Autor: Iván Oliver Rugeles
La separación de Paraguay del Mercosur y de la Unasur como miembro activo de ambas organizaciones hasta tanto hayan elecciones libres y se nombre por votación popular al nuevo presidente de ese país suramericano, es una sanción bobalicona. Quienes usurparon el poder del hermano país, bajo una falsa legalidad, han dicho en sus primeras declaraciones a los medios, por boca de su “presidente”, Federico Franco, con desparpajo y bravuconería, que “el Paraguay al fin se ha liberado del tutelaje brasileño y argentino y que el gobierno (..) examina con mucho interés retirar a su país de la Unasur.”
Efectivamente, ha sucedido lo que menos esperaban los pueblos de este Continente que ya no soportan tantas ambigüedades y complacencias frente a las arremetidas de la derecha, si es que caben ambos términos. Es una dolorosa realidad advertir, sin género de dudas, que esa decisión de separar al Paraguay de ambas organizaciones, sin mayores efectos, terminaron por convalidar el golpe. Allí quedó instituido y firme el gobierno de los usurpadores envalentonados, como los que más. La medida cesará una vez se elija democráticamente el nuevo gobierno, cuya fecha ya lo anunciará Franco y sus secuaces…
La sanción de suspensión a secas ha sido una demostración de debilidad política frente a los grandes avances que se han logrado en estos últimos años para crear Instituciones que haga una realidad la unión de nuestros pueblos como suprema garantía de soberanía frente al imperio. No basta sólo con exigir que sus miembros sean legítimos representantes de sus respectivas comunidades por el voto directo y secreto, sino que la preservación de esa condición tiene que quedar perfectamente blindada, por la vía de que moral y éticamente se admita que cualquier enjuiciamiento político que pudiese ser acordado a un presidente elegido democráticamente en cualquier de los países miembros de ambas organizaciones multilaterales y que esté previsto en los respectivos marcos constitucionales, debe asegurar no solamente que los hechos que conforman el libelo acusatorio estén jurídicamente fundamentados, de manera que sea posible probar con ellos que, efectivamente, el imputado pueda ser declarado culpable de lo que se le acusa y por ello legalmente removido de su cargo, sino que al mismo se le respete rigurosamente el derecho a la defensa, conforme está consagrado en las leyes sobre los derechos humanos, lo cual no sucedió. A Lugo sólo le dieron 32 horas para preparar su defensa y apenas 2 para su exposición, sin lugar a prórroga alguna.
Las acusaciones contra Lugo, como -inclusive- lo señaló la prensa paraguaya que le era opositora, lo fueron “endeble (s) y con errores de redacción (..) sin mucho análisis y sobre la hora, que da como resultado un documento débil y sin muchos argumentos” y elaboradas, además, “sin la fuerza suficiente para argumentar el enjuiciamiento del primer mandatario” (los diarios, ABC Color, Última Hora y 5 días, en sus ediciones del 21 de junio).
Ante esa burda y asquerosa realidad, sostenemos con tristeza que Mercosur y Unasur se equivocaron muy feo…