Agencias
El informe ‘La tortura en el Estado Español en el año 2011’ de la Coordinador para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) refleja que durante el pasado año un total de 853 personas denunciaron en España agresiones o malos tratos por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o funcionarios de Instituciones Penitenciarias, según los datos recabados y constatados por la Coordinadora estatal.
De esta manera, el informe, que se ha presentado este viernes en Sevilla, evidencia que el número de casos o situaciones en las que se han producidos estos abusos fueron 280 en el año 2011, frente a los 251 de 2010. De otro lado, el número de denunciantes han ascendido de los 540 en 2010 a los 853 el pasado año. En este sentido, el portavoz nacional de la Coordinadora, Carlos Hernández, ha subrayado el «espectacular» incremento con respecto a 2010 en las denuncias derivadas de movilizaciones sociales, pasando de 200 a 433, esto es, duplicándose en 2011.
Para Hernández, estos números evidencia la falta de diálogo de los poderes públicos, cuya respuesta es «la acción policial y la agresión». Además, ha comentado como dato «especial» las denuncias por malos tratos o torturas vinculadas al movimiento 15M, que supuso durante el pasado año un aumento del número de actos en las calles y un aumento de denuncias. De las 433 denuncias vinculadas a los movimientos sociales, «246 están directa o indirectamente relacionadas» con el movimiento ‘indignado’.
En este sentido, Hernández ha comentado que la respuesta de los poderes públicos al movimiento 15M, basándose en los datos de denuncias en tan solo seis meses, ha sido «policial, la brutalidad policial».
Por otro lado, de las 853 denuncias presentadas, según las que ha tenido conocimiento la Coordinadora, pues «muchas personas no denuncian por miedo», un alto número son causadas por agresiones a migrantes (110 en 2011), principalmente a las personas en los Centros Internamientos de Extranjeros (CIE) y «por la acción de la Policía Local frente a la venta ambulante».
Además, ha destacado las denuncias por agresiones a personas detenidas en régimen de incomunicación o las sufridas por personas en prisión. Hernández, de otro lado, ha explicado lo que ellos denominan «otros casos», donde se recogen las denuncias por las torturas sufridas por personas que han participado en concentraciones deportivas o por la acción policial en actividades de ocio, donde se concentran 235 personas afectadas en total.
El Informe de 2011 de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, organización que integra a 48 asociaciones y entidades de todo el Estado español, recoge que 51 son las personas fallecidas cuando se encontraban bajo custodia de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y funcionarios de prisiones o personal de centros de menores. No obstante, Hernández ha precisado que los datos oficiales del Ministerio del Interior aún no se han hecho públicas.
En concreto, 34 personas han fallecidas en prisiones, dos de ellas por reyertas entre presas; cuatro personas en Centros de Menores; siete bajo custodia de la Policía Nacional y cinco, de la Policía Local, entre otros.
105 PERSONAS AFECTADAS EN ANDALUCÍA
A nivel andaluz, durante el año 2011 se registraron 48 situaciones de malos tratos y torturas, siendo 105 las personas afectadas por estos abusos, según las denuncias constatadas por la Coordinadora y presentada este jueves por Pastora Filigrana, representante del Grupo 17 de Marzo y de la Coordinadora a nivel autonómico. En relación al números de situaciones, la comunidad andaluza se encuentra en el segundo lugar, sólo superada por Madrid; mientras en número de personas afectas es la cuarta región, con menos denuncias que Cataluña, Euskal Herria –que engloba los datos de País Vasco y Navarra– y Madrid.
Igualmente, en comparación con los datos del Informe de 2010, Andalucía ha visto aumentado el número de personas de 68 a 105, de los que 27 son en Cádiz; 25 en Málaga; 18 en Granada; y 17 en Sevilla; seguidas de las nueve personas agredidas en Huelva; seis en Córdoba; dos en Almería; y uno en Jaén. Si bien el número de situaciones ha disminuido en dos, por lo que, según Filigrana, evidencia que las denuncias son cada vez más colectivas. Principalmente, en las situaciones de malos tratos o abusos policiales o de funcionarios de prisión resaltan las relacionadas con los movimientos sociales, con el 49 por ciento de los casos y el 17 por ciento de los reclusos.
Con respecto a las personas privadas de libertad, la representante del Grupo 17 de Marzo ha advertido de los cacheos «indiscriminados» a las personas que vuelven a las prisiones tras pasar un periodo de permiso y la suspensión del servicio de orientación judicial.
Por otro lado, ha reiterado el miedo a denunciar por partes de las personas que sufren torturas, por lo que invita a hacerlo en grupo. Además, ha aclarado que el porcentaje de casos de torturas es «una pequeña parte de la realidad», pues no se cuentan con datos oficiales.
En este sentido, Filigrana considera que la tortura «se puede erradicar con voluntad política». A nivel andaluz, ha reivindicado un protocolo contra la tortura, la identificación clara de los agentes policiales cuando ejerzan sus funciones «para evitar abusos», y eliminar la ambigüedad de algunas ordenanzas cívicas.
EN PAÍS VASCO Y NAVARRA, SIN DENUNCIAS POR EL 15M
Por otro lado, durante la presentación del Informe de 2011 se han resaltado los datos de Cataluña y los recogidos en Euskal Herria. En la comunidad catalana se ha registrado «un incremento espectacular» de personas que han sufrido malos tratos en movilizaciones sociales que se han producido coincidiendo con la crisis, con el movimiento 15M o «por solidaridad, esto es, acompañado a familias para evitar algunos desahucios».
En concreto, de las 241 personas afectadas en Cataluña, según la representante de la Coordinadora autonómica, Lluisa Domingo, el 49,8 por ciento están vinculadas a movimientos sociales, de los el 41,9 por ciento al movimiento 15M. Además, ha resaltado que el 85 por ciento de los casos de agresión han sido efectuados por los Mossos d’Esquadra.
Por contra, según Carlos Hernández, en «Euskal Herria no hay denuncias por agresiones en movilizaciones del 15M». Además, resalta que mientras en el País Vasco la mayoría de las denuncias son por actuaciones de la Ertzaintza; en Navarra son de la Policía Nacional.
«UN SÓLO POLICÍA SANCIONADO»
Además, ha destacado como el pasado año sólo tienen constancias de que un funcionario policial haya sido sancionado, en concreto, un agente de la Policía Local de Santander tras agredir a un ciudadano en la puerta de un pub en la ciudad cántabra.
Por último, Hernández ha explicado la Coordinadora parte del concepto de tortura definido por la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura. No obstante, precisa que la distinción entre tortura y maltrato viene causada por «la gravedad del daño causado»; aunque reconoce que es «difícil de cuantificar».
Informe competo:
Por octavo año consecutivo, la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) presenta su informe sobre anual sobre los casos de tortura, malos tratos y muertes bajo custodia conocidos en el Estado español.
En este nuevo informe, que se refiere a lo acontecido durante el año 2011, se han mantenido la misma estructura y los mismos criterios que en los informe precedentes al objeto de facilitar, dentro de lo posible, una perspectiva sobre la evolución de la práctica de la tortura en el Estado español. Creemos que el conocimiento y análisis de la realidad es el primer paso de su transformación, por ello pretendemos que los datos que aquí presentamos sean lo más rigurosos que nuestros medios nos permiten.
La presentación tendrá lugar el próximo viernes, 1 de junio de 2012, a las 12,00 horas en la c/ Blanco White, 5 e Sevilla (APDHA Sevilla) y a las 19,30 horas, en el Centro Cívico Las Sirenas, de Sevilla
