El Comisionado para la Información, Christopher Graham, dictaminó que la Oficina del Gabinete debe publicar detalles internos de Whitehall acerca de cómo altos miembros de la Casa Real son consultados antes de que leyes claves sean introducidas en el Parlamento.
Los poderes de veto de la Corona fueron revelados el año pasado por el periódico The Guardian y fueron calificados por abogados constitucionalistas del país como una “fuerza disuasoria real”.
Dichos poderes le habrían permitido al príncipe Carlos imponer ciertas posiciones en áreas como arquitectura y salud.
De acuerdo a la constitución no codificada del Reino Unido, el poder político es ejercido en última instancia por el Parlamento, dentro del cual el soberano no es un componente partidario, junto con la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes, así como por el Primer Ministro y el Gabinete.
De este modo, como la monarquía británica moderna es constitucional, el papel del soberano en la práctica se encuentra limitado a funciones no partidarias, como la de ser fuente de honor.
Tras el dictamen del Comisionado para la Información, el gobierno británico tiene ahora hasta el 25 de septiembre para publicar el “manual confidencial” sobre los poderes de veto de la Corona.
Dicha guía detalla cómo se pide la aprobación de la Corona (de Isabel II) y el Ducado de Cornualles (del príncipe Carlos) antes de que ciertas leyes sean aprobadas en el Parlamento, de qué forma los ministros piden “consejo” a los miembros de alto rango de la Realeza para modificar la legislación. Si el gobierno se niega a dar a conocer dichos poderes secretos, podría enfrentar una demanda legal en el Tribunal Supremo de Londres.