada, abandonada y azotada por la pobreza sufre los atropellos que se vuelven cada vez más violentos.
El gobierno provincial se propuso como ejecutor de los relevamientos a través de órganos oficiales en 2007. En 2010, sin que se hubiera cumplido con los relevamientos, el Instituto Provincial de Aborígenes Santafesinos (IPAS), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, fue designado para la tarea en un plazo de dos años. Nuevamente, poco se hizo. Y en el mientras tanto, los desalojos.
En octubre pasado se registraron hechos de violencia en la localidad de San Bernardo, en el departamento 9 de Julio. Fueron desalojadas tres familias de las viviendas que habitaban desde hacía más de 50 años. Les quemaron la casa y sufrieron el maltrato y atropello de la policía que actuó a partir de una orden judicial. La situación se vive a diario en el golpeado norte de la provincia.
A raíz de este complicado escenario que envuelve al campesinado santafecino, la diputada de la Coalición Cívica-ARI, Susana García, presentó en junio pasado un proyecto para frenar los desalojos. En el mismo declara por el término de cinco años la emergencia en materia de propiedad y posesión de las tierras ocupadas por los pequeños productores, familias de trabajadores rurales o campesinos que acrediten una ocupación efectiva, ininterrumpida y continuada, pública y pacífica, del predio rural por un término superior a diez años. Además, suspende la “ejecución de sentencias, actos procesales o resoluciones administrativas, o de cualquier índole, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación”, y la creación del Programa de Regularización Dominial.
La ley ingresó en Diputados y, para ser tratada, deben darse dictámenes positivos en tres comisiones. Recién lo logró en una: Agricultura y Ganadería.
Leyes y desalojos
Con la reforma de la Constitución Nacional en 1994 se introdujeron derechos de los pueblos originarios en el artículo 75, inciso 15: “(…) reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos”. En el 2000 se rectificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que entró en vigencia desde el 2001. En 2006 se aprobó la Ley Nº 26.160 y en 2009 se prorrogó con la Ley Nº 26.554.
Durante todos esos años los desalojos fueron aumentando. Ninguna de las leyes emitidas solucionaron el problema de fondo: el modelo es incompatible con la vida de los pequeños campesinos y los pueblos originarios. Es incompatible con el uso y la función social que éstos le dan a la tierra.
En esos años, el modelo regó sangre en tierras campesinas por los desalojos. Cristian Ferreyra, ahora Miguel Galván. También Javier Chocobar, Roberto López, Mario López, Sandra Ely Juárez, Mártires López. Se convirtieron en mártires de la lucha campesina.
Desde el bloque de Diputados del Frente Para la Victoria se comprometieron a hacer lo necesario para que la ley se apruebe antes de fin de año. En caso de que esto suceda, contiene el estigma de las anteriores. Leyes humanas, necesarias, urgentes, pero que no se cumplen, que son pisoteadas e ignoradas. Y los campesinos e indígenas, expulsados a la pobreza, siguen 200 ó 500 años después luchando por sobrevivir y por defender lo que es suyo: la tierra.