Desde la sede central de la SIP en Miami, se observa el mundo como si fuera cuadrado. O plano, sostenido por bobinas de papel, de esas que fabrica Papel Prensa, de Clarín y “La Nación” gracias a los buenos oficios del dictador Jorge Rafael Videla. Y de tanto imprimir esa distorsionada versión en sus 1.300 diarios asociados, es posible que una parte de sus lectores también crea que el planeta es cuadrado.
Semejante dislate, grave, no lo sería tanto si no fuera acompañado de la conclusión política de esos magnates de la comunicación: la culpa de los males de ese mundo no redondo la tienen los gobiernos progresistas que denostan de populistas, autoritarios y socialistas.
Esa visión del negocio fue ratificada en su recientemente concluida 68º Asamblea realizada en un hotel 5 estrellas de San Pablo, Brasil. Sus resoluciones fueron 13, de las cuales dos apuntaron contra el gobierno de Argentina, tratado casi como una cruel dictadura que tiene secuestrada a la “libertad de prensa”.
Fue el país que concitó más atención (léase críticas) y no sólo de los delegados argentinos sino en general de todos los empresarios presentes. Que semejante nivel de agresión contra el gobierno se produjera justo cuando entra en la recta final la pulseada política y judicial para la aplicación de la Ley de Medios 26522, no fue casualidad. Fue seguramente el motivo de fondo de tanto odio empresarial, monopólico para ser más precisos.
Sentenciados.
Junto con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, los otros sentenciados a lapidación fueron el ecuatoriano Rafael Correa y el venezolano Hugo Chávez, los tres presuntos peores verdugos de la libertad de informar en la región. Estos gobiernos pueden tomar la actitud defensista de tratar de demostrar su inocencia, que servirá de poco ante esos interesados y parciales pelotones de fusilamiento ordenados por la “ética periodística”, o bien contestarles con el famoso “ladran Sancho, señal que cabalgamos”. Lo recomendable sería esta segunda opción y seguir alentando la comunicación plural que molesta en Miami.
Semejante ataque contra autoridades democráticas era absolutamente previsible. Si en las conferencias del Hotel Renaissance bajaban línea el ex presidente Alan García y el ex canciller mexicano Jorge Castañeda, el resultado no podía ser otro. El viento de la SIP amontonó a columnistas de diarios tan poco pluralistas como Milton Coleman, de The Washington Post; Francisco Miró Quesada, del Comercio de Lima; Ricardo Kirschbaum de Clarín, Jorge Canahuati, La Prensa, de Honduras; Henrique Otero, El Nacional, Caracas; Roberto Rock, El Universal de México, entre otros 500 especímenes “del mismo palo”. Si eso es pluralismo, este cronista es Carlos Gardel.
Informe bélico.
Como nunca mejor que en las anteriores citas, en San Pablo quedó claro que ese ejército mediático es tropa propia de Clarín. En efecto, en la Comisión de Libertad de Prensa presidida por Gustavo Mohme, de “La República” de Perú, se receptó el informe de Daniel Dessein, titular de la comisión similar de la Asociación de Entidades de Periodísticas Argentinas. Es casi un regimiento en armas alzado contra la ley de servicios de comunicación audiovisuales.Dessein leyó una proclama cuasi bélica para pintar la situación de la prensa argentina: “una serie de resoluciones gubernamentales, maniobras judiciales, declaraciones agraviantes y amedrentadoras de funcionarios públicos, medidas de hecho contra medios y amenazas y ataques físicos contra periodistas, configuran un escenario oscuro para el ejercicio del periodismo y del derecho de todo ciudadano a expresarse libremente”. La tropa de impecables trajes aplaudió al oficial y se cuadró, de pie, disciplinada. Faltó que le hiciera la venia.
En una resolución condenatoria de Argentina, el organismo reclamó a CFK que “ponga fin al tratamiento discriminatorio en materia de medios de comunicación, en particular sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”.
Tropa propia de Magnetto.
En la otra del mismo tono crítico, se urgió al gobierno a que “garantice un ambiente de sano respeto a la libertad de expresión, independientemente de la identificación ideológica de quienes se manifiesten”.
Como la primera resolución condenaba tanto a la ley de la democracia, parecía reivindicar la ley de la dictadura militar, pero en su diatriba contra el gobierno democrático lo estaba tratando poco menos que de un régimen de facto como el de 1976. Contradictorio, ¿verdad?
