Federico Fuentes
La reelección del presidente venezolano Hugo Chávez el pasado 7 de octubre con más del 55 % de los votos fue vital por dos razones. En primer lugar, el pueblo venezolano impidió el retorno de la derecha neoliberal al poder. De haber ganado ésta, hubiera intentado dado marcha atrás, con el apoyo de Estados Unidos, a los importantes avances conseguidos por la mayoría pobre desde el primer triunfo de Chávez en 1998. Entre estas mejoras se incluye un enorme aumento de los servicios básicos prestados por el gobierno (como educación, sanidad y vivienda), la nacionalización de sectores estratégicos anteriormente privatizados y la promoción de la participación popular en las comunidades y lugares de trabajo. En segundo lugar, la reelección de Chávez proporciona un nuevo mandato para desarrollar el que podría considerarse el proyecto anticapitalista más radical que tiene lugar actualmente en el mundo.
Surgido como respuesta a la crisis en que el país estaba inmerso bajo el neoliberalismo y en un momento en que el socialismo parecía moribundo, la Revolución Bolivariana venezolana se ha radicalizado hasta el punto de declarar explícitamente que su objetivo es crear el «socialismo del siglo XXI». La posibilidad de continuar desarrollando este proyecto en Venezuela dependerá del impacto de la actual intervención estadounidense y de la integración regional, de la ampliación de la lucha de clases dentro del bando favorable a Chávez y del destino político y la salud del propio Chávez.
Antecedentes
Para comprender la aparición de la Revolución Bolivariana es necesario situarla dentro del contexto histórico petrolero del país.
El nacimiento de la producción petrolera en la década de los veinte produjo una espectacular transformación de la economía venezolana. La producción agrícola, hasta entonces principal pilar de la economía, cayó en picada cuando el capital se dirigió al sector petrolero. Al aumentar súbitamente la contribución fiscal devengada por el petróleo, poder y riqueza se fusionaron en el Estado, creando una clase capitalista parásita que pensaba principalmente en enriquecerse a sí misma apropiándose de los recursos públicos. Estos acontecimientos marcaron también la creación de las clases populares venezolanas. La gente abandonó en masa el campo y se concentró en las ciudades pretendiendo conseguir su parte de la renta petrolera. Este traslado de población provocó el nacimiento de un inmenso cinturón de «barrios» de chabolas en donde los trabajadores informales pobres se las apañaban para sobrevivir. Al mismo tiempo, los diferentes intereses políticos comenzaron a utilizar fondos del Estado para ganar la lealtad de estos sectores. Todos estos factores fundaron las bases de una cultura del «clientelismo» y de la corrupción generalizada. Este sistema político entró en crisis cuando se produjo la reversión de los precios del crudo que golpeó la economía mundial a partir de la década de los setenta.
La nacionalización del petróleo que tuvo lugar en Venezuela en 1976 solo sirvió para incrementar esta tendencia. La compañía petrolera estatal, PDVSA, empezó a funcionar como un «Estado dentro del Estado» que actuaba prácticamente independiente del control de cualquier gobierno, apropiándose sistemáticamente de los recursos públicos, mientras que las corporaciones norteamericanas mantenían el control de la producción del petróleo. Por el contrario, las rentas del Estado sufrieron una brusca caída, descendiendo de 1.500 dólares por persona en 1975 a 350 dólares en 1999 (en dólares norteamericanos de 1998). Las instituciones financieras internacionales aconsejaron a los gobernantes venezolanos sobre la manera de resolver la crisis fiscal traspasando la carga al pueblo.
El paquete de medidas de austeridad auspiciado por el Fondo Monetario Internacional en febrero de 1989 disparó los precios de los combustibles de la noche a la mañana. Éste fue el desencadenante de una explosión de descontento masivo que desembocó en una revuelta generalizada que convulsionó Caracas durante cuatro días y se extendió a otros pueblos y ciudades. Aunque fue sofocado mediante una cruel represión, el «Caracazo» marcó un punto sin retorno en una sociedad que se tambaleaba en medio de una profunda crisis económica y de una crisis del sistema político y del Estado. A lo largo de la siguiente década se produjeron más de 7.000 actos de protesta protagonizados por nuevas formas dinámicas de organización local emergentes en los barrios. Como el Estado controlaba la riqueza de la nación, el Estado se convirtió en el punto de mira de un torrente continuo de demandas que acabó transformándose progresivamente en una oleada imparable.
