“Repsol tiene que pagarle al Estado”

Luis Arellano: –YPF muestra balances que no son leales. En esos balances no hay ninguna cuenta patrimonial referida a pasivos ambientales, ni siquiera figura el término. Sólo dicen contar con una reserva por futuras contingencias legales, que en el caso de la cuenca neuquina es de 600 millones de dólares. Con respecto al valor, es algo que se puede calcular, si se trabaja seriamente. Remediar un metro cúbico de tierra empetrolada, concepto bastante amplio porque hay muchas cosas que la pueden contaminar, y no únicamente los derrames, cuesta 100 dólares más IVA. Y Argentina tiene miles de millones de metros cúbicos en esas condiciones. El mismo Gabriel Macchiavello, abogado líder de YPF, dijo que el pasivo ambiental de esa cuenca podía llegar a 5000 millones de dólares. Existen unos 20 mil pozos de petróleo en el país, y con total seguridad, cada uno tuvo por lo menos un evento nocivo para el ambiente. Pero acá hay confusión, porque el problema no se limita a los derrames. La actividad comete otro grave acto contra el medio ambiente, que no es el vertido de nada, sino la apertura de caminos en terrenos áridos de muy difícil revegetación. Pasivos ambientales también son los miles de kilómetros de desforestación producto de la apertura indiscriminada de caminos. Hay fotos satelitales que lo demuestran. Pueden existir hasta 32 caminos para llegar a un mismo lugar, y eso ocasiona que ese trazado barra con vegetación, fauna y hasta casas de lugareños. Una cosa es recomponer un terreno de yunga, y otra muy distinta es reparar campos en Santa Cruz, donde la reforestación puede tardar años, y hasta obligaría a regar con agua transportada en camiones. Siguiendo con la cuenca neuquina, se calcula que reforestar un m² cuesta 80 dólares más IVA. Cada pozo inutilizado, o agotado, ocupa 10 mil metros cuadrados. Las cifras son infernales.

–¿En qué estado están las demandas?

Ricardo Apis: –La de la cuenca neuquina es la más avanzada, y la más importante en términos de contaminación, porque abarca cinco provincias. El problema se inició en 1997, cuando el Río Colorado desbordó por las lluvias en Rincón de los Sauces, norte de Neuquén. Los aluviones arrastraron tierra, y barrieron oleoductos que contaminaron Catriel, en Río Negro, hasta Carmen de Patagones, en Buenos Aires. ASSUPA es una ONG sin fines de lucro, y por eso nunca pedimos dinero, siempre nos limitamos a reclamar la reparación. En diciembre pasado, YPF nos propuso un contrato de confidencialidad, pero obligándonos a responder con una garantía de 10 millones de dólares sobre mis bienes. Por supuesto, no aceptamos. No sabíamos si ofendernos o reírnos. Ahora estamos esperando que la Corte Suprema inicie el proceso de apertura de pruebas, y el trabajo de los peritos. Entre otras cosas, tenemos un listado con 4200 casos de derrames en la cuenca neuquina, de distintas características.

LA: –Los problemas pueden ser múltiples. Desde un camión que vierte petróleo al trasladarlo de un pozo a otro, hasta oleoductos rajados o pinchados. Pasando por válvulas mal cerradas, fallas en la exploración o piletones con desechos abandonados.

–¿Qué otras petroleras aparecen como implicadas, además de YPF?

RA: –Muchas, sólo en la cuenca neuquina abarca a casi 20 firmas. Plus Petrol contaminó el río Limay, que hace confluencia con el Neuquén, también comprometido. Y hace un par de días se produjo un derrame grandísimo del que son responsables dos grupos canadienses, CGC y Petrolífera. Eso ocurrió en Río Negro. Un juez provincial dijo, no en una sentencia pero sí como apreciación, que el pasivo ambiental generado por la actividad petrolera en el país, trepaba a los 25 mil millones de dólares. Existen 10 mil kilómetros de caminos construidos por las empresas que ya no se usan. Allí nunca creció más nada, y eso también forma parte de la reparación a la que está obligada YPF. Otro tema es el de las amenazas y agresiones que los chacareros sufren a diario. Un caso que me gustaría mencionar es el de Siverio García y Nilda, su mujer. Denunciaron robo de animales en el campo, y un juez federal ordenó a CGC y a Petrolífera, que operan en la zona, a informar a la pareja cada movimiento cercano a su propiedad. Las empresas no acataron la orden judicial, y seguramente le pusieron algún ‘regalito’ a la policía de Catriel, porque al otro día Nilda apareció golpeada, y nadie supo por quién.

–¿Cómo tomaron a la nacionalización?

RA: –La decisión de la presidenta es extraordinaria, sobre todo porque YPF fue históricamente una empresa que colaboró con el país más allá de su función. Construyó escuelas, clubes, caminos y aeropuertos, y produjo un aporte esencial en materia de comunicaciones en lugares como Pico Truncado, Río Gallegos y Comodoro Rivadavia. Zonas a donde nunca llegan los privados, simplemente porque no hay negocio.