El Gobierno de Jean Charest, en Quebec (Canadá), se ha visto finalmente obligado a convocar elecciones anticipadas, que se celebrarán el 4 de septiembre. La decisión se ha tomado en un contexto de crisis social y fuerte contestación en la calle, con una huelga estudiantil y protestas que duran ya seis meses contra la decisión gubernamental de subir un 75% el precio de las matrículas, y que han trascendido en una lucha contra las políticas de austeridad y de recorte en los servicios públicos.
Charest mantiene que una “mayoría silenciosa” defiende sus medidas y busca legitimar sus recortes en educación, pero también, según expertos canadienses, sortear un grave escándalo de corrupción en la concesión de contratos públicos a empresarios de la construcción que podría salpicar a su formación, el Partido Liberal, cuando salgan las primeras conclusiones de una comisión de investigación a mediados de septiembre. Pero las opciones de que Jean Charest salga reelegido por cuarta vez se van deshinchando día a día, a la vez que despunta el independentista Partido Quebequés.
En este contexto preelectoral, las clases, que se suspendieron en febrero por la huelga estudiantil, se han ido reiniciando en muchos centros a finales de agosto para finalizar la inacabada sesión de invierno. Además, el Gobierno quiere forzar el retorno a clase con la aplicación de la Ley 12 (anterior Proyecto de Ley 78), una norma aprobada en mayo para criminalizar las protestas y que podría suponer multas de hasta 35.000 dólares por persona y día y de hasta 125.000 dólares por asociación a las que “entorpezcan” la entrada a clase de los estudiantes no huelguistas a pesar de que la mayoría haya votado por la huelga. La norma ha sido denunciada por Amnistía Internacional y relatores de la ONU y los quebequeses han salido incesantemente a la calle para reclamar su anulación.
A pesar de las dificultades, a finales de agosto 39.000 estudiantes han decidido en asambleas continuar en huelga indefinida y varias decenas de miles más no la han interrumpido definitivamente, sino que han decidido dar una “tregua electoral” hasta el 5 de septiembre en espera de las decisiones del Gobierno que salga de las urnas.
El único partido que se ha pronunciado por anular el alza de las tasas y por la gratuidad de la educación, Quebec Solidario, no tiene posibilidades de formar Gobierno, y el probable vencedor, el Partido Quebequés, a pesar de haber fichado al líder de una de las federaciones estudiantiles contrarias a la subida de tasas, tan solo ha anunciado una congelación de los precios de 2012 hasta la celebración de una cumbre de educación. Además, los estudiantes movilizados denuncian la ausencia de debate durante la campaña sobre las demandas estudiantiles y sobre la “puesta en marcha acelerada de políticas neoliberales”.
Con este panorama, coaliciones de estudiantes como la Classe, que representa a 100.000 jóvenes, defienden la continuación de la huelga indefinida y la protesta en la calle como única manera de lograr la anulación de las medidas gubernamentales en educación. De momento, al menos el día 22 de cada mes continuarán celebrándose huelgas y protestas. El 22 de agosto, 92.000 estudiantes hicieron huelga y decenas de miles salieron a las calles desafiando y denunciando la criminalizadora Ley 12, exigiendo el fin de las tasas y en oposición a la destrucción y privatización de los servicios públicos. En los últimos días han sido detenidos en la universidad 28 estudiantes, que se suman a los más de 2.500 en los últimos meses de protestas de la conocida como “primavera del arce” en Canadá.