Numerosos militantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) entraron ayer en algunos hipermercados para cargar carros con alimentos y artículos de primera necesidad con la idea de entregar los productos “‘expropiados” a los “más necesitados”.
En Écija unos 200 militantes junto al líder del SAT y también diputado autonómico, Juan Sánchez Gordillo, ocuparon un supermercado de una cadena para llevar alimentos a un comedor social de Sevilla.
“Queremos expropiar los artículos de primera necesidad como leche, harina, huevos, aceite, arroz o garbanzos”, indicó Sánchez. “En este momento de crisis, donde están expropiando al pueblo, queremos expropiar a los expropiadores, esto es, terratenientes y bancos, que están ganando dinero en plena crisis económica”, subrayó.
Cuando intentaron salir sin pasar por caja se produjo un forcejeo entre los sindicalistas y los empleados del establecimiento. Los sindicalistas pudieron sacar 9 de los 10 carros con alimentos.
También ocuparon un establecimiento en Arcos de la Comarca de la Sierra de Cádiz. Al frente de las protestas estuvo el secretario general del SAT, Diego Cañamero, quien comentó: “Hay colas en las puertas de los Servicios Sociales de los ayuntamientos. La gente no tiene dinero para pagar su casa, ni la electricidad ni el agua. Muchas familias tienen cortados los servicios”.
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Médicos se rebelan
La indignación crece en España por la decisión del gobierno de eliminar el acceso gratuito al sistema público de salud a los inmigrantes irregulares, un descontento reforzado ayer por un proyecto del Ejecutivo para proponerles seguros de pago para acceder a los médicos, reseñó AFP.
“Mi lealtad hacia los pacientes no me permite faltar a mi deber ético y profesional y cometer un abandono”, dice un manifiesto firmado en internet por unos 870 médicos de familia.
Firmándolo, los doctores entran a formar parte de una red de “objetores de conciencia” creada en julio por la Sociedad Española de Médicos de Familia y Comunitaria (semFYC, formada por 19.500 profesionales) para oponerse a esta medida, que entrará en vigor el 1 de septiembre.
En el marco de sus draconianas políticas de austeridad para intentar reducir el déficit público español de 8,9% del PIB en 2011 a menos de 3% en 2014, el gobierno de Mariano Rajoy decidió privar a los sin papeles del acceso gratuito a la salud pública.
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Candados a la basura
La ciudad de Girona, en el noreste de España, decidió poner candados a los contenedores de basura de los supermercados para evitar que las personas necesitadas recojan comida caducada o en mal estado con el consecuente riesgo para la salud, informó ayer, publicó AFP.
El ayuntamiento tomó esta medida, en colaboración con los propietarios de los comercios, “ante el riesgo para la salud que puede comportar que se consuman alimentos lanzados a los contenedores y la alarma social que eso provoca”, afirmó en un comunicado. Esta práctica crece a medida que se agrava la crisis económica.