10 de octubre de 2012.- El Gobierno se mantuvo firme dentro de los parámetros del decreto 1307, con lo que en la escala salarial, los marinos y gendarmes rasos –los rangos más bajos del escalafón– pasaron de 4216 pesos por mes a 5396, el 28 por ciento previsto antes del conflicto. El básico, para un efectivo que recién entra a las fuerzas, es de 2700 pesos, pero cuando toma su puesto, por suplementos remunerativos y no remunerativos, sus ingresos no serán menores a 5396. Es una cifra que está por debajo de los 7000 de mínimo reclamados por quienes están amotinados en ambas fuerzas, pero que –como adelantó Página/12– para la Casa Rosada se trataba de un mínimo imposible, que no existe en ningún área de la administración pública.
También se cumplió otro pronóstico: que los delegados de los amotinados no iban a ser recibidos por ninguna autoridad del Ejecutivo, ya que los jefes de la Gendarmería y la Prefectura consideran que violan la disciplina y no acatan las órdenes. En conferencia de prensa, el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, explicaron las nuevas modalidades de las liquidaciones y, sobre todo, denunciaron “un gran descalabro” en la forma de pagar los sueldos y un increíble fraude que permitió que hubiera jefes que, por cautelares judiciales indebidas, cobraban decenas de miles de pesos extra, mientras que en los grados más bajos, las cautelares significaban 200 o 300 pesos.
Anoche, frente a los edificios Guardacostas y Centinela continuaba el estado deliberativo y los uniformados en rebeldía rechazaban la respuesta del Gobierno. Sus voceros lanzaron una medida de fuerza: el abandono del 50 por ciento de los puestos de guardia (ver aparte). En Jesús María, sede de la Escuela de Gendarmería, asiento de 2500 gendarmes, los efectivos volvieron a la normalidad, después de que el jefe y el subjefe de esa unidad fueran desplazados. Ambos habían alentado a los aspirantes a que salieran y ocuparan la plaza de esa ciudad.
Respecto de las sanciones, Abal Medina ratificó que no podían tolerarse las faltas graves. Esto significa que se mantendrán los pases a disponibilidad de diez gendarmes, no por el reclamo inicial, sino porque una vez restituidos los sueldos no desalojaron el frente del Edificio Centinela y no cumplieron con la orden de volver a sus hogares y unidades. También hay dos sumarios por agresiones a un jefe de la Prefectura y, según reveló el jefe de Gabinete, contra los que impidieron que el ministro Lorenzino salga del edificio Guardacostas.
“La gran mayoría de los integrantes de las dos fuerzas van a ver inmensamente mejorada su situación –dijo Abal Medina–. No sólo porque reciben aumentos salariales concretos, sino también porque el salario será remunerativo y bonificable, el viejo y lógico reclamo que se venía haciendo. Garantizamos que en la próxima liquidación todos van a recibir el salario que corresponde, sin ningún tipo de disminución.”
Abal Medina y Lorenzino explicaron el sentido del decreto 1307:
– Mientras que antes los sueldos de Prefectura se componían de un 22 por ciento de cargos remunerativos, incluyendo básicos y suplementos adicionales remunerativos, desde ahora el 80 por ciento de los sueldos será en blanco, o sea remunerativos. En el caso de la Gendarmería se pagaba apenas el 20 por ciento remunerativo.
– Como al blanquearse más el sueldo serán mayores los descuentos por cargas sociales, jubilación e Impuesto a las Ganancias, en las categorías más bajas se instituyó un complemento, para que nadie reciba sueldos más bajos que los cobrados en agosto.
– Quienes verán reducidos sus ingresos son los sueldos de grados más altos, que lograron ingresos descomunales y a los que ni siquiera se les descontaba el Impuesto a las Ganancias como correspondía. Lorenzino exhibió un recibo de sueldo de un comandante que cobraba más de 90.000 pesos por mes y no se le descontaba ni un peso, mientras que otro oficial, con sueldo de 12.000, le descontaban 2000 de Ganancias. Todo esto se regularizará.
– El decreto evita que los jefes ganen sueldos 25 veces mayores a los grados inferiores.
– También se evita que efectivos de un mismo grado ganen dos o tres veces más que otros.
Las gravísimas irregularidades en el manejo judicial y en las liquidaciones fueron denunciadas ayer por el Ministerio de Seguridad a través de Cristina Caamaño, secretaria de Cooperación con el Poder Judicial. La presentación quedó a cargo del juez federal Marcelo Martínez del Giorgi. Según trascendió ayer en los tribunales de Comodoro Py, la demanda penal es contra oficiales de Gendarmería y Prefectura que realizaron maniobras llamativas: por ejemplo, demoraron la aplicación de la revocatoria de una medida cautelar y se pagaron demás 163 millones de pesos mensuales desde noviembre pasado hasta este mes (ver aparte).
Lorenzino contó que 7868 juicios de prefectos contra el Estado se tramitaron en un solo juzgado de Río Gallegos, a cargo de Ana Alvarez, casada con un comodoro y nuera de otro comodoro imputado por violaciones a los derechos humanos. Como relató el periodista Horacio Verbitsky en la edición del domingo de Página/12, otras 7000 cautelares fueron libradas por la jueza de Santo Tomé, Corrientes, Graciela Beatriz Duarte. En los dos casos, se trata de jueces civiles que no tenían competencia –reiteró ayer el ministro de Economía–, con lo que dictaron las cautelares y luego se declararon incompetentes. De inmediato la Gendarmería y la Prefectura, casi sin ningún trámite, pagaron las cautelares, que implicaron cifras exorbitantes. Y lo asombroso es que cuando la Justicia hizo caer parte de las cautelares tardaron seis, ocho y hasta más meses en dejar de pagar los adicionales. “Las cautelares fueron de ida por autopista y las revocatorias por caminos de tierra”, ironizó Lorenzino.
El negocio de los estudios de abogados también fue resaltado ayer por Abal Medina y Lorenzino. Exhibieron los avisos de estudios, que entre sus miembros tienen a oficiales en actividad y retirados, que emprendían las acciones contra el Estado y se quedaban con el 50 por ciento de los aumentos que les conseguían a los miles de prefectos y gendarmes que, supuestamente, atendían. El cálculo que realizó Verbitsky el domingo es que hubo estudios que ganaron unos 20 millones de pesos con la maniobra.
Capítulo aparte merecen las 400 fundaciones, círculos y mutuales por las que se les realizan descuentos a los efectivos. Ayer revelaron que las Damas de Acción Social, entidad que integran esposas de altos jefes, es beneficiaria de un descuento que se realiza a toda la fuerza y que se estableció en ayuda de las inundaciones en el Chaco en 1984. La deducción se sigue haciendo. Para la Fundación Mariquita Sánchez de Thompson, que integran jefes de la Gendarmería, se les descuentan siete pesos a los efectivos. Hay descuentos para una entidad que se llama Manos Unidas, cuyo domicilio todavía no pudo ser detectado. Lorenzino contó que a numerosos suboficiales y oficiales los descuentos suman más que el sueldo. Mencionó el caso de un oficial con sueldo en bruto de 10.992 que este mes quedó en deuda por 1442 pesos. “Esto va contra el decreto 14 que dictamos este año, en el cual se prohibía que las mutuales se quedaran con más del 30 por ciento del sueldo de un jubilado o empleado del Estado. Y, además, ordenaba que todas las entidades debían inscribirse en un registro. De las 400 que realizan descuentos en Gendarmería y Prefectura, muchas veces a raíz de créditos a tasas usurarias, se inscribieron cuatro”, redondeó.