El primer ministro Oscar Valdés y los titulares del Interior, Energía y Minas y Ambiente, anunciaron anoche el estado de emergencia, bajo el cual se prohíben las concentraciones y marchas, luego de las muertes de dos manifestantes en el octavo día de una huelga general.
Valdés y el ministro del Interior, Wilver Calle, culparon de las muertes a los manifestantes, que rechazan la presencia de la empresa canadiense Xstrata Tintaya, acusada de contaminar los ríos, tras haber exigido inicialmente solo que controle el problema y pague más dividendos a la comunidad.
Los gobernantes acusaron a los campesinos de Espinar de causar destrozos, usar bombas incendiarias de fabricación casera y atacar con piedras a los policías, que según la versión repelieron la andanada y sufrieron 30 lesionados.
Los dirigentes del Frente de Defensa de Espinar, por su parte, acusan a la policía de haber disparado a matar, ultimando a dos civiles e hiriendo a una veintena. El fiscal de Espinar, Héctor Herrera, quien había sido retenido por los manifestantes, que quemaron su vehículo, fue dejado en libertad a las pocas horas sin sufrir daños, según informó el Ministerio Público.
En Lima, en un encuentro con graduados de medicina, el presidente Ollanta Humala tributó un minuto de silencio a los caídos y culpó de las muertes que atribuyó a quienes, indicó, están alejados del diálogo.
Entretanto, este martes en horas vespertinas habrá una marcha a favor de las inversiones y a favor del proyecto aurífero Conga, en la ciudad de Cajamarca, a 840 kilómetros al noreste de aquí, lo que ha dado lugar a alertas por la posibilidad de graves enfrentamientos.
Organizaciones sociales mantienen bloqueado el proyecto con protestas desde noviembre de 2011, y Valdés aseguró que, tras nuevas exigencias sociales y ambientales del gobierno al proyecto, la empresa, de capitales norteamericanos, tiene garantías para seguir adelante.