La aparición de Chávez Dentro de este contexto, el cabecilla de una corriente disidente clandestina dentro de las fuerzas armadas venezolanas, el teniente coronel Hugo Chávez Frías, conquistó la imaginación colectiva de la mayoría depauperada al dirigir una fallida rebelión militar en 1992. Tras la rebelión, Chávez fue encarcelado. Cuando recuperó la libertad dos años después, había decidido a presentarse como candidato a las elecciones presidenciales de 1998. Comenzó a hacer campaña por todo el país, defendiendo que la única manera de conseguir una independencia real y erradicar la pobreza era dándole poder al pueblo. A la vez que fundaba un nuevo partido, el MVR (se lee Movimiento Quinta República), Chávez propuso la formación de un Polo Patriótico (PP) para unir a todos los partidos y organizaciones que apoyaran su candidatura. Su mensaje le permitió capitalizar el descontento profundo de las clases populares venezolanas y unificar las diversas corrientes de la izquierda. El 6 de diciembre de 1998, Chávez era elegido presidente con el 56,2 % de los votos. Desde el inicio quedó claro que ganar las elecciones no significaba acceder al poder del Estado. PDVSA seguía férreamente controlada por la élite empresarial tradicional y no estaba clara la lealtad de amplios sectores del ejército a cualquier proyecto de cambio radical.
El nuevo gobierno era también consciente de que su masiva popularidad no estaba cimentada en organizaciones sociales bien organizadas. La naturaleza dispersa y desorganizada del «chavismo» situó el centro de gravedad del movimiento en el poder ejecutivo. Por este motivo, tanto el rumbo como el ritmo de las reformas han sido fundamentalmente dirigidos por iniciativas promovidas desde arriba. Y en cada avance, Chávez ha intentado organizar y consolidar su base social. Su primera medida fue convocar una asamblea constituyente elegida democráticamente para redactar una nueva constitución. El objetivo era cambiar las reglas de un juego que había sido tradicionalmente amañado para favorecer a la antigua clase política. En oposición a la democracia «representativa» corrupta que había permitido a las mismas élites monopolizar el poder durante decenios, la nueva constitución proponía una democracia «participativa y protagónica», en la que el poder residiera en el pueblo.
El desafío al que se enfrentaban las fuerzas bolivarianas era transformar esta idea novedosa en realidad, lo que inevitablemente provocaría una confrontación con las élites tradicionales, apoyadas y financiadas por Washington. Durante los siguientes tres años, estos dos bloques contendientes se enfrentaron en tres batallas decisivas. En cada una de las ocasiones, las fuerzas favorables a la revolución salieron triunfantes y consolidaron su hegemonía militar, económica y política.
Enfrentamientos
El primer enfrentamiento importante se produjo el 11 de abril de 2002, cuando una marcha organizada por la oposición se transformó en un golpe militar que derrocó a Chávez, poniendo en su lugar al presidente de la federación de cámaras de comercio, Fedecámaras. El golpe fue derrotado gracias a un levantamiento cívico-militar. Los cientos de oficiales del ejército que lo apoyaron fueron posteriormente destituidos, arrebatando de las manos de la vieja élite el control de las fuerzas armadas.
El segundo intento importante de derribar a Chávez tuvo lugar al final del mismo año, cuando una alianza formada por la directiva de PDVSA, las élites capitalistas, los grandes medios de comunicación y dirigentes sindicalistas corruptos intentó detener la producción del sector estratégico del petróleo. Como respuesta, trabajadores leales de PDVSA, soldados y activistas comunitarios se movilizaron para derrotar a la «huelga de jefes».
Esta movilización promovida desde abajo permitió que el gobierno de Venezuela purgara a los elementos derechistas de la burocracia de PDVSA, colocando la empresa firmemente en manos del gobierno. El gran avance que se produjo en la organización tanto de los trabajadores como de las comunidades durante la lucha contra el «paro petrolero» resultó de vital importancia para la resolución de la tercera gran ofensiva de la oposición: el referéndum revocatorio de la presidencia de Chávez que se produjo en agosto de 2004.
