Muhammad Hassan Jalil
Al-Ahram Weekly

La Hermandad se enfrenta a adversarios decididos en todos los frentes, y su gobierno está acosado por huelgas y protestas permanentes. Médicos, maestros, trabajadores del transporte, y muchos otros no ocultan su determinación de defender los principios de justicia social y democracia. Traducción para Rebelión de Loles Oliván.

Los médicos egipcios planean realizar una huelga general indefinida en todos los hospitales públicos a partir del 1 de octubre. La huelga, que no afectará al normal funcionamiento de urgencias o de atención a los pacientes en estado crítico, pretende presionar a favor de antiguas reivindicaciones profesionales. Estas incluyen que se triplique el presupuesto de sanidad, salarios más altos, y que se intensifique la seguridad en todos los hospitales. Durante los últimos meses se han producido ataques arbitrarios por parte de maleantes en hospitales que han causado heridos entre el personal sanitario, así como la destrucción de varias salas de urgencias.

Las reivindicaciones mencionadas, tal y como se exponen en las decisiones aprobadas por la Asamblea General del Sindicato de Médicos, afloraron hace cuatro años por la presión de Médicos Sin Derechos, una organización dedicada a la mejora de la asistencia sanitaria y a la mejora de las condiciones laborales de los médicos.

El Consejo de Agrupaciones de Médicos se ha mostrado reacio a adoptar tales reivindicaciones e incluso, cuando ofreció su consentimiento a la huelga, intentó que fuera temporal y no indefinida, que es la fórmula preferida por la Asamblea General del sindicato.

En marzo de 2011, la Asamblea General exigió la dimisión del ministro de Salud alegando sus conexiones con el antiguo régimen y su apoyo a los planes de privatización.

La Asamblea General ya ha organizado dos grandes huelgas. La primera tuvo lugar el 10 de mayo y la segunda una semana más tarde. Más de 200 hospitales participaron en las huelgas. Se espera que ésta sea la huelga más amplia hasta la fecha ya que los organizadores han tomado medidas para asegurarse la participación de todos los hospitales del país.

Los médicos no están solos en la lucha por cambiar las condiciones a través de la acción colectiva. Sectores profesionales de todo el país han estado presionando por el cambio, la libertad, la justicia social y la dignidad humana —los ideales de la Revolución de Enero que se han materializado escasamente o en modo alguno.

Solo en julio y agosto, se han llevado a cabo cerca de 900 huelgas en todo el país organizadas por militantes que entienden que el cambio en la estructura de poder del país no ha logrado generar beneficios tangibles para la población en general.

Hasta que ese cambio se produzca las protestas no cesarán pues ha caído la barrera del miedo y la población ya no tolera más la explotación y la opresión.

Las protestas son sólo una forma de acción. En todo el país se están formando grupos independientes para defender la democracia de manera básica y directa. La necesidad de estos canales de acción no puede ser subestimada dado que el ámbito de las libertades no ha crecido en el país después de la revolución.

De hecho, desde la revolución se han aprobado más leyes restrictivas de la libertad. Algunas de estas leyes permiten procesar a los organizadores de huelgas ante tribunales militares y otras criminalizan diversas formas de protestas populares. El hecho de que tales leyes permanezcan inactivas da cuenta del cambio de poder que ha tenido lugar en la calle egipcia. Por lo tanto, en ausencia del marco legal adecuado, ha surgido en el país una forma de democracia de facto lograda a través de continuas protestas e iniciativas dirigidas por los ciudadanos. Para dar un ejemplo, antes de la revolución teníamos tres sindicatos independientes. Ahora tenemos casi 850.

El potencial para la acción política eficaz también está creciendo debido a la fusión de varios partidos para formar cuatro corrientes principales: religiosa, liberal, de izquierda, y naserista. Es probable que las tres últimas formen una coalición para retar a los islamistas dominantes, cuya oposición a las libertades y a que se nutra el laicismo se evidencia en cada paso que dan, incluido en su enfoque de la constitución.

En los cinco meses del Parlamento que hemos tenido entre enero y junio de este año, dominado por los islamistas, y en los tres meses de la presidencia de Muhammad Mursi, no hemos visto ninguna señal de que los islamistas estén dispuestos a promover libertades. Más bien al contrario; lo que están intentando es excluir a otros y monopolizar el poder sin tener en cuenta las aspiraciones populares.

