El diagnóstico oficial es que Repsol y el grupo Eskenazi no tienen voluntad de ajustar su administración de YPF a las necesidades energéticas del país. En consecuencia, el Estado deberá manejar la compañía. Se debaten la expropiación o la intervención.
El Gobierno decidió que tomará el control de YPF. “En eso no hay marcha atrás”, dijeron fuentes oficiales a este diario. Y explicaron: el modelo de negocios de la empresa no cierra con las necesidades energéticas del país. Su política de distribución de dividendos es cuatro veces mayor a la media de la industria petrolera. En consecuencia, el volumen de inversiones es insuficiente no sólo para aumentar la oferta de hidrocarburos en una economía que aspira al desarrollo, sino para evitar una caída constante en el nivel de reservas. El Estado tiene que gastar cada vez más para cubrir las importaciones de energía y la perspectiva, de acuerdo con el comportamiento que ha tenido Repsol desde que asumió el mando de YPF, es que el problema se irá agravando año tras año. La apuesta a la “argentinización”, facilitando el ingreso de la familia Eskenazi a la compañía, no dio resultado. Lo que el Gobierno debate internamente es el camino para asumir el manejo de la petrolera. Hay un abanico de posibilidades, dominado por dos grandes líneas: la expropiación o la intervención, con compra de una porción de las acciones. En ambos casos, previa aprobación del Congreso de una ley que declare de interés público la producción de petróleo y gas.
Puertas adentro del Gobierno se discute en base a dos esquemas de gestión petrolera en América del Sur: los de Brasil y Colombia, por un lado, y Venezuela y Bolivia, por otro. Todas son compañías controladas por el Estado, pero Petrobras y Ecopetrol tienen protocolos de administración más afines con el sector privado, sin las reglas que deben cumplir otras empresas públicas. Pdvsa e YPFB son más al estilo de la vieja YPF estatal. Pensando en experiencias argentinas, se habla del “modelo Estenssoro”, cuando el Estado nacional tenía el 20 por ciento de las acciones y las provincias el 19 –aunque en ese caso el management era privado y ahora será estatal–, o el previo, antes de la primera tanda privatizadora de YPF en los ’90.
Son referencias que sirven para analizar los pasos a dar. Como queda claro, todas las opciones contemplan desplazar a Repsol y a Eskenazi del manejo diario de la empresa y poner en su lugar a directivos nombrados por el Gobierno. Las causas para tomar esa decisión son las que se mencionaron más arriba. De ellas, hay un dato que remarcan en el Gobierno: YPF distribuyó en los últimos diez años el 104 por ciento de las utilidades obtenidas en el período. La cifra es mayor al ciento por ciento porque se sumaron utilidades de años previos que se repartieron en esa década. El promedio de la industria para el mismo lapso es de 24 por ciento, y la cifra es aún más baja a nivel internacional. El piso de distribución de dividendos que fijó el ingreso de Eskenazi en YPF fue del 90 por ciento, dado que con esas ganancias se pagan los préstamos que tomó la compañía para adquirir el 25 por ciento de la petrolera.
“Repsol tiene un modelo extractivo para YPF que no nos sirve. La lógica de la empresa no contempla la reinversión de utilidades y aportes de capital como para explorar y explotar en función de lo que requiere el país”, evaluaron las fuentes del Ejecutivo. De ahí en adelante, dentro del Gobierno hay opiniones divididas entre expropiar la compañía o ir a un esquema “menos” rupturista, interviniendo la empresa, comprando una porción de las acciones y asumiendo el management.
El secretario de Programación Económica, Axel Kicillof; el secretario de Energía, Daniel Cameron, y el subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, trabajan en los proyectos. El primero consiste en enviar al Congreso una ley que declare de interés público la producción de hidrocarburos. Con eso se iría armando un paraguas legal frente a futuros –y muy probables– juicios, para no pagar por las acciones valores de mercado y para evitar que el dinero abonado en pesos salga del país transformado en dólares.
Después, hay quienes se inclinan por la expropiación y eso requeriría también la convalidación parlamentaria. Uno de los argumentos a favor de dar ese paso es el rédito político que conllevaría, en la línea del pago con reservas al FMI o la estatización de las AFJP. Sería, dicen, simbólicamente muy fuerte que el Estado recupere YPF en su totalidad. Y luego la gestión de la compañía debería orientarse a priorizar el abastecimiento interno, con mayor producción de nafta super y menos de premium y aditivos, que restan capacidad de refinación.
En contra de esta idea se menciona el alto riesgo de litigiosidad, el costo en reputación internacional para el país, la tensión que provocaría con España, pero también con México y Estados Unidos, con inversiones en la empresa, las presiones que recibirá el Gobierno del G-20 y la ubicación de la Argentina en el eje Venezuela, Ecuador, Bolivia, visto esto por algunos como un retroceso.
La otra salida, que en estos momentos dominaría la escena en el Gobierno, es intervenir la empresa, comprar una porción de las acciones –no está claro cómo se salvaría el obstáculo del estatuto de YPF, que obliga a quien quiera comprar más del 14,9 por ciento de las acciones a ir por el total de la firma– y nombrar un management estatal. Eskenazi perdería una parte o la totalidad de sus acciones y Repsol mantendría la mayoría accionaria, pero sin manejar la empresa. Esa sería una salida “menos peronista”, en comparación con la expropiación, y por lo tanto tendría algo menos de impacto, pero matizaría aquellos otros perjuicios. Mientras este debate se resuelve, las provincias mantendrán el tema caliente con las reversiones de áreas y otras dependencias del Estado nacional seguirán con sus investigaciones y denuncias.