Raúl Dellatorre

La nueva ofensiva de la AFIP, a través del cobro de un adicional a cuenta de Ganancias y Bienes Personales sobre los gastos con tarjeta en el exterior, se encuadra dentro de una política general del organismo fiscalizador para ir estrechando todas las vías de consumo de divisas por residentes argentinos. “El objetivo central es el ahorro de divisas; de paso, hay un mayor control fiscal”, señalan los especialistas en la materia. Al mismo tiempo, apuntan que la finalidad de desalentar el consumo en el exterior, al menos de quienes no están en regla con sus impuestos, puede tener cierta eficacia en el corto plazo pero es difícil que se sostenga en el tiempo, dadas las múltiples variantes e instrumentos a los que podrían acceder esos sectores económicos de altos ingresos y con ejercicio en prácticas ilícitas.

En medio del tembladeral que plantea la crisis internacional, Argentina busca instrumentar mecanismos de defensa desde una estructura estatal que empezó a recuperarse hace apenas una década, después de un cuarto de siglo de desmantelamiento neoliberal. Tal como lo describió el economista e investigador de Cefid.Ar Jorge Gaggero, en un reciente trabajo presentado en la Universidad de Essex, Estados Unidos, frente a los desafíos que presenta el frente externo, “el gobierno ha concentrado sus esfuerzos en tres campos de acción: el control administrativo de las importaciones y un simultáneo estímulo, por la misma vía, de las ventas externas; una negociación con las corporaciones multinacionales tendiente a lograr el máximo diferimiento posible de la remisión de sus beneficios al exterior; y un cada vez más exigente control del mercado cambiario”.

Con esta política se busca hacer frente a una fuga de divisas que se ha vuelto a acelerar tras la elección presidencial de octubre de 2011, pero que tiene precedente en los años previos, en los que los activos en el exterior de los residentes argentinos habrían crecido prácticamente al mismo ritmo anual del Producto Bruto. Así, en base a cifras oficiales, si entre 1991 y 2001 esta tenencia de activos externos habría ascendido desde 50 mil millones de dólares a 100 mil millones (el doble), entre el año del estallido de la convertibilidad y el año 2010 se habría elevado a 173 mil millones de dólares: un 36 por ciento del PIB.

El repaso histórico que realiza Gaggero en su trabajo titulado “Argentina, lecciones del pasado y progresos recientes” (que será publicado en el próximo número de la revista Realidad Económica), indica que la práctica de dolarización de activos y fuga de capitales en Argentina comienza hacia la década de 1950, gana en escala y se convierte en permanente en la década de 1970, y tiene una nueva proyección (ya señalada) en los ’90. Cierta vulnerabilidad en las normas de control fiscal y una cultura que hace del dólar la moneda en la que el público siente mejor resguardados sus valores (aun en épocas de crisis de la divisa estadounidense, paradojalmente), han hecho de la fuga de divisas un fenómeno habitual en estos tiempos de turbulencia mundial.

En cuanto al alcance del fenómeno para Argentina, un reciente estudio del investigador perteneciente a la organización Tax Justice Network (Red para la Justicia Fiscal) James Henry, en relación con la fuga de recursos hacia los llamados paraísos fiscales, indica que la tasa de salida de capitales de la Argentina habría estado en las últimas décadas en dos veces y media la que sugieren las estadísticas oficiales: esto es, en lugar del 2,4 por ciento del PIB, en el 6 por ciento. Si fuera así, el monto actual de activos financieros en el exterior pertenecientes a residentes argentinos estaría en los 400 mil millones de dólares y no en 173 mil millones. Es decir, la relación entre activos fugados y PIB no sería, en tal caso, del 36 por ciento sino del 90 por ciento. Entre los expertos tributarios locales, se señala que esta tasa del 6 por ciento de fuga podría ser exagerada, aunque más consistente con los niveles de evasión impositiva que se supone vigente en el país, aun cuando no todo el dinero que se evade vaya necesariamente al exterior.

En los últimos meses, la AFIP, en colaboración con el Banco Central, ha buscado implementar una serie de medidas para restringir la salida de divisas. La práctica de compra de dólares para atesoramiento quedó erradicada, al menos de los mercados oficiales. La compra de divisas para viajar al exterior se fue acotando al punto tal que incluso a viajeros con pasaje a veces se les presentan dificultades para obtener el efectivo en moneda extranjera para sus traslados. El cobro de un adicional como pago a cuenta de impuestos es otro mecanismo que busca limitar la venta de divisas por el mercado de cambios a precio oficial, y a su vez ejercer un control fiscal sobre los viajeros que realicen el gasto.

Tal como se señaló más arriba, también se instrumentaron medidas administrativas sobre el comercio exterior y acuerdos con grandes empresas para postergar giros de utilidades. Pero hay aspectos de la actividad de comercio exterior en los que las normas siguen presentando flancos débiles o que apenas empiezan a demostrar algunas mejoras de gestión fiscal. El mencionado trabajo de Gaggero apunta que “las grandes corporaciones y las personas de mayor fortuna pueden usar con relativa facilidad, para eludir los controles, los múltiples y tradicionales mecanismos de fuga que no necesitan hacer uso del mercado de cambios. Entre otros, el manejo, en mayor medida que lo usual, de los precios de transferencia, la triangulación de operaciones de comercio exterior a través de paraísos fiscales y, en general, la sobre y subfacturación de las mismas; y el uso indebido de instrumentos financieros también con el propósito de eludir el pago de impuestos y maximizar la remisión de excedentes al exterior”.

Las “multi” concentran el grueso de las operaciones de comercio exterior, en expo e importaciones. La mayor parte se realiza con filiales de la misma empresa en el exterior. Por precio de transferencia se entiende el que se factura entre filiales; triangulalación es cuando se simula una venta a una filial radicada en un paraíso fiscal, por ejemplo a un precio muy inferior al real, para luego venderlo al destino real del producto pero a precio pleno. El uso de instrumentos financieros es, por ejemplo, la compra local de bonos para su venta en el exterior, sin que la divisa generada regrese al país. El interrogante es cuántos de estos probables agujeros de fuga están siendo controlados hoy por la AFIP.