En declaraciones a la prensa realizadas este lunes mediante una videoconferencia entre Washington y La Habana, el representante del gobierno estadounidense durante la administración de Lyndon Johnson, aseveró que si aún permaneciera en su puesto la única solución para los cinco sería desestimar el caso pues existe una evidente contaminación y tergiversación de los hechos durante el proceso por parte de la Casa Blanca.
Por su parte, Martin Garbus, abogado y miembro del equipo de la defensa de los luchadores cubanos, responsabilizó a la Casa Blanca y a las autoridades legales implicadas en el caso de la injustica cometida y el afán por politizar una causa sin precedentes en la historia penal norteamericana.
Garbus también se refirió al cargo 3 de Gerardo Hernández, condenado a dos cadenas perpetuas más 15 años de privación de libertad al ser declarado culpable por el delito de conspiración para cometer asesinato con relación al derribo en territorio cubano de dos avionetas pertenecientes a un grupo terrorista que violaron el espacio aéreo de la Isla.
Otra de las incongruencias del caso y un ejemplo más de la complicidad del gobierno es la negativa de Washington de entregar las imágenes satelitales que prueban que los hechos ocurrieron en territorio cubano y por tanto los Estados Unidos no tienen jurisdicción sobre el mismo para acusar a nadie.
En la videoconferencia participaron también Adriana Pérez, esposa de Gerardo Hernández y Gloria La Riva, coordinadora del Comité Nacional de Estados Unidos para la liberación de los cinco, quienes afirmaron que la solidaridad internacional constituye uno de los mejores instrumentos para ejercer presión en el gobierno y el sistema judicial norteamericano y una garantía para alcanzar la justicia.