La máxima instancia judicial estadounidense informó que denegó la apelación interpuesta por el abogado Gregorio Igartúa y otros solicitantes para que los puertorriqueños puedan tener derechos plenos en el Legislativo.
Puerto Rico fue una colonia de España hasta 1898 cuando pasó a ser una jurisdicción de Estados Unidos, cuyo Congreso extendió la ciudadanía a los residentes en la isla en 1917. Sin embargo, los puertorriqueños no participan en las elecciones presidenciales ni en legislativas.
El actual estatus político de Puerto Rico limita la autonomía del país en asuntos como las relaciones internacionales, además de que en 2005 la Casa Blanca concluyó que el futuro de la isla depende solo del Congreso estadounidense.
La población de la isla está dividida entre independentistas, estadistas que quieren convertirse en un estado más de la unión norteamericana, y los que piden mantener el estatuto actual pero reclaman más derechos.