En una conferencia de prensa ofrecida desde La Paz, el segundo al mando del Ejecutivo nacional expresó que las pruebas son una evidencia de la infiltración por actores político-partidarios «de la derecha» cuyo objetivo era derrocar al presidente.
Precisó que además de esos elementos, también se pudo determinar la toma de instituciones en varias regiones del país, la «parálisis» del funcionamiento del Gobierno, el «ataque dinamitero» a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y el registro de radiocomunicaciones entre algunos «malos policías” e infiltrados.
También dijo que con esas pruebas, el Gobierno presentaba una “denuncia contundente de que están aprovechándose de una demanda legitima de carácter económico de la Policía” para “llevar esto hacia fases escalonadas de golpe de Estado contra la democracia”.
“Detrás de la movilización de los policías de baja graduación accionó un grupo de derecha que buscó manipular las demandas de ese sector para direccionarlas hacia un contenido de carácter político, conspirativo y golpista», exaltó.
Pese a la situación, la autoridad consideró que a través de una política efectiva en la resolución de conflictos de «alta peligrosidad» y el apoyo de sectores sociales se logró una «victoria contundente» contra los aprestos golpistas.
A su vez, ratificó que el ciudadano de a pie, con su autorregulación, “han derrotado el apresto golpista».
El pasado 21 de junio, un grupo de uniformados de bajo rango inició un motín en demanda de un incremento salarial mayor al pactado con sus dirigentes y la abrogación de la ley 101, de Régimen Disciplinario.
La suscripción de dos acuerdos entre autoridades gubernamentales y representantes de la Asociación Nacional de Suboficiales, Sargentos, Clases y Policías (Anssclapol) puso fin al conflicto que mantuvo al país en tensión por casi una semana.