Las nuevas sanciones incluyen a 11 entidades y a cuatro personas vinculadas con el ministerio de Defensa, el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI), y la compañía marítima de Irán, así como, varias empresas a través de las cuales se vende el crudo iraní.
Mientras tanto, el departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que la intención del Gobierno del presidente estadounidense, Barack Obama, de reforzar las sanciones es “convencer a Irán de tomar en serio las conversaciones, respondiendo a las preocupaciones de la comunidad internacional”.
«Irán está bajo fuertes presiones, la presión de las sanciones multilaterales, y continuamos esperando incrementar la presión mientras se niegue a responder a las preocupaciones fundadas de la comunidad internacional respecto a su programa nuclear», alegó el jueves el subsecretario del Tesoro de Estados Unidos para Terrorismo e Inteligencia Financiera, David Cohen.
Perturbar los programas nucleares tanto como los misilísticos y, como alegan, revelar los esfuerzos de Irán de valerse de empresas privadas para vender su petróleo, se cuentan entre los objetivos de las nuevas sanciones.
El 23 de enero de 2012, los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE), en un encuentro en Bruselas, Bélgica, impusieron una nueva serie de embargos a Irán, entre ellos la prohibición de comprar petróleo, la congelación de los activos del Banco Central de Irán en el bloque europeo y la prohibición de vender diamantes, oro y otros materiales preciosos a Irán.
Las autoridades del país persa en reiteradas ocasiones han enfatizado que el pueblo iraní nunca renunciará a sus derechos y que los países occidentales deben reconocer el derecho de la nación iraní a usar la energía nuclear con fines pacíficos.
La demanda de crudo iraní ha aumentado últimamente, lo que pone de manifiesto que los embargos impuestos por el Occidente contra Irán son ineficaces, según Ali Alilu, miembro de la Comisión Económica de la Asamblea Consultiva de Irán (Mayles).
Irán defiende el carácter pacífico de su programa nuclear, tanto como su derecho legítimo para beneficiarse de la energía nuclear, que le otorga ser miembro de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) y signatario del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP).