31 de octubre de 2012.- El diputado a la Asamblea Nacional (AN) por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Jesús Faría, señaló este martes que el Estado comunal propuesto en las leyes del poder popular, está sustentado en preceptos constitucionales; puesto que la Carta Magna de 1999, establece un estado democrático, social de justicia y de derecho, cuya soberanía reside intransferiblemente en el pueblo.

Entrevistado en el programa Entre Periodistas que transmite Televen, Faría afirmó que las críticas provenientes de sectores de la oposición contra el poder comunal, que exponen «mitos fundamentados en un anticomunismo trasnochado», expresan desprecio y subestimación del pueblo y sus capacidades organizativas.

«Una revolución tiene como propósito cambiar las estructuras de la sociedad, nosotros venimos de la crisis del puntofijismo, y nuestra propuesta está planteada en la Constitución, es un mandato constitucional hacer otro tipo de participación, darle el poder al pueblo», comentó.

Destacó que el verdadero propósito del Estado comunal, no es, como se ha difundido, acabar con la República o eliminar gobernaciones y alcaldías, sino permitir, a través de un modo de participación directa, que las comunidades se organicen, «impulsen políticas, que tengan espacios para el debate, la discusión y la toma de decisiones, y algo que es fundamental: que tengan la posibilidad material de reformar su hábitat y generar y manejar recursos».

Para Faría, la resistencia al verdadero poder comunal por parte de ciertos sectores, reside en la negativa a compartir espacios de poder y acabar con el estado burocrático, y a permitir una participación y contraloría social sin intermediarios.

«Una revolución aspira captar el poder político en función de los intereses de un grupo social, y la nuestra lo aspira a hacer en función de las grandes mayorías, por primera vez en la historia», precisó.

El parlamentario indicó que las figuras de gobernadores y alcaldes continuarán funcionando, pero compartiendo el poder con el pueblo, «ellos mantendrán sus competencias y atribuciones, pero deberán hacerlas junto al pueblo y rendirle cuentas, y en muchos casos el pueblo será ejecutor de sus propios proyectos. Lo que planteamos es que el Estado se compenetre con la sociedad».