
«Sobran versiones, por todas partes, de que ese sector instigador del coloradismo paraguayo está muy ligado a los fenómenos del narcotráfico y a muchísimos episodios dolorosos en la historia reciente del Paraguay. En la jerga periodística le llaman el narcoloradismo», precisó Mujica, durante una entrevista concedida a la Radio M24 y divulgada por El Observador de Uruguay.
«Las tierras en cuestión estaban en litigio. Se dice que estaban mal asignadas a un ex senador que fue varias veces presidente del Partido Colorado en Paraguay, Blas Riquelme, y se manifiesta a tambor batiente que esta maniobra tiene como brazo instigaste a la dirección del Partido Colorado, que ante las futuras elecciones (presidenciales, de 2013) venía perdiendo terreno en las encuestas, y que con esta maniobra quebró cualquier tipo de posibilidad de alianza entre el partido Liberal y los sectores que apoyan al presidente Lugo», amplió el mandatario uruguayo.
El jefe de Estado contextualizó el conflicto paraguayo recordando que los reclamos sobre tierras son cosa común en el país sureño, en virtud de que «unos 8 millones de hectáreas fueron asignadas con criterios amiguistas y clintelistas», durante la dictadura coloradista de Alfredo Stroessner (1954-1989).
En los hechos de Curuguaty, «los policías fueron recibidos a tiros por francotiradores apostados con armas de alta precisión, no por los campesinos. Inmediatamente, la reacción provocó la muertes de varios campesinos que no tenían arte ni parte. Cundió la indignación en Paraguay y este hecho y fue el factor usado para el Senado para maniobrar la destitución del presidente legítimo (Lugo)», resumió.
En la entrevista, Mujica señaló también que los protagonistas del golpe contra Lugo en el Senado paraguayo son los mismos que, desde hace cinco años, venían negando de forma chantajista el ingreso de Venezuela al Mercosur.
A propósito del Mercosur, remarcó que la actitud de desconocimiento del Senado paraguayo ante la iniciativa de los cancilleres de la Unasur, quienes solicitaron el respeto a las garantías del debido proceso (dado el denominado «juicio político» que usó el Legislativo para destituir a Lugo), constituyó la razón fundamental para que el bloque mercosurense tomara la decisión de adoptar medidas reprobatorias.
«Esa actitud de permanente desconocimiento nos llevó a pensar que alguna sanción merecía este Senado, no Paraguay, no el pueblo paraguayo, y esta fue la razón por la cual se adoptó la separación de Paraguay, aunque no se aplicaron sanciones económicas, se mantuvo el mismo estatus económico y la disposición de cumplir con todos los compromisos».