Después de sancionar la ley que creó la “Comisión de la Verdad” en noviembre de 2011, ayer la presidenta Dilma Rousseff -uno de los miles de brasileños encarcelados por la dictadura- designó a los siete integrantes de ese grupo.
Los escogidos son el ex ministro de Justicia José Carlos Dias, el magistrado del Superior Tribunal de Justicia Gilson Dipp, la abogada Rosa María Cardoso, el exprocurador general Claudio Fonteles, el diplomático Paulo Sergio Pinheiro, la psicoanalista María Rita Kehl y el jurista José Cavalcante Filho.
Los miembros del grupo tendrán dos años para redactar su informe tras escuchar declaraciones, solicitar y analizar documentos que ayuden a esclarecer las violaciones de los derechos humanos cometidas en el período mencionado, pero sin un fin punitivo, es decir, sin el objetivo de procesar a los autores de esos crímenes.
Brasil es el único país suramericano que no ha procesado a alguno de los autores de las violaciones de derechos humanos cometidas durante las dictaduras que asolaron la región en las décadas del 60, 70 y 80, del siglo pasado en Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay, entre otros.
Un reciente primer intento contra uno de los militares responsables por la desaparición y asesinato de cinco integrantes de la guerrilla de Araguaia se encuentra en proceso de apelación, pues en primera instancia el juez rechazó abrir el juicio, basado en la referida Ley de Amnistía.