30 de mayo de 2012.- El Ejecutivo peruano ordenó a la Policía asumir «el orden interno» y decretó por treinta días la suspensión de las garantías constitucionales a la libertad y a la seguridad personal, así como la libertad de reunión y de tránsito, en medio de las protestas, respaldadas por el gobierno regional, contra la minera multinacional Xstrata, acusada de contaminar los ríos Salado y Cañipía.
Al comunicar la medida, el primer ministro, Oscar Valdés, recordó que ayer las protestas habían terminado con dos manifestantes muertos y un fiscal secuestrado, quien fue liberado horas después de su captura. Desde el Palacio de Gobierno, Valdés, acompañado de los ministros del Interior, Wilver Calle, de Energía y Minas, Jorge Merino, y del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, afirmó que la medida se tomó debido a que «no se trata de una movilización pacífica: es gente extremista que está atacando a la autoridad policial». En el mismo sentido se había expresado el presidente, Ollanta Humala, al denunciar que «tras el conflicto se mueven grupos radicales que buscan réditos políticos».
La población reclama el retiro de la canadiense Xstrata Tintaya, que explota un yacimiento de cobre, ya que la consideran responsable de contaminar los ríos Salado y Cañipía, fenómeno que ya habría causado la muerte de numerosos animales, mientras el gobierno regional solicita el aumento de los aportes fiscales de la compañía, del 3 al 30 por ciento de sus utilidades. La empresa, por su parte, aseguró que respeta las normas medioambientales en Perú y se mostró dispuesta a llevar a cabo estudios de impacto ambiental adicionales y «trabajar con las autoridades nacionales y regionales para establecer un diálogo con los manifestantes».