La victoria de Chávez en una votación que había facilitado las propias reformas democráticas introducidas en la nueva constitución consolidó sus credenciales democráticas. Con el ejército y PDVSA bajo control y apoyado por una base social cada vez más organizada, el gobierno de Chávez consiguió poner en marcha entre 2003 y 2005 una serie de experiencias destinadas a profundizar en el poder popular. Entre ellas se cuentan las misiones sociales que ofrecen salud y educación gratuitas, e iniciativas económicas como cooperativas o fábricas dirigidas por los trabajadores. Esto permitió contener la pobreza al tiempo que se reforzaba la capacidad organizadora de las masas. Cuando llegó el momento de la reelección de Chávez en 2006, la Revolución Bolivariana también contaba con una próspera alianza con los gobiernos progresistas y de izquierdas de la región. Esto abrió las puertas a una mayor cooperación e integración regional, uno de los objetivos clave de la Revolución Bolivariana. No obstante, también quedó claro que la revolución no había vencido de manera decisiva la resistencia del poder corporativo ni conseguido reemplazar al antiguo Estado corrupto que servía al poder de las grandes compañías por un nuevo poder construido desde abajo.
La ofensiva anticapitalista
Tras ganar las elecciones presidenciales de 2006, Chávez inició una nueva ofensiva anticapitalista. En la celebración de la toma de posesión del 8 de enero, Chávez explicó que el objetivo de su nuevo mandato era «transferir al pueblo el poder político, económico y social». Para conseguirlo era preciso desmantelar el viejo Estado.
Chávez declaró que el objetivo del socialismo del siglo XXI exigía avanzar en tres frentes al mismo tiempo: aumentar la propiedad social de los medios de producción, fomentar una mayor democracia en el lugar de trabajo y encaminar la producción a cubrir las necesidades sociales. Para alcanzar ese ambicioso proyecto, Chávez hizo un llamamiento a todos los revolucionarios para que colaboraran en la formación de un partido unido de la revolución, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Cuatro millones y medio de personas se inscribieron como militantes en este primer esfuerzo organizativo, lo que da idea del nivel de apoyo popular de la iniciativa.
Durante los siguientes seis años, el gobierno de Chávez llevó a cabo una oleada de nacionalizaciones en los sectores del petróleo, la electricidad, las telecomunicaciones, la banca, el acero, el cemento y la producción de alimentos, para tratar de reafirmar la soberanía nacional sobre la economía. Como resultado, el Estado adquirió el peso necesario para decidir los objetivos de producción en todos los sectores estratégicos de la economía. Quienes se negaban a cooperar podían ser expropiados. La avalancha de nacionalizaciones fue más bien fruto de las iniciativas del gobierno (en respuesta a las necesidades de los pobres) que de la lucha obrera y Chávez continuó haciendo hincapié en que la nacionalización por si misma no equivalía a socialismo. Para contribuir a estimular la participación de los trabajadores, el gobierno inició un proceso encaminado a concederles el control de las compañías del acero, el aluminio y la electricidad de propiedad estatal. Asimismo, durante este mandato cobró importancia la promoción de los consejos comunales de base, y posteriormente de las comunas (formadas por representantes elegidos por los consejos comunales). Estos consejos estaban encaminados a aprovechar los diversos grupos comunitarios existentes y crear relaciones entre ellos. Los consejos comunales eran los encargados de diagnosticar los principales problemas a los que se enfrentaban las comunidades y de crear planes para resolverlos. La financiación de estos proyectos corría a cargo del Estado, pero todas las decisiones importantes eran tomadas en asambleas de ciudadanos.
Se trata de una experiencia única encaminada a democratizar la redistribución de las rentas petroleras a la vez que se promociona el empoderamiento de la comunidad. En 2009, el gobierno dio un paso más promoviendo las comunas, que abarcaban varios consejos comunales dentro de una comunidad autodefinida, para intentar abordar colectivamente los problemas a una escala mayor. Estas nuevas formas de organización dan cabida a un número de personas sin precedente en la organización comunitaria. Se han convertido en los ladrillos para construir un nuevo Estado.
La lucha de clases interna
Este impulso simultáneo a la nacionalización, el control de los trabajadores y los consejos comunitarios también sacó a la palestra la lucha de clases existente en el interior del chavismo. La crisis bancaria que se produjo en 2009 tuvo como consecuencias la nacionalización de diversos bancos y el encarcelamiento de sus propietarios. Este proceso desveló la existencia de un sector dentro del proceso revolucionario que se había enriquecido mediante sus contactos con el Estado, al que popularmente se conoce como «boliburguesía» (burguesía bolivariana).
