Según reveló el Centro de Información Judicial (CIJ), que depende de la Corte la Suprema, el máximo tribunal penal no hizo lugar a una queja presentada por Macri contra la resolución que había confirmado su procesamiento en la causa por las intervenciones telefónicas irregulares en un fallo que se difundió mientras el jefe de Gobierno se encontraba reunido en Casa Rosada con Daniel Scioli y Florencio Randazzo para analizar la creación de un ente tripartito que controle el tránsito en el AMBA.
El miércoles 16 de mayo pasado, el juez federal Norberto Oyarbide dispuso dar por terminada la investigación en la causa por escuchas telefónicas ilegales y dejó a un paso del juicio oral a todos los procesados en la causa por escuchas ilegales. Además, del jefe de gobierno, irán a juicio el espía Ciro Gerardo James, y el exjefe de la policía metropolitana, Jorge «Fino» Palacios.
Oyarbide tomó esa decisión aunque la Cámara Nacional de Casación todavía no había resuelto el planteos esgrimidos por los abogados defensores de Macri.
Fuente judiciales estiman que en los próximos días, el fiscal de la causa pedirá la elevación a juicio oral y público y Macri, James y Palacios deberán estar sentados en el banquillo de los acusados. El proceso podría iniciarse en un año, en los meses previos a las elecciones legislativas de 2013.
Los otros imputados son Diego Gastón Guarda, Raúl Alberto Rojas, Rubén Alberto Quintana, David Santiago Amaral, Antonio César Fernández, Mónica Elizabeth González, José Luis Rey y Mariano Narodowsky.
En otra resolución, la Sala declaró inadmisibles los recursos de casación deducidos por la defensa de Macri contra la decisión que había ratificado el rechazo a un pedido de recusación contra el juez Oyarbide.
Por otro lado, el tribunal declaró improcedente la queja por casación denegada presentado por Ciro James contra la resolución que no había hecho lugar a una serie de medidas de prueba ofrecidas y requeridas por su defensa.
• Penas
Macri está imputado como coautor de los delitos previsto en los artículos 153 incisos 2° y 4°, 210, 248 y 293 del Código Penal.
El artículo 153 establece condenas de quince días a seis meses de prisión para «el que abriere indebidamente una carta, un pliego cerrado o un despacho telegráfico, telefónico o de otra naturaleza que no le esté dirigido; o se apoderare indebidamente de una carta, de un pliego, de un despacho o de otro papel privado, aunque no esté cerrado; o suprimiere o desviare de su destino una correspondencia que no le esté dirigida». Si además el culpable publica esa información, la pena va de mes a un año.
El 210 del Código Penal reprime el delito de «asociación ilícita», integrada por tres o más personas. Para los integrantes la pena de prisión va de tres a diez años, pero para los «los jefes u organizadores de la asociación el mínimo de la pena es de cinco años de reclusión.
El artículo 248 dice que será inhabilitado por doble tiempo o recibirá de un mes a dos años de cárcel el funcionario público que «dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere».
Por último, el 293 otorga reclusión de uno a seis años a la persona que «insertare o hiciere insertar en un instrumento publico declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio». Pero además, si el documento público o privado acredita identidad de personas o titularidad o habilitación de vehículos la pena pasa a ser de tres a ocho años.
• El caso
Al jefe de Gobierno se lo acusa de la escucha telefónica que tuvo como víctima a su cuñado Néstor Daniel Leonardo; y a Sergio Burstein, principal referente de la Asociación Familiares Víctimas del atentado a la AMIA, supuestamente por las críticas que éste formulaba ante la asunción de Palacios como jefe de la Policía Metropolitana.
Para la Justicia, desde la Ciudad se sabía del funcionamiento de un sistema de inteligencia y se sostuvo económicamente al espía James, quien ingresó a trabajar como asesor en el Ministerio de Educación en 2008 con un sueldo de seis mil pesos.
«No se postula que Macri montó una empresa de pinchaduras telefónicas para escuchar a su cuñado y a Burstein, sino que conoció y prestó su consentimiento para instalar en el ámbito del Gobierno de la Ciudad un aparato de inteligencia prohibido, del que se habría servido», concluyó la Sala I de la Cámara Federal al confirmar su procesamiento en julio de 2010.
James, al mismo tiempo que trabajaba como asesor, era quien -según la investigación de la Justicia- retiraba los cassettes de la SIDE con las escuchas telefónicas, tal cual se determinó.
La causa surgió cuando un llamado anónimo realizado desde un locutorio ingresó a la casa de Burstein y dio aviso a la hija de éste que el teléfono de su padre estaba «pinchado» por orden del «Fino» Palacios.
Luego se supo que otras víctimas de escuchas fueron el empresario Carlos Avila y legisladores porteños de la oposición, entre otros.
En la investigación judicial se estableció por el momento que había un sistema habitual en donde los dos jueces misioneros cuestionados, y por pedido de policías de esa provincia y James, ordenaban escuchas telefónicas a distintas personas por diferentes investigaciones.