El ministerio español de Sanidad anunció el viernes su decisión de eliminar la tarjeta sanitaria de los más de 153.000 inmigrantes indocumentados, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), con el objetivo de evitar que los extranjeros vayan a este país europeo solo para recibir atención médica de forma gratuita por el sistema público de salud.
Mientras, varios partidos políticos y algunas comunidades, como Andalucía o el País Vasco y los profesionales sanitarios, han rechazado esta medida.
De acuerdo con Serafín Romero, el secretario general de la Organización Médica Colegial (OMC), impedir a los inmigrantes sin papeles el acceso a la sanidad pública podría provocar a medio y largo plazo problemas económicos e infecciones.
Esto se produce en el marco de las medidas de ahorro urgentes decretadas por el Gobierno de Mariano Rajoy el pasado mes de abril para garantizar el futuro de este servicio público en tiempos de crisis económica, sector sobre el que pesa además una deuda de 16.000 millones de euros.