Autor: Agencias
Buenos Aires, 22 de julio de 2012.- El ex ejecutivo de la banca estadounidense JP Morgan Hernán Arbizu, quien se autodenunció ante la justicia argentina como autor del delito de lavado de activos y evasión tributaria a favor de grandes grupos económicos, reclamó que la Corte Suprema investigue, como tribunal originario, la intromisión de la entidad financiera y la embajada de Estados Unidos en una maniobra para «silenciarlo».
Arbizu, quien denunció ante la justicia la maniobra mediante la cual el Grupo Clarín se habría capitalizado con fondos de las AFJP (aseguradoras de pensiones privadas) en una operación financiera que perjudicó los intereses de los jubilados y pensionados, explicando que en 2008 fue detenido de manera ilegal en virtud de un pedido de las autoridades norteamericanas, canalizado de manera irregular a través de la embajada estadounidense.
Las irregularidades, según el escrito presentado por el imputado –reclamado en extradición por la justicia estadounidense– se produjeron en una secuencia en la que «el Ministerio de Relaciones Exteriores dio curso a un pedido de detención preventiva pese a saber y reconocer la faltante de requisitos exigidos en la norma sustantiva… en cuanto al Tribunal, dio curso a la detención preventiva solicitada por las Autoridades de Estados Unidos también conociendo la faltante de requisitos exigidos en la ley.»
«Acá todo el mundo se confunde, únicamente se enfocaron en el lavado de dinero del Grupo Clarín y el problema de las AFJP, y se olvidaron –sugestivamente– de lo más importante, que es la responsabilidad penal del Banco JP Morgan Chase en las operatorias de lavado de dinero, evasión tributaria, violaciones a las normas del Banco Central de la República Argentina, entre muchas otras, relacionadas con la operatoria en sí de dicha institución bancaria y su necesidad de captar clientes en el país, para ayudarlos a sacar fuera del control estatal su dinero», disparó Arbizu en un escrito de apelación contra el cierre de la investigación por parte de la Cámara Federal, y la recusación contra todos los jueces por presunto «prejuzgamiento».