Libia sigue sumida en la confrontación de la que participan una amalgama de grupos armados. Algunos están encuadrados en el CNT, otros son rebeldes autónomos (a veces cercanos al ideario de Al-Qaeda), los menos son minúsculos sectores pro-gadafistas. Por ello, el pasado mes de enero, el representante de Libia ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Ian Martin, reconoció que la seguridad sigue siendo el principal problema al que debe enfrentarse el país, debido a la existencia de milicias armadas.
Libia, un país con una composición étnica muy diversa, está sumida en los enfrentamientos que protagonizan distintas milicias tribales . Muchos de sus miembros continúan ejerciendo la violencia al sentirse descontentos con los resultados que han obtenido tras alzar las armas en contra del Muamar al Gadafi. Otros han dado alas a sus antiguos enfrentamientos tribales – antaño férreamente controlados por el dictador-, como los protagonizados por las poblaciones árabe y bereber en la ciudad de Zuwara, en la que el 3 de mayo murieron al menos 14 personas .
Asimismo, ONG´s como Amnistía Internacional han denunciado que en Libia se siguen cometiendo crímenes de guerra y tortura, como los que sufre la población negra tawargha, identificados por los denominados rebeldes como aliados de Al Gadafi durante la intervención de la OTAN. Amnistía Internacional denuncia que “toda la población de la ciudad de Tawargha, alrededor de 300.000 personas, ha sufrido abusos a manos de las milicias armadas como represalia por la imagen de lealtad de la localidad al anterior gobierno”. No es la primera vez que esta organización denuncia estos crímenes contra la población. Ya a finales de 2011 publicó un informe titulado “Las milicias amenazan las esperanzas de la nueva Libia”, donde se hacía eco de las torturas de las que son objetos numerosos prisioneros en diversas cárceles y centros de detención, algunos de los cuales se encuentran detenidos sin cargos.
Estas torturas desembocaron en la negativa de Médicos Sin Fronteras a continuar con sus actividades en los centros de detención, afirmando que la organización había visto aumentar el número de pacientes “con lesiones debido a las torturas en los interrogatorios”.
La sombra de la familia Al-Gadafi
A su vez, el CNT, consciente de su debilidad en el país, está procurando hacerse con la legitimidad para juzgar al primogénito del dictador, Saif al Islam Gadafi, que se encuentra bajo seguridad y observación internacional. Por ello, el Ministerio de Justicia envió el jueves 3 de mayo un documento de 58 páginas a la Corte Penal Internacional afirmando que “de acuerdo con el principio de complementariedad recogido en el artículo 17 del Estatuto de Roma, Libia solicita con todo respeto que este caso sea inadmisible porque el sistema nacional judicial ya lo está investigando”. Con este documento, las autoridades libias se definen capacitadas para juzgar a Saif al Islam, así como a Abdulá al Senussi, ex jefe de Inteligencia, actualmente detenido en Mauritania y pendiente de extradición, aunque su estado de salud le mantiene retenido en Nuakchot.
Las autoridades libias argumentan que este juicio es crucial para el establecimiento del nuevo sistema democrático en la nación y el fortalecimiento de la soberanía nacional, defendiendo que “negar al pueblo libio esta oportunidad histórica para erradicar la larga trayectoria de la cultura de la impunidad sería manifiestamente contrario al objeto y propósito del Estatuto de Roma, el cual establece la primacía del sistema judicial nacional”. A su favor, el fiscal general de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, en su visita a Libia a principios de este mes, ha defendido el derecho de este país a juzgar a Saif al Islam . Éste fue detenido el 19 de noviembre del año pasado, y, a diferencia del destino que sufrieron su padre y su hermano Mutassim, continúa bajo el arresto de las milicias que se han impuesto en el poder en la ciudad de Zitnan.
Así, el CNT debe primero lidiar con estas milicias para que Saif al Islam sea trasladado a Trípoli a fin de ser juzgado. Pero para ello debe contar con el beneplácito de la Corte Penal Internacional, que desde abril ha reclamado a las autoridades libias la entrega inmediata al Tribunal de la Haya de Saif al Islam, sobre el que pesa una orden de arresto desde junio de 2011, después de volver a rechazar la segunda prórroga que Trípoli le pidió para poder hacerse cargo del proceso judicial. Tanto la Corte Penal Internacional como ONG´s pro derechos humanos (entre ellos Human Rights Watch y Amnistía Internacional) se muestran temerosos de que el juicio contra Saif al Islam quedé empañado de irregularidades judiciales si se lleva a cabo en Libia. Ann Harrison, directora adjunta de Amnistía Internacional, alegó que “el Tribunal Penal Internacional es la institución mejor situada para investigar y perseguir a los culpables de abusos con la perspectiva de rendir cuentas al pueblo libio”.
Además, Saif al Islam, acusado de crímenes de guerra y contra la humanidad -entre ellos, el pago a milicias para matar a los manifestantes que se alzaron en febrero contra la dictadura de su padre-, puede ser condenado a pena de muerte en el caso de ser juzgado en su país natal, mientras que la jurisdicción internacional le impondría una pena de cárcel. A pesar de ello, Saif al Islam ha declarado que prefiere ser juzgado en su tierra .
Mientras, la hija del ex líder libio Muamar al Gadafi, Aisha al Gadafi, solicitó al Consejo de Seguridad de la ONU que exigiera al Tribunal Internacional de la Haya que investigue y juzgue las muertes de su padre y de su hermano Mutassim (datadas el 20 de octubre de 2011) como posibles crímenes de guerra. Una cuestión que el actual ejecutivo intenta evadir, al haber impedido una verdadera autopsia de los cadáveres tras la publicación del vídeo en el que Muamar al Gadafi era apresado y herido por fuerzas rebeldes en Sirte.
La construcción de la nueva Libia
El CNT ha convocado para el próximo 19 de junio unas elecciones legislativas de las que saldrá la Cámara Constituyente con la que se pretende dar forma a la nueva Libia y avanzar hacia una nueva Constitución y un nuevo sistema político, en teoría alejado del autoritarismo de la familia Gadafi.
Inicialmente, el Consejo Nacional de Transición libio promulgó una ley en la que se permitía la formación de partidos políticos siempre y cuando no estuvieran basados en cuestiones religiosas o étnicas. Sin embargo, ante las protestas provocadas por esta ley, acusada de recortar los derechos de libertad de asociación, se ha aceptado la formación de partidos políticos con bases religiosas, lo que da alas a formaciones cercanas a los Hermanos Musulmanes, que podrían salir victoriosas de los comicios como ha ocurrido en la mayoría de los países de la llamada Primavera Árabe.
La otra cara de la moneda se encuentra en una nueva normativa que establece como crimen “elogiar a Muamar al Gadafi, a su régimen, a sus ideas o a sus hijos, o hacer propaganda de este régimen y de sus miembros bajo cualquier forma”. Asimismo, una segunda ley castiga igualmente con pena de cárcel a todo aquel que sea acusado de “perjudicar a la revolución del 17 de febrero o que humille a la religión musulmana, a las autoridades del Estado o a sus instituciones”. Amnistía Internacional ha denunciado que esta ley viola el derecho fundamental a la libertad de expresión.
A su vez, las autoridades libias garantizaron el 3 de mayo la inmunidad de todos aquellos rebeldes implicados en la revolución del 17 de febrero que dio al traste con el régimen de Muamar al Gadafi. “No habrá castigo para aquellos actos necesarios para la Revolución del 17 de febrero”. Una inmunidad que incluye todos aquellos “actos militares, securitarios y civiles adoptados por los revolucionarios con el fin de contribuir al éxito de la revolución”.