Organizaciones ambientalistas denunciaron que el Gobierno antepone los privilegios de las grandes empresas sobre las comunidades indígenas que pueblan la selva.
Las organizaciones ecologistas han considerado un triunfo esta decisión de Rousseff, tras haber encabezado manifestaciones y protestas contra esta ley que, según ellas, amenazaba con convertirse en el amparo de aquellos que promueven la tala de los bosques.
Con estas modificaciones, queda anulado el artículo que sólo exigía la recuperación de la vegetación de las llamadas áreas de preservación permanente (APP) en un espacio de diez metros alrededor de las riveras de los ríos, sin contemplar la posibilidad de que esa zona de protección fuese mayor.
El objetivo es “no permitir la reducción de la protección de la Amazonia y otros ecosistemas del país ni nada que amnistíe la deforestación”, ha explicado en declaraciones a la prensa la ministra brasileña de Medio Ambiente, Izabella Teixeira.
La polémica normativa suponía un duro revés en las políticas ecológicas que puso en marcha el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva y que Rousseff se comprometió a continuar cuando asumió el poder en enero de 2011.
Las organizaciones a favor de la protección ambiental denunciaron que el Gobierno estaba anteponiendo los privilegios de las grandes empresas e industrias internacionales, por encima de las comunidades indígenas que habitan la selva y los bosques.