Paraguay fue excluido de todas las decisiones y reuniones de Mercosur tras el golpe parlamentario de junio pasado con el cual se destituyó al presidente constitucional, Fernando Lugo, y se interrumpió el proceso democrático en el país.
Pereira señaló que el gobierno actual es responsable de aquel golpe y del aislamiento internacional sufrido por Paraguay como una consecuencia de su accionar antidemocrático.
Consideró la protesta como un artilugio más de los golpistas producto de la desesperación al verse totalmente aislados y agregó que se trata de confundir a la opinión pública nacional e internacional.
Por su parte, Filizzola puntualizó que tal reclamo está fuera de lugar porque quienes ocupan el poder tras el golpe de Estado sabían muy bien sobre la existencia de una cláusula democrática en el Protocolo Ushuaia I, ratificado por Paraguay.
Ella plantea la sanción a países con gobierno de facto, golpistas, como el que tenemos hoy en Paraguay, subrayó.
Señaló que el gobierno no puede reclamar, pues las personas que usurpan el poder transgredieron dicha cláusula y la comunidad internacional tiene la misma lectura del tema.
No tiene el gobierno autoridad moral para reclamar ya que las sanciones aplicadas son sólo una consecuencia del golpe contra la democracia, concluyó.