Los islamistas, que son mayoría en la Asamblea Constituyente, están decididos a redactar una Constitución que legalizaría el sectarismo, la anulación de las libertades, y que situaría al país bajo un régimen teocrático.

La reciente formación ministerial sugiere asimismo que la corriente religiosa, tras haber desterrado al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA) de la vida política, está decidida a dominar la rama ejecutiva del gobierno.

Tampoco los recientes nombramientos de gobernadores auguran nada bueno. La mayoría de los nuevos gobernadores pertenecen a la corriente islamista. Los Hermanos Musulmanes han castigado, incluso, a las gobernaciones que votaron en su contra en las pasadas elecciones nombrando gobernadores ultra-religiosos para administrarlas. Esto ha pasado en Alejandría y Kafr Al-Sheij, que votaron a favor Hamdin Sabahi y Sharqiya, que votó a favor de Ahmed Shafik.

Un vistazo al presupuesto actual para 2012-2013 refuerza esta impresión. Dicho presupuesto es un presupuesto de austeridad diseñado para satisfacer las exigencias del FMI, no para promover el igualitarismo, como era de esperar.

Desde el año pasado, el gobierno egipcio ha intentado asegurarse un préstamo del FMI. El préstamo fue rechazado inicialmente por el CSFA. Las negociaciones se reanudaron a principios de 2012 tras el nombramiento del gobierno de Al-Ganzuri.

El FMI ya dejó claro desde abril de 2012 que no sólo estaba negociando con el gobierno sino con responsables del Partido de la Libertad y la Justicia y del Partido Salafista Nur. Ahora ya sabemos cual es el resultado de esas negociaciones, pues lo que tenemos es un presupuesto de austeridad que congela los salarios, la salud y la educación (los salarios universitarios son la única excepción), de acuerdo con las condiciones del FMI.

Justo antes de dejar el poder a fines de junio, el CSFA declaró que el presidente tiene el derecho de modificar el presupuesto a su antojo. El objetivo de tal declaración era dejar claro que el nuevo presidente tendría la libertad de formular sus propias políticas y no debería culpar al CSFA por restringir sus opciones en modo alguno.

Recientemente, el gobierno declaró su intención de subir los precios de la gasolina y del gas natural. Luego cambió de idea y decidió hacerlo únicamente con el gas natural. Más tarde se echó atrás y decidió aplazar el asunto. Sin embargo, después de que el FMI apruebe el préstamo en noviembre, el margen de maniobra del gobierno se reducirá y se aplicará una nueva oleada de aumento de precios.

A la vista de todo lo anterior, es probable que aumente el resentimiento hacia las políticas de los Hermanos Musulmanes. El mensaje ya está en la calle, pues muchos amenazan con boicotear la Asamblea Constituyente que no ha contribuido más que a destruir cualquier posibilidad de que se de forma a una constitución equilibrada.

Los Hermanos Musulmanes menosprecian el poder de sus oponentes pero la farsa no durará mucho tiempo. La Hermandad se enfrenta a adversarios decididos en todos los frentes, y su gobierno está acosado por huelgas y protestas permanentes. Médicos, maestros, trabajadores del transporte, y muchos otros no ocultan su determinación de defender los principios de justicia social y democracia.

Hasta ahora, el gobierno no ha hecho nada para aplacar a sus críticos aparte de pedir paciencia o ignorar todo el asunto. Mientras tanto, la única política en la que este gobierno parece estar interesado es la de proteger los privilegios de los ricos. El gobierno no se ha pronunciado a favor de más impuestos a las clases privilegiadas. De hecho, no ha tomado medida alguna para reducir los subsidios energéticos a las grandes empresas a pesar de que éstas venden sus productos a precios internacionales, cuando no más altos.

El gobierno es incapaz de o reacio a cumplir con las reivindicaciones populares. Y sin embargo, está dispuesto a aplacar al FMI. Esto no puede continuar para siempre. En este país va a producirse un cambio en el equilibrio de poder simplemente porque los movimientos políticos y las organizaciones ciudadanas que se oponen a los Hermanos Musulmanes están cobrando impulso en todo momento.

 

*Muhammad Hassan Jalil, egipcio, es cardiólogo y coordinador del Comité para la Defensa de la Salud.