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Las noticias que se difunden en América Latina y el mundo sobre Ecuador se sustentan, como fuente primaria (de origen), de los diarios nacionales que -en su mayoría- son propiedad de empresarios que mantienen una postura de oposición y ataque permanente contra el gobierno del presidente Rafael Correa.

Lo que parecería ser una práctica periodística común y corriente, en realidad es una acción coordinada para debilitar la reputación de los gobiernos que impulsan procesos de cambio en la región.

Juan Manuel Fonrouge, presidente de la Unión Latinoamericana de Agencias de Noticias (ULAN), sostuvo que existe una metodología idéntica, una correlación entre los medios de la región que tradicionalmente defienden proyectos políticos-elitistas.

Existen varios ejemplos de esta “unidad” de criterio. Uno de ellos es la demanda planteada por el presidente Rafael Correa contra tres directivos y el ex jefe de Opinión de diario El Universo por injurias, un delito tipificado en el Código Penal ecuatoriano y al que recurren miles de ciudadanos cuando ven afectada su honra.

Los diarios de América Latina dieron por cierto todas (sin exageración) las versiones publicadas por diario El Universo (parte interesada) sobre supuestas injerencias del presidente Correa en el sistema de justicia para torcer el fallo a su favor.

Diarios como The Washington Post, The New York Times, Fohla de Sao Paulo, El Tiempo de Bogotá, Le Soir de Bélgica o El País de España, dedicaron editoriales y artículos de opinión para analizar el fallo, condenatorio, al que calificaron como atentatorio a la libertad de expresión y a la independencia judicial.

Los citados medios y muchos otros miembros del Grupo de Diarios de América (GDA) implementaron una “cruzada de solidaridad” hacia la empresa ecuatoriana, propiedad de los hermanos César, Carlos y Nicolás Pérez.

La “cruzada” fue toda una arremetida mediática, lo que en Ecuador se conoce como “periodicazos” en los que no se ahorraron epítetos y calificativos contra el mandatario elegido legítimamente en las urnas, en noviembre de 2006.

“Tirano”, “dictador”, “autoritario”, que “abusa del poder”, que ejecuta una “implacable campaña contra la libertad de expresión”, que también incluye “acosar a sus críticos y forzar al cierre de televisoras independientes”, que “le ha declarado la guerra a la prensa del mundo”, que ha infligido un “serio daño a la vida democrática” al “perseguir judicialmente y lograr un castigo contra el diario que publicó críticas a su gestión”.

Las “criticas” a la gestión no eran tales; en realidad se trataba de la acusación por un crimen de lesa humanidad contra el presidente Correa, lanzada alegremente por Emilio Palacio, quien fungía como jefe de Opinión del rotativo.

Los “prestigiosos diarios”, sin embargo olvidaron o pasaron por alto los principios establecidos en los códigos deontológicos de la profesión: respeto a la verdad, diferenciar con claridad entre información y opinión, respeto a la presunción de inocencia y enfrentar las versiones sobre un hecho.

Otro ejemplo más reciente fue la tergiversación sobre el cierre de varias radioemisoras, medida establecida por la Superintendencia de Telecomunicaciones y basada en la ley de Radio y Televisión.

“Correa pone a la prensa contra la pared”, publicó diario El País, de España -el 11 de julio de este año-, en base a comentarios disfrazados de información, firmados por Paúl Mena Erazo, corresponsal del medio en Ecuador. El titular precedía a una reseña de cómo el Gobierno cerró una veintena de radios y cadenas de televisión en “una batalla contra la prensa en la que los periódicos fueron las primeras víctimas”.

La objetividad de Mena está en duda pues, además de colaborar con diario El País y con la BBC, es parte del Foro de Periodistas, organización gremial contraria al régimen, y de Fundamedios, ONG financiada por la USAID, cuyo director, César Ricaurte, participa activamente como político al punto que ha asegurado que es posible vencer a Rafael Correa en las urnas.

A nivel local, las acciones coordinadas se han hecho visibles a través de campañas mediáticas como alertando sobre supuestas amenazas contra la libertad de expresión o de una línea editorial similar en los medios predominantes.

Un ejemplo de esto: el 26 de agosto de 2011, Diego Cornejo, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep) enviaba un email a los editores de los diarios agremiados con instrucciones precisas para la publicación de un alegato rechazando la querella contra El Universo, en el caso de la demanda planteada por el mandatario.

Cornejo ordenaba a los medios de la Aedep embargar la información hasta determinada hora y luego publicar coordinadamente: “Esta información debe ser embargada hasta la hora de la presentación formal, es decir, a las 15:30 de esta día viernes 26 de agosto de 2011, en que concurriremos a la Corte Provincial  de Guayas, el director ejecutivo de la AEDEP, Diego Cornejo Menacho, y uno de los abogados de la Asociación,  el doctor Juan Francisco Guerrero.

Solicitamos comedidamente que dispongan el registro de la presentación del alegato en sus medios y la difusión del contenido de nuestra alegación, de inmediato, antes de la audiencia de juzgamiento convocada para el próximo martes 30.