Este hecho había circulado por las redes de prensa con bajo perfil editorial hasta que la organización independiente Electronic Frontier Foundation (EFF), dio cuenta de la situación sobre la base de documentos obtenidos con el amparo del Acta para la Libertad de la Información.
Pese al aumento de controversias relacionadas con el uso de estas aeronaves, entre los organismos beneficiados están el Departamento de Seguridad Interior, estaciones policiales en Ogden, Utah, y North Little Rock, Arkansas, además de las universidades Nicholls de Louisiana y la North Dakota.
Los congresistas Edward Markey, demócrata por Massachusetts, y Joe Barton, republicano por Texas, pidieron a directivos de la Administración Federal de Aviación (AFA) responder algunas interrogantes relacionadas con la privacidad de la ciudadanía y el uso extensivo de estos artefactos con mando a distancia.
Varios subcomités en el Congreso de Washington analizan un nuevo proyecto legislativo para integrar, a más tardar en el otoño de 2015, la operación de los drones a la reglamentación general que rige la circulación de los aviones tradicionales.
El Departamento de Defensa trabaja junto con la AFA para legalizar el uso cotidiano y sin interferencias judiciales de las naves militares no tripuladas en el espacio aéreo estadounidense.
Un comunicado del Pentágono menciona un inventario de siete mil 500 drones, los cuales no tienen mucha previsión de misiones en la agenda futura, una vez concluidas las operaciones bélicas en Iraq y Afganistán.
Actualmente la AFA permite la utilización de estos aparatos solo en ocasiones específicas y para tal acción debe expedir un certificado especial que conlleva un cierto nivel de burocratismo. No obstante, en el 2011 se firmaron 113 de estas autorizaciones.
Defensa quiere que la gestión sea expedita y sellar una normativa que suprima los obstáculos al despliegue rápido de aviones sin tripulación en cualquier momento que considere el Comando Central.
La exrepresentante demócrata Jane Harman alertó que la utilización de drones para operaciones policiales de rutina es un error grave, porque los procedimientos no se someten a un debate público o al escrutinio parlamentario.
Está en juego la garantía de la privacidad individual ciudadana, además de que estos casos violan la normativa Posse Comitatus Act, que prohíbe el uso de fuerzas militares en tareas asignadas a la policía en suelo estadounidense, apuntó Harman.
Pero la red del Pentágono pretende alcanzar más allá de fronteras. El Departamento de Seguridad Interior (DSI) confirmó que activará una flotilla de drones sobre el Mar Caribe y el Golfo de México, con el alegado propósito de vigilar a narcotraficantes.
La AFA ya aprobó nuevas rutas que deberán cumplir estos aeroplanos, conocidos mundialmente debido a su accionar bélico en las guerras implementadas por Washington en Iraq y Afganistán.
El perímetro estipulado abarca un radio de dos mil kilómetros y sombrea a países como Bahamas, República Dominicana, el estado asociado de Puerto Rico y otras islas antillanas.
Esta decisión del DSI duplicará el uso de aviones teledirigidos en el hemisferio occidental así como el número de kilómetros cubiertos por estos supervisores aéreos del gobierno norteamericano.
La primera base de drones para el Caribe estará instalada en la localidad de Corpus Christi, Texas, y la siguiente será construida en Cocoa Beach, Florida.
Los aparatos a utilizar serán los Predator B, el mismo modelo que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) usa en Pakistán y Yemen con el argumento oficial de perseguir partidarios de Al Qaeda y otros grupos extremistas.
Desde hace más de un lustro Washington ya mantiene un sistema de vigilancia en el Caribe con las llamadas aeronaves de espionaje y ultra-altitud denominadas Global Hawk, que según expertos cubren más espacio marítimo que los drones.
Estados Unidos también anunció recientemente que planea fabricar aviones militares sin tripulación de propulsión nuclear que podrían volar y ejecutar misiones de bombardeo masivo durante meses sin necesidad de reabastecimiento.
El Pentágono encargó esa tarea a los laboratorios Sandia National, la principal agencia gubernamental para investigaciones y desarrollo atómico, y al consorcio armamentístico Northrop Grumman.
No ha trascendido el costo por unidad de esta próxima generación de Vehículos Aéreos No Tripulados (Unmanned Aerial Vehicle, UAV), aunque se conoce que los actuales Reaper y Sky Warrior valen unos 22 millones de dólares la pieza.
Es un proyecto terrorífico. Los UAV son artefactos menos seguros que los aviones tradicionales y tienden a estrellarse con más facilidad. Washington no tiene en cuenta las consecuencias de su plan, subrayó Chris Coles, del foro Drone Wars UK, crítico de estos sistemas.
Al margen de la polémica generada en este sector de la aeronáutica, la CIA informó que busca mayor libertad para atacar con drones a supuestos terroristas en Yemen, sin el requisito de conocer la identidad de los bombardeados.
El organismo de espionaje pretende modificar los protocolos de permiso para que los aviones no tripulados puedan lanzar misiles contra blancos terrestres solamente sobre la base de patrones y datos de inteligencia o «comportamientos sospechosos».
De aprobarse el pedido de la CIA, las aeronaves militares teledirigidas podrían bombardear a sujetos que simplemente se asemejen a militantes de Al-Qaeda, visiten zonas catalogadas como campamentos terroristas o se sospeche carguen algún explosivo.
Durante años esta práctica ha sido un elemento central en el programa de drones de la CIA en Paquistán, Afganistán e Iraq, y ahora el director de la agencia, David Petraeus, quiere aplicar igual procedimiento en Yemen, comentó el diario The Washington Post.
Antes de septiembre de 2001 las instituciones militares norteamericanas contaban con 50 drones, y a inicios de 2012 la relación es de uno de estos modelos por cada tres aviones militares tradicionales.
*Jefe de la Redacción Norteamérica de Prensa Latina.