Las medidas para otorgar un mayor poder a trabajadores y comunidades se enfrentaban a una resistencia creciente por parte de la burocracia estatal existente. Además de los problemas persistentes de la corrupción y el clientelismo, los activistas obreros y comunitarios cada vez acusaban con mayor frecuencia a las autoridades estatales y los directivos de compañías de intentar defender sus posiciones de poder. A comienzos del año pasado, Chávez se unió a la denuncia de los vicios que plagaban el PSUV, advirtiendo que «la vieja manera de hacer política nos está devorando, la corrupción de la política nos está devorando… los viejos valores capitalistas nos han infiltrado por todos lados». El partido tenía que retomar sus principios si no quería correr el riesgo de seguir el camino del Movimiento V República, cuya única función era la de ser un vehículo electoral. Chávez reconoció estos problemas y fundó el Gran Polo Patriótico (GPP) en octubre del año pasado, haciendo un llamamiento a la unión de todos los movimientos sociales y partidos favorables a la revolución para asegurar una victoria decisiva en las elecciones presidenciales de 2012. Más de 30.000 grupos se apuntaron.
Al final, los votos de los partidos aliados al PSUV (que sumaban alrededor de 1.700.000) y de los movimientos sociales que no participaban en la votación (ya que no estaban registrados para las elecciones) y que solicitaban el voto para el PSUV a pesar de no tener nada que ver con dicho partido, fueron decisivos para garantizar la victoria de Chávez.
Próximos desafíos
Cuando Chávez se prepara para comenzar un nuevo mandato presidencial, la revolución venezolana se enfrenta a tres grandes desafíos.
El primero es la amenaza de Estados Unidos -que recientemente ha conseguido algunas victorias en la región, como el golpe de Estado contra el presidente progresista de Paraguay, Fernando Lugo- y de la oposición venezolana por la que apuesta para desbancar a Chávez.
El segundo es la capacidad de la propia revolución para tratar los problemas paralelos de la corrupción y el burocratismo. Para superar este desafío será necesaria una mayor participación popular a través de iniciativas como las comunas y el impulso al control obrero. La consolidación de la unidad alcanzada con el GPP podría ayudar en este sentido.
El tercer desafío, que ha adquirido relevancia a partir de que Chávez fuera diagnosticado de cáncer, es la necesidad de crear un liderazgo colectivo. La historia recordará que la Revolución Bolivariana consiguió hacer retroceder el neoliberalismo y sentar las bases para una transición hacia el socialismo del siglo XXI. Las relaciones dinámicas existentes hasta ahora entre Chávez y las masas han sido un factor clave en este logro. Chávez ha desempeñado un liderazgo dominante en esta revolución, por lo que ha sido criticado en algunas partes, pero su papel debe situarse dentro del contexto histórico recién perfilado: el de una Venezuela marcada por una intensa agitación desde abajo, pero con unos movimientos sociales cuya fuerza organizativa es irregular.
En cada uno de los pasos avanzados, Chávez ha promovido iniciativas para estimular la autoorganización del pueblo. A través de este proceso, los venezolanos han ido adquiriendo progresivamente un mayor control del destino de su país. El papel que ha asumido como figura clave de la revolución y la confianza depositada en él por la inmensa mayoría pobre hacen a Chávez, de momento, insustituible. Su reelección a la presidencia a pesar de enfrentarse a una oposición fortalecida ha demostrado una vez más que la mayor parte de los venezolanos le consideran la única figura capaz de dirigir el país hacia delante.
El futuro de este proceso dependerá del perfeccionamiento de la autoorganización de las masas y del desarrollo de un liderazgo colectivo que pueda apoyar a Chávez y sea capaz de hacerse cargo de su papel singular.
* Federico Fuentes es activista de Socialist Alliance y de Australia-Venezuela Solidarity Network. Ha vivido en Caracas y formado parte de la redacción de Green Left Weekly en dicha capital. Es coautor, junto a Michael Fox y Roger Burbach, del libro Latin American Turbulent Transitions: The Future of Twenty-First Century Socialism, de próxima publicación