«No puedo permitir que el grupo al que he dado 36 años de mi vida sea reconocido como agente de un Estado extranjero. Nunca hemos defendido los intereses de ningún otro Estado sino sólo del nuestro propio», manifestó Alexéyeva.
La ley, que se debatirá en primera lectura por la Duma a finales de esta semana, según anunció hoy el presidente de la cámara baja del Parlamento ruso, Serguéi Narishkin, obligará, de ser aprobada a las ONG calificadas de «agentes extranjeros» a inscribirse en un registro (lista) creado a tal fin.
00000000000000
El diputado Alexandr Sidiakin, uno de los autores de la propuesta, subrayó que la ley no prohibirá la actividad de las organizaciones no gubernamentales (ONG) ni coartará sus derechos, pero sí publicitarán sus funciones como agentes internacionales y abrirán esta información a los ciudadanos», señala un comunicado de RU remitido a los medios.
El proyecto de ley prevé reconocer como «agentes extranjeros» a aquellas ONG que reciban financiación de otros Estados o sus instituciones, organizaciones foráneas o internacionales, o ciudadanos de otros países.
También recibirán este estatus, aquellas ONG «que participan en la actividad política en interés de fuentes extranjeras».
La ley considerará políticamente activas a «las ONG que independientemente de sus fines declarados financien u organicen acciones políticas que persigan influir en la toma de decisiones de instituciones estatales» y participen en la formación de la opinión pública con dicho objetivo, recalca el comunicado de RU.
Los llamados «agentes extranjeros» serán inscritos en un registro creado a tal fin, tras lo cual deberán rendir cuentas a través de una auditoría contable anual e informes semestrales sobre su actividad.
«Además, los medios de comunicación y digitales que publiquen su información deberán indicar que la fuente es una ONG que cumple las funciones de un agente internacional», explicó el partido del Kremlin.
Sidiakin considera que «la sociedad rusa debe disponer de los elementos necesarios para controlar la actividad de las ONG financiadas desde el exterior y que persiguen objetivos políticos coincidentes con los objetivos de sus donantes».
Una vez aprobada la normativa, las propias ONG que reciban financiación del exterior deberán inscribirse en la «lista» en el plazo de 90 días tras su entrada en vigor bajo la amenaza de multas y de que su actividad sea paralizada hasta seis meses en caso de no hacerlo.
Varios funcionarios del Kremlin y del Gobierno ruso, han acusado a las ONG de defender intereses extranjeros.
Sidiakin asevera que la ley que promueve permitirá que «la gente, al comprobar cuántos agentes hay en el país, desarrolle de manera más activa la sociedad civil basada en los intereses nacionales y la soberanía de Rusia».
La líder del Grupo de Helsinki de Moscú (GHM), que recibe fondos de la Comisión Europea, el Fondo McArthur y la Agencia para el Desarrollo Internacional estadounidense, se niega tajantemente a pasar por el humillante trámite que le quieren imponer las autoridades rusas.
«No sé qué habrá que sacrificar y hacer para lograrlo, pero mientras esté viva no lo consentiré», dijo Alexéyeva.
La presidenta de la ONG cree que Rusia Unida, la formación oficialista que goza de la mayoría absoluta en el Parlamento, prepara la ley «para humillar» a los activistas de los derechos humanos y «para poner en nuestra contra a nuestros ciudadanos».
«Desgraciadamente en nuestro país persiste la idea de que vivimos en una fortaleza asediada. Es algo que arrastramos desde los tiempos de la Unión Soviética. Y de estos sentimientos de muchos de nuestros ciudadanos quiere aprovecharse la ley que preparara el Parlamento», lamentó Alexéyeva.
Ni en tiempos de la URSS, en los que nació GHM, se había planteado nada tan humillante para esta organización, se quejó la activista.
«Siempre nos culparon de todos los pecados, pero a nadie se le había ocurrido oficializarlo por ley. Solo eran humillaciones en la prensa, pero lo que quieren hacernos ahora es una auténtica canallada», apuntó.