¿Quiénes pidieron el envío de una “misión” de la SIP para diciembre, en víspera de la entrada en vigencia de la ley 26.522, cuando vence la cautelar favorable a Clarín? Gustavo Mohme recibió el pedido del presidente de Adepa y director de La Voz del Interior, Carlos Jornet, y de su colega de Los Andes, de Mendoza, Arturo Guardiola.
Más claro, agua. Esos dos diarios fueron adquiridos hace años por Cimeco (Compañía Inversora en Medios de Comunicación), controlada por Clarín y La Nación, con mayoría del primero. Magneto hizo su monopolio con la dictadura, enfrentó la ley democrática con cautelares de jueces cómplices como Edmundo Carbone y cuando cree que se le van a terminar los curros apela al ejército de Miami para que envíe una “misión”, solicitada por dos de sus oficiales. Menos mal que la SIP no es la OTAN, porque sino capaz que pedía el envío de una misión con algunos aviones y unos cuantos marines.
El blanco equivocado.
El sitio Web de Adepa sintetizó lo más importante de su asamblea: “la SIP condenó la fuerte ofensiva para silenciar al periodismo independiente en Argentina, Ecuador y Venezuela, y decidió enviar una misión internacional a Buenos Aires en coincidencia con el llamado 7D”.
La tozuda realidad indica que esos tres países no son el imperio del mal, como juzgaron los popes de la comunicación, en la misma onda del Departamento de Estado.
Argentina busca implementar la ley de medios que pondrá topes al número de licencias de cada grupo empresario (no más de 24 licencias de TV por cable). Y acaba de integrar el Consejo Federal, antes boicoteado por provincias gobernadas por férreos opositores que hacían de eco del Clarinete.
Ecuador alcanzó logros sociales. “La pobreza por ingresos (menos de 2.50 dólares al día) se redujo 12 puntos porcentuales entre 2006 y 2012, y casi medio millón de personas salieron de esa condición que abarca aún al 25,3 por ciento de la población”, celebraba Correa el lunes 16, justo cuando en el Hotel Renaissance lo pintaban como un vulgar tirano.
Y de Venezuela, qué se puede agregar luego de la victoria número 14 de Chávez sobre 15 comicios desde 1998. La acusación de “hegemonía estatal” en los medios no puede ser más tergiversador: sobre 111 canales, solo 13 son públicos, con una audiencia del 5,4 por ciento. En Argentina las proporciones no deben andar muy lejos.
Víctimas.
Mientras los generales de la pluma tiraban con tanta artillería mediática contra los tres países latinoamericanos, los hechos muestran que los peligros para el periodismo vienen de otro lado.
La Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas (CIAP), con sede en Chile, denunció a fines de septiembre pasado que 37 periodistas habían sido asesinados en 2012 en nuestra región. En esa lista hay 15 asesinatos en México y 8 en Honduras, seguidos de 7 en Brasil y 2 en Colombia. La estadística debe actualizarse por los crímenes de Ramón Abel López Aguilar, director de un portal de noticias en Tijuana, México; y de Luis Henrique Georges, del Jornal da Praça, de Brasil.
¿La SIP no puso el acento en la denuncia de esos asesinatos para no pelearse con Calderón-Peña Nieto de México y no afectar a atmósfera amigable de San Pablo? Si fue por eso, sería de un oportunismo galopante. Y si fue por otras razones, de una complicidad criminal.
Ni objetividad ni ética.
En el cuartel general del Renaissance había muchos oficiales argentinos, con varias medallas por servicios prestados. A los mencionados Kirschbaum, Dessein, Jornet y Guardiola hay que agregar a Fernán Saguier y Bartolomé Mitre (La Nación), Ernesto Kraiselburd (El Día), Martín Etchevers (Olé-Clarín) y Saturnino Herrera (Clarín).
Mechados con aquellos andaban algunos rioplatenses del lado uruguayo. Sólo en este caso (que no se ofendan Víctor Hugo Morales y demás charrúas latinoamericanos) más vale perderlos que encontrarlos. Por caso, el moderador del panel sobre “Propiedad intelectual en la era digital” fue Danilo Arbilla, del semanario Búsqueda, quien en 2000 fue ungido presidente de SIP, pese a que había sido Director de Prensa de la dictadura cívico-militar de Juan M. Bordaberry.
No se puede esperar ecuanimidad, profesionalidad, objetividad ni ética de estos personajes. Por defender intereses de clase del monopolio en muchos casos, por afinidades ideológicas y/o por pereza intelectual en otros, son capaces de jurar que la Tierra es cuadrada o plana y que se sostiene en las bobinas de Papel